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Un accionista (10%) de El Corte Inglés impugna el consejo que dio entrada a Qatar

Corporación Ceslar impugnará, en los Juzgados de lo Mercantil, la celebración del consejo que dio entrada al inversor catarí por no haber facilitado el borrador de los contratos con tiempo suficiente para estudiarlo. Junto a Mancor (10%) votó 'no' a los acuerdos del consejo y también se opondrá al cambio de estatutos en la junta.

Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, y el jeque Hamad Bin Jassim.
Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, y el jeque Hamad Bin Jassim. EFE/Wikicommons

Rebelión en el seno de El Corte Inglés. La entrada en el capital del ex primer ministro de Qatar, Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, ha provocado la confrontación de dos accionistas del grupo de distribución, que suman un 20% del capital, con su presidente, Dimas Gimeno, y el resto del consejo de administración.

Corporación Ceslar (10%) y Cartera Mancor (10%) votaron en contra de la operación por la que el multimillonario catarí tomará entre un 10% y un 12,5% del capital de El Corte Inglés por unos 1.000 millones de euros.

Lo hicieron en el consejo celebrado hace dos semanas, en el que el acuerdo salió adelante gracias al voto favorable del resto de los miembros del máximo órgano de poder del grupo.

Pero ahora Ceslar, uno de los accionistas díscolos representado en el consejo por Carlota Areces Galán, quiere ir más allá y tiene previsto, a finales de esta misma semana, impugnar la celebración de ese consejo ante los Juzgados de lo Mercantil por “falta de información”, según indicaron a Vozpópuli en fuentes del entorno de este accionista.

El grupo rebelde controla un 20% del capital y se ha opuesto tanto a la entrada del jeque como al cambio de estatutos que requiere la operación

Tanto Ceslar como Mancor, representada por la consejera Paloma García Peña, se quejaron en el mismo consejo de que el borrador del contrato de la operación de entrada del inversor y los cambios en los estatutos del grupo “llegó a las partes en la tarde del día anterior a la celebración del consejo”, lo que no les permitió “estudiar toda la información en profundidad” según esas mismas fuentes.

Los abogados de Ceslar tienen previsto presentar el escrito de impugnación “a finales de semana”, señalaron las fuentes consultadas.

Queda por definir aún si esta iniciativa será secundada por la familia García Miranda (Mancor).

Los dos accionistas se han mostrado muy escépticos con esta operación y son contrarios a que se cambien los estatutos para que los actuales accionistas renuncien al derecho de suscripción preferente que tiene sobre la autocartera del grupo. El 10% del capital (podría llegar al 12,5%) que controlará el nuevo accionista proviene de esa autocartera, que tiene que quedar liberada.

La operación se articula mediante un préstamo entregado por el jeque a El Corte Inglés por un valor de 1.000 millones y a un tipo de interés del 5,25%, amortizable en tres años, según ha informado Expansión.

Si no se cambian los estatutos para que el nuevo inversor tome el 10% del capital de la autocartera, El Corte Inglés estaría obligado a ofrecer ésta a los actuales accionistas

En el entorno de Ceslar se considera que con estos intereses, la valoración del 100% del capital de El Corte Inglés estará “entre un 10% y un 27% por debajo del valor contable” y estará sensiblemente por debajo de los 10.000 millones de euros anunciados en su día.

Dado que ni Ceslar ni Mancor están de acuerdo con los mimbres de la operación, acudirán a la junta de accionistas prevista para el 30 de agosto y votarán en contra de ese cambio de estatutos. Así lo hará Ceslar, señalan las fuentes, y en ese sentido se pronunciará previsiblemente Mancor en línea con lo votado en el consejo pasado.

Pero los cambios saldrán adelante gracias a la mayoría del consejo y, por extensión, de los accionistas, que tienen claro que la entrada del ex primer ministro catarí es beneficiosa para el grupo y sus planes de futuro.

Si no se cambiaran los estatutos, El Corte Inglés estaría obligado a ofrecer esa autocartera a los actuales accionistas, algo que no ocurrirá por la conveniencia de sacar adelante una operación tan bien valorada en los mercados y por los bancos acreedores de la deuda del gigante de la distribución.

Una vez aprobada en la junta, la compañía tiene 30 días para registrar esos cambios en el Registro Mercantil.


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