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Rebelión de 70 alcaldes del PP contra los recortes del Gobierno a la energía eólica

La mayoría son pequeños municipios, aunque entre todos suman 120.000 habitantes. Piden a Rajoy que "respete" a esta tecnología en un manifiesto suscrito por 192 ediles.

Entre los ediles díscolos está Juan Andrés Gil, alcalde de Tarifa y con un largo historial como tránsfuga.
Entre los ediles díscolos está Juan Andrés Gil, alcalde de Tarifa y con un largo historial como tránsfuga. PP

Más voces discordantes dentro del PP contra la reforma energética de José Manuel Soria. Un total de 70 alcaldes populares, que gobiernan otros tantos municipios con una población agregada de cerca de 120.000 habitantes, han suscrito un manifiesto promovido por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para, en tono comedido, rechazar la política energética del Gobierno central, y en concreto, el trato que recibe la energía eólica en la reforma energética.

Hasta el pasado 31 de diciembre, habían firmado ese manifiesto 192 alcaldes españoles, de los que más de un tercio son del PP, el partido que arrasó en las municipales de 2011. La mayoría de adhesiones populares corresponde a pequeños pueblos de Castilla y León, con un total de 43 alcaldes en favor del documento. A continuación figuran Galicia (8 pueblos), Valencia y Castilla-La Mancha (seis cada una), Aragón (dos) y La Rioja, Extremadura, Cataluña, Canarias y Andalucía (uno cada una).

En la mayoría de los casos, se trata de pequeñas localidades, dado que sólo 17 de esos 70 pueblos superan el millar de habitantes. Pero, teniendo en cuenta que la AEE ha recabado algo menos de 200 apoyos (sin contar los de asociaciones de municipios), la cifra de adhesiones de alcaldes del PP es llamativa. Sólo el PSOE, con 77 firmantes, supera a los alcaldes conservadores. El resto corresponde a otros grupos.

Entre los pueblos díscolos del PP, el de mayor población está en Las Palmas, isla de origen del ministro

El municipio más importante, Ingenio, está en Las Palmas, provincia de origen del ministro Soria. Es el noveno municipio de esa isla, con casi 30.000 habitantes, y desde 2011 lo gobierna Juan José Gil Méndez, al que puede considerarse un verso suelto del PP canario, cuyo presidente regional es el propio ministro de Industria. A continuación figuran Tarifa (algo más de 18.000 habitantes), Vilalba (Lugo, 14.980 habitantes), y ya por debajo de los 10.000 municipios, Vila de Cruces (Pontevedra), Enguera (Valencia) y Ayora (Valencia).

El manifiesto, remitido hace unos meses por la patronal del sector al presidente, Mariano Rajoy, al propio Soria, su secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, y a los grupos parlamentarios, pretende trasladar la preocupación de esos ediles "por el efecto que puede tener una regulación que penaliza a la eólica frente a otras fuentes ".

Según la AEE, "los ayuntamientos españoles conocen de primera mano los efectos de creación de empleo y actividad económica que genera el sector eólico en los territorios en los que se instala" y la reforma podría acarrear “que muchas instalaciones tuviesen problemas financieros, se viesen obligadas a renegociar sus contratos y tuviesen dificultades para hacer frente a las deudas, con el consiguiente impacto en las zonas de implantación eólica".

Así, los firmantes expresan su preocupación por un sector presente en unos 1.000 municipios españoles que ha revitalizado “zonas rurales que estaban deprimidas” gracias “al empleo directo e indirecto generado”.

A finales de noviembre pasado, cuando la AEE anunció la iniciativa, se habían adherido a ella 126 municipios de los que 39 estaban gobernados por alcaldes populares.

Entre ellos había algún nombre exótico como el de Issam Alnagm Azzam, el alcalde popular de origen sirio que ha regido los designios de Muras (Lugo) en las últimas seis legislaturas, aunque el municipio de mayor entidad por población en aquella primera hornada era Tarifa (Cádiz). Un movimiento que tenía su lógica, por tratarse esa localidad de un emblema para la eólica (allí se instaló el primer aerogenerador en España) y porque su alcalde, el empresario hostelero Juan Andrés Gil García, es conocido como el mayor tránsfuga de la historia política de España (ha sido cabeza de cartel con cuatro formaciones distintas: Partido Andalucista, IU, un grupo independiente y el PP).


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