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Avalancha veraniega de recursos y demandas por el ajuste renovables: el 1 de septiembre, fecha límite

Inversores y despachos de abogados ultiman sus recursos contra el Real Decreto y la Orden Ministerial para que entren en el Supremo antes del 31 de julio. Enel Green Power y la patronal UNEF ya han dado un paso al frente.

Un operario limpia las placas de una instalación fotovoltaica.
Un operario limpia las placas de una instalación fotovoltaica. EFE

Había muchas dudas en el sector renovable sobre los plazos para presentar los recursos y demandas contra las medidas de recorte a la retribución de estas energías aplicadas por el Gobierno.

Decenas de despachos de abogados contratados por los inversores (grandes, medianos y pequeños) renovables y las patronales del sector trabajan a destajo estos días porque el plazo para presentar recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y/o contra la Orden Ministerial IET/1045/2014, de 16 de junio, acaba el 1 de septiembre, según confirma el bufete Ontier.

Inicialmente se pensaba que el plazo para acudir al Tribunal Supremo finalizaba los días 10 y 20 de septiembre, respectivamente. La primera de las normas contra las que se presentará una avalancha de recursos en lo que queda de julio (agosto es inhábil a efectos procesales) en el Alto Tribunal regula la actividad de producción de energía a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, mientras que la segunda, la OM, es la que asesta el hachazo a lo que cobraban las energías verdes, al fijar los parámetros retributivos de las instalaciones tipo.

Los bufetes de abogados recomiendan que se impugne el nuevo marco reglamentario, es decir, las dos normas, como paso previo para exigir los perjuicios sufridos por los propietarios de las plantas tras el ajuste.

Más de 15 disposiciones regulatorias contra las renovables han creado en España una situación de "inseguridad jurídica sin precedentes" que está ahuyentando a los inversores internacionales

Según Ontier, ha habido más de 15 disposiciones regulatorias que han creado en España una situación de “inseguridad sin precedentes en la historia” y las dos últimas normas han dado la puntilla a cualquier atisbo de esperanza. Sectores como el fotovoltaico tienen ya sellada su acta de defunción, según las fuentes consultadas.

Poco pueden hacer la mayoría de los propietarios de pequeños y medianos huertos solares para seguir adelante, con el recorte retributivo. Con los nuevos parámetros de rentabilidad razonable, del 7,5% de media, no pueden ni afrontar el pago de los créditos con los que pusieron en marcha sus proyectos, por lo que se prevé no sólo una ola de recursos, sino también de quiebras y concursos de acreedores sobrevenidos. Todo en el marco de una nueva andanada del Ejecutivo contra el autoconsumo, la producción solar en casa para consumo propio, con una norma que atenta contra la Constitución, según los expertos.

También el sector eólico ha sufrido un severo ajuste con estas dos últimas normas, si bien sus propietarios son, generalmente, grandes compañías e inversores, que cuentan con músculo financiero y capacidad negociadora para refinanciar con los bancos sus créditos.

En septiembre empezarán a entrar en concurso de acreedores decenas de pequeñas y medianas instalaciones fotovoltaicas

Uno de los gigantes que han dado ya un paso al frente ha sido Enel Green Power, la filial de energías renovables del grupo estatal italiano dueño de Endesa. Su recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto fue admitido a trámite por el Supremo el pasado 10 de julio. El Reino de España, representado por el departamento creado por el Ministerio de Justicia para defender la acción gubernamental ante la avalancha de demandas y recursos de las empresas renovables, ha tenido nueve días para personarse.

También la patronal del sector fotovoltaico Unef ha movido ficha, al presentar "un escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo, contra el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014", señalaron las fuentes consultadas. "El Supremo dictará resolución teniendo por interpuesto el recurso y reclamando la remisión del expediente administrativo al Ministerio (lo que cabe esperar que suceda ya a principios de septiembre; Industria dispone de 20 días (descontando sábados, domingos y festivos) para remitir el expediente, por lo que cabe esperar que el Tribunal Supremo lo reciba ya en octubre", añadieron las fuentes de Unef.

En paralelo siguen su cursos los recursos de inconstitucionalidad presentados por algunas comunidades autónomas contra las normas antirrenovables de Industria y algunas patronales como Appa estudian la presentación de demandas ante la Comisión Europea, buscando amparo ante las medidas del Gobierno.


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