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El Gobierno incluye al Castor en el sistema pese a no ser necesario y a los riesgos de su reapertura

La reforma del sector del gas impulsada por el Gobierno incluye la previsión de retribución al Castor, pese a que éste no es necesario por la baja demanda. Industria no se atreve a sacarlo del sistema para no dar un mensaje que anticipe su cierre definitivo, a la vista del riesgo de nuevos terremotos si se pusiera, de nuevo, en marcha.

Los ministros Soria y Margallo, en el Castor después de que acabaran los terremotos.
Los ministros Soria y Margallo, en el Castor después de que acabaran los terremotos. EFE

En 2013, en paralelo a la reforma que impuso el Gobierno al sector eléctrico, se empezaron a sentar las bases de la reforma del sector del gas para evitar que el incipiente déficit de este sector se desbocase. Fue entonces cuando se comenzaron a trazar las primeras líneas maestras de esta reforma, para que en 2014, ya con el apartado eléctrico aprobado y en marcha, se procediese a su negociación con las gasistas.

Ya entonces se tuvo que incluir en la reforma del gas el coste de una nueva infraestructura que iba a entrar en funcionamiento. El Castor empezaría en pruebas en otoño de 2013 y entraría en operación comercial unos meses después, de forma que había que tener previsto el impacto tanto de ingresos como de gastos de este nuevo coste para el sistema gasista.

Pero todo se vino abajo cuando las primeras inyecciones de gas provocaron la avalancha de terremotos y el cerrie temporal del Castor. El Ministerio de Industria y Energía ha pedido análisis sismológicos y auditorías económicas para certificar la viabilidad de un proyecto que, a la vista de los primeros informes técnicos, corre gran riesgo de volver a provocar nuevos seísmos si se vuelve a inyectar gas, tras el despertar de una nueva falla bautizada con el nombre del almacén.

El Castor no es necesario en un entorno de baja demanda del gas que comenzará a recuperarse levemente en los próximos años y sobre él se ciernen altos riesgos de impacto sísmico en la zona del Golfo de Valencia, pero Industria no se ha atrevido a retirar de la reforma del gas la previsión de entrada en funcionamiento y su posible retribución.

Según confirman varias fuentes del sector gasista consultadas por Vozpópuli, el diseño de la reforma recoge el impacto económico del Castor, que podría representar hasta un 25% del total de costes que ahora conforman el déficit acumulado del sistema. Estas fuentes recuerdan que inicialmente se habló de un déficit del sector del gas de unos 300 millones de euros, pero ahora esa cantidad se ha disparado a entre 370 y 400 millones de euros. "El Castor podría representar unos 80 ó 100 millones de euros de los costes del sector", explica una fuente.

Los costes del Castor representarían hasta un 25% del monto total que intenta laminar la reforma del gas, unos 80 millones sobre 370

Pero, ¿por qué Industria mantiene la previsión de costes e ingresos del Castor en el nuevo diseño del sector gasista si es consciente de que el almacén previsiblemente no vuelva a funcionar, al menos en el corto y medio plazo, por falta de demanda, riesgo de terremotos y porque su propietario, Escal UGS, empresa controlada por ACS, planea la devolución de la concesión al Estado?

Las fuentes consultadas creen que si Industria saca al Castor del sistema de costes gasista daría un claro mensaje al sector de que el almacén no entrará en operación, lo que activaría toda la maquinaria del grupo presidido por Florentino Pérez para reclamar ya la indemnización, que podría oscilar entre los 1.400 y los 1.700 millones de euros.

Si Industria hubiese sacado al Castor de la reforma del gas habría activado la petición de indemnización por parte de ACS al dar por cerrado definitivamente el almacén

Y el ministro de Industria, José Manuel Soria, no quiere que esto ocurra. Hay ya sobre la mesa dos informes concluyentes (del Instituto Geográfico Nacional y del Geológico y Minero) que determinan la relación directa entre la inyección de gas del Castor y los más de 500 terremotos de septiembre pasado. Además, tendrán que llegar nuevos informes técnicos y sismológicos, además de las auditorías económicas que determinen si Escal UGS incurrió en sobrecostes injustificados al construir la infraestructura ubicada frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Cuando todo este proceso termine, el Gobierno tendrá que decidir si se atreve a reabrir el almacén, lo mantiene en cierre temporal o procede a su cerrojazo definitivo. De darse uno de estos dos últimos casos, no tendrá sentido que el sistema gasista recoja unas previsiones de costes e ingresos de un almacenamiento que no estará operativo.

Y es así donde el sector energético se echa las manos a la cabeza, porque una de las hipótesis de trabajo de Industria pasa por cargar al recibo del gas todo o parte de la indemnización que recibiría ACS por el cierre del Castor. El simple hecho de que esta idea esté ya pululando por el Ministerio ha provocado el parón en las negociaciones con el sector para sacar adelante la reforma del gas, tal y como ayer dio cuenta este diario.


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