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El escándalo de Soria con los informes renovables se cuela por sorpresa en la campaña andaluza

El escándalo de Soria con los informes renovables se ha convertido en arma arrojadiza en las elecciones de Andalucía, una de las CCAA más afectadas por el hachazo del ministro. El PSOE ha encontrado un nuevo flanco por el que atacar al PP, su política antirrenovable.

Macroplanta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Macroplanta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Ha estallado en plena campaña electoral andaluza y PSOE, Izquierda Plural y Podemos, los partidos más verdes, quieren aprovechar este nuevo filón en los días que restan para los comicios del domingo.

Andalucía es una de las comunidades donde más daño ha hecho el hachazo a las energías renovables que aprobó el Gobierno central en junio de 2014. Las instalaciones solares (fotovoltaicas y termosolares) y eólicas, muy presentes en esta CCAA, han sido las que más han sufrido el recorte de 3.000 millones de euros aplicado por el Ministerio de Industria y Energía.

Un recorte que se llevó al BOE sin contar con los informes externos encargados por el Departamento que dirige José Manuel Soria, en una norma a la ni siquiera se acompañaba la metodología básica utilizada para establecer los costes de inversión de las plantas renovables que sirvieron para aprobar el hachazo.

Estos días ha trascendido que Industria y su ‘brazo armado’ energético, el IDAE, presionaron a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting para que manipularan sus informes y los hicieran coincidir con los parámetros que quería aprobar el Ministerio para poder recortar esos 3.000 millones en ingresos a las plantas.

Andalucía es una de las CCAA donde más daño ha hecho el recorte renovable del Gobierno y la opinión pública está muy sensibilizada al respecto

También se ha conocido que Boston se negó a elaborar informes a la carta y por ello se le rescindió el contrato, y que el de Roland ni se ojeó en el Ministerio porque llegó cinco meses después de aprobada la norma.

Un millón de euros (las minutas que iban a cobrar las dos consultoras) tirados a la basura y muchas sospechas de prevaricación que han recaído sobre el ministro y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, responsable directo de la aprobación de la norma antirrenovable.

Laia Ortiz, portavoz de Energía y Medio Ambiente de Izquierda Plural, la misma que con su perseverancia en el Congreso ha conseguido que finalmente, y por orden del Supremo, Soria haya hecho públicas las miserias del hachazo renovable, ha acusado al ministro de prevaricar y ha pedido su dimisión.

Un acto público mañana en Sevilla escenificará el rechazo de PSOE, Izquierda Plural, Podemos y Ciudadanos a la política antirrenovable del Gobierno central

El PSOE no ha tardado en subirse al carro de la nueva vía de crítica abierta contra un Gobierno que desde su llegada al poder no ha ocultado su pasión antirrenovable. Mañana mismo en Sevilla tendrá lugar un acto organizado de urgencia por la patronal fotovoltaica Unef para aprovechar el tirón electoral de estos días y denunciar la situación que sufren más de 60.000 instalaciones solares, muchas de ellas ubicadas en Andalucía.

El acto será inaugurado por Vicente Fernández Guerrero, Secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta, que cuenta con el respaldo de la presidenta y candidata socialista, Susana Díaz.

En Madrid, el PSOE ya ha pedido la comparecencia urgente de Soria para dar explicaciones sobre el escándalo y, según las fuentes consultadas, el tema será utilizado en campaña por el partido con más opciones de formar Gobierno tras los comicios de este domingo.

Laia Ortiz ha acusado a Soria de prevaricar al aprobar una norma sin tener en cuenta los informes externos y sin presentar siquiera una metodología que justifique los recortes

También asistirán al acto previsto representantes en Andalucía de Izquierda Plural, Podemos y Ciudadanos. Nadie irá por parte del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que no quiere ni oír hablar de temas renovables en plena campaña.

Este mismo lunes, Alberto Nadal tuvo que salir en defensa de la actuación de su Ministerio, al que atribuyó toda potestad sobre la normativa renovable, asegurando que el papel de las consultoras, a las que se le iba a pagar un millón de euros, iba a ser “simplemente de apoyo externo”.

El IDEA recurrió a Boston y Roland para “contrastar datos” y metodología, entre otros puntos. “El trabajo de las consultoras no es el trabajo de la norma, la norma se hizo en el Ministerio con el trabajo del IDAE”, aseguró el número dos de Industria.

Sin embargo, en la adjudicación del contrato a las dos consultoras figuraba hasta la prestación de servicios de asesoría técnica ante la prevista avalancha de recursos y pleitos previstos tras los recortes.


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