Energía

Enagás prevé que Energía no promoverá cambios regulatorios en el gas hasta 2020

El presidente de la compañía destacó el incremento de la demanda en los nueve primeros meses del año, superior al 9%, y ratificó los objetivos de Enagás para 2017. Además, admitió discrepancias con el Gobierno peruano por el proyecto del Gasoducto Sur.

El presidente ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén (2i), y el consejero delegado, Marcelino Oreja (2d)
El presidente ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén (2i), y el consejero delegado, Marcelino Oreja (2d) Emilio Naranjo

El sector gasista tendrá estabilidad regulatoria hasta 2020. Al menos, son las previsiones que el Ministerio de Energía ha traslado al presidente del gestor de la red de gas en España, Enagás, Antonio Llardén. El ejecutivo ha compartido la información con los analistas en la conferencia en la que ha presentado al mercado los resultados de los nueve primeros meses de la compañía.

Llardén refirió una conversación mantenida algo más de un semana con el secretario de Estado de Energía, David Navia, en la que éste le manifestó que el departamento que dirige Álvaro Nadal no prevé, por ahora, cambios regulatorios que afecten al sector gasista. El argumento se basó tanto en el buen comportamiento de la demanda de gas en España durante 2017 como en el ritmo al que se está reduciendo el déficit gasista.

"Mientras que las previsiones iniciales era que se acabaría con el déficit del sistema en 15 años, ahora los pronósticos apuntan a que el objetivo podría lograrse prácticamente en la mitad de tiempo", señaló Llardén quien, no obstante, se mostró cauteloso ante lo que pudiera venir en el futuro. "Lo único que puedo decir es lo que me trasladó el secretario de Estado hace unos días y fue que por ahora no prevén cambios para el gas hasta 2020".

Precisamente, la evolución de la demanda de gas fue uno de los aspectos destacados en los resultados de la compañía, cuyo beneficio después de impuestos hasta septiembre se fue hasta 322,5 millones de euros, un 1,5% más que en el mismo periodo del año anterior. En los tres primeros trimestre de 2017, la demanda se ha incrementado un 9,3% y para el conjunto del año Enagás prevé que la cifra se sitúe en torno al 5%, un pronóstico que Llardén calificó como conservador debido a que depende de factores como el climatológico, muy difícil de prever.

Problemas en Perú

Precisamente, las circunstancias climáticas han influido en gran medida para que la demanda tenga tan buen comportamiento. En el sector industrial, el incremento ha sido del 4,5% gracias a la mejora de la economía; sin embargo, en el sector eléctrico el aumento se ha ido por encima del 33%, debido a la menor generación proveniente de fuentes como la eólica y la hidráulica por efecto de la sequía y el escaso viento.

Por otro lado, el presidente de Enagás admitió una serie de discrepancias con el Gobierno peruano relacionadas con el proyecto del Gasoducto Sur, cuya concesión a un consorcio del que formaba parte la compañía española fue revocado debido a las dificultades de financiación derivadas de la presencia de Odebrecht en el grupo de empresas.

"El consorcio ha acordado con el Gobierno de Perú la entrega de los activos de la concesión, que es un logro muy importante porque evita que nos quedemos en una especie de limbo jurídico", explicó Llardén. Sin embargo, ahora el Ejecutivo local defiende que la Ley de Hidrocarburos prevalece sobre lo establecido en el contrato de la concesión en lo concerniente a las garantías para las empresas, lo que penalizaría a Enagás con vistas a una futura relicitación, que la nueva ministra del ramo se ha mostrado dispuesta a llevar a cabo.

Recuperar la inversión

Enagás ha reforzado la asesoría jurídica y contable con la que cuenta para este particular y no descarta acudir a los mecanismos legales de defensa contemplados en el contrato. "No obstante, no estamos aún en esa fase, hemos resuelto lo más complicado y vamos a colaborar en todo con el Gobierno peruano", aunque siempre está libre la vía legal "si Enagás no viera cumplidas sus expectativas".

Éstas pasan por recuperar la totalidad de la inversión realizada en el proyecto hasta el momento de la revocación de la concesión, que ascendían a unos 360 millones de euros.


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