Grandes fondos extranjeros llevan a España ante la Corte Arbitral por los recortes a las renovables

Un amplio grupo de fondos de inversión internacionales llevará al Gobierno de España a un proceso internacional de arbitraje por los cambios en la regulación energética y la aplicación de los recortes a las primas renovables con carácter retroactivo.

Siguiendo el precedente sentado en el sector fotovoltaico (14 fondos internacionales presentaron en noviembre de 2011 una demanda para iniciar un procedimiento de arbitraje contra el  Estado  Español), ahora les toca el turno a los inversores que se metieron en el sector termosolar.

Se trata de los gigantes internacionanles AES, Ampere, Antin, Eiser, Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWMLux Energía Solar, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, InfraRed, KGAL, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital, entre otros tantos inversores. La mayoría de estos fondos operan tanto en el sector fotovoltaico como en el termosolar y, de hecho, van a estar en los dos procesos arbitrales

Según las fuentes consultadas, estos fondos ya han realizado el preceptivo envío de cartas al Ministerio de Industria y Energía para tratar de buscar una salida negociada al conflicto. Aducen en esas misivas el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), de protección de las inversiones internacionales en este sector, para exigir al Departamento que dirige José Manuel Soria la restitución de los derechos de cobro de las primas a las plantas termosolares, la eliminación de la retroactividad en los recortes y, en su caso, un acuerdo de compensación tras “el cambio de las reglas del juego y el incumplimiento de los más básicos derechos de seguridad jurídica”.

El envío de estas cartas, que han ido llegando al Ministerio desde finales de abril, es el paso legal previo para que se abra un proceso de arbitraje internacional acogiéndose al Tratado de la Energía. Estos fondos internacionales consideran que el Gobierno español ha vulnerado este tratado, infligiéndoles un recorte a sus ingresos previstos con el agravante de la retroactividad.

Pero Industria no va a dar marcha atrás. A la última reforma eléctrica aplicada por el Gobierno de Zapatero, se sucedió después la aprobada por el actual Ejecutivo a finales de 2012. Y a estas dos se une la reforma que el ministro Soria confía en sacar adelante este mismo mes de julio. En todas ellas se recogen fuertes recortes a las primas a las tecnologías renovables más caras, la fotovoltaica y la termosolar.

Y hay fondos internacionales que invirtieron en estas dos tecnologías en España o se hicieron mediante compras posteriores de las plantas ya en activo, que quieren replicar el modelo de arbitraje que ha puesto ya en marcha el sector fotovoltaico.

En julio se dará por terminado el plazo preceptivo de tres meses para que Industria responda a las cartas y a partir de ahí se abre la veda. Los equipos jurídicos de los fondos comenzarán a consensuar una posición común para decidir, en un primer término, a qué Corte Arbitral acuden (París, Londres, Ginebra o Estocolmo).

A nivel internacional, en estos momentos hay activos dos arbitrajes contra España en el sector fotovoltaico por los recortes aplicados en 2010. Uno de ellos lo iniciaron, a través del bufete Allen & Overy, unos 14 fondos de inversión especializados en ese sector, entre ellos HG Capital, Ampere Equity Fund e Impax. El otro lo iniciaron los accionistas de Isolux, por su filial T-Solar.

Todos estos procesos arbitrales se acogen a la Carta de Energía, que proporciona  un marco multilateral de cooperación e inversión en materia energética, al amparo de la legislación internacional. Tiene como objetivo promover la seguridad energética y proteger a los inversores extranjeros del sector energético frente a riesgos no comerciales, entre los que se incluyen, tratamientos discriminatorios, injustos, arbitrarios, así como expropiaciones. El Tratado entró en vigor en abril de 1998 y ha sido formalizado, hasta ahora, por 51 países (todos los de la Unión Europea lo han suscrito).