Publicado: 27/05/2014 04:00
Este lunes a las 14.00 horas terminó el plazo para que las empresas y patronales afectadas por los recortes renovables presentasen sus alegaciones ante el Consejo de Estado, el último organismo que revisará la Orden Ministerial que fija los parámetros retributivos de las instalaciones de régimen especial (renovables, cogeneración y residuos).
Las empresas e inversores de los sectores eólico, fotovoltaico, biomasa, termosolar, cogeneración y residuos han perdido toda esperanza de que el Ministerio de Industria y Energía suavice los severos recortes que, según sus patronales, acabarán llevando a la quiebra a un gran número de instalaciones.
Se encomiendan, como mucho, a que el Consejo de Estado obre el milagro y se atreva a enmendar la plana al Gobierno, algo que en raras ocasiones ocurre. Según las fuentes del sector consultadas, “si el Consejo de Estado es responsable y entra a valorar la inseguridad jurídica que provoca la retroactividad de las medidas y sus consecuencias para el Estado, que tendrá que defenderse de una nueva avalancha de demandas, recursos y arbitrajes, quizá podría elaborar un informe crítico con el texto".
Esa retroactividad hará que las compañías renovables tengan que devolver una buena parte de las primas que han cobrado desde junio de 2013.
Con la nueva norma, las compañías renovables tendrán que devolver buena parte de las primas que han recibido desde junio del pasado año
También podría entrar a valorar el organismo consultivo del Gobierno si está suficientemente argumentada la rentabilidad razonable del 7,4%-7,5% que defiende Industria y que, según las empresas renovables, "no sólo no es razonable sino que además creemos que para miles y miles de instalaciones es inalcanzable, porque en realidad será aún menor".
Pero que el Consejo de Estado se 'moje' parece casi un milagro, advierten las fuentes jurídicas consultadas. "Es un organismo consultivo que rara vez toma partido contra medidas aprobadas por el Gobierno y mucho menos cuando son normas de índole económico empresarial".
Precisamente, uno de los miembros vitalicios del Consejo de Estado es José Luis Rodríguez Zapatero, por su calidad de ex presidente del Gobierno, que fue el principal impulsor del desarrollo renovable en España. En su primera legislatura sentó las bases para la fulgurante y descontrolada burbuja solar (primero fotovoltaica y después termosolar) y posteriormente, bajo su segundo mandato, trató de recortar con urgencia las altas primas que se llevaba esta energía.
También está en el Consejo de Estado la que fue su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.
No es nada probable que el informe que saldrá dentro de dos semanas del Consejo de Estado recoja enmienda alguna a una norma que ya ha sido visada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el organismo regulador competente.
Lo que quiere el Gobierno es cubrirse las espaldas de cara a la previsible oleada de demandas y arbitrajes que presentarán los miles y miles de inversores afectados, desde los pequeños ahorradores hasta grandes empresas renovables y fondos internacionales.
Con la aprobación de la norma por parte de la CNMC y el "plácet" no vinculante del Consejo de Estado, tanto el Departamento que dirige José Manuel Soria como el Ministerio de Justicia, en el que Alberto Ruiz Gallardón ha creado un equipo especializado para la defensa jurídica del sector energético, tienen basamento jurídico para afrontar los pleitos.
Al menos esa es la idea de la Abogacía del Estado, que ha visado con minuciosidad el andamiaje jurídico de las normas que sustentan los hachazos renovables para tratar de evitar males mayores en el futuro.
Si todo sigue su curso, la nueva normativa llegará al BOE a mediados de junio.
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