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Cobra fuerza la tesis del "interés general" para evitar que el Estado pague a Florentino por cerrar el Castor

Lanzó la idea Compromís y el sector energético a pleno la defiende: el Gobierno debería declarar de "interés general" el cierre del Castor por estar en juego "la seguridad de la gente, la estabilidad del terreno y el medio ambiente" y así los contribuyentes se ahorrarían el pago de la indemnización.

Florentino Pérez, presidente ACS, empresa propietaria del almacén Castor.
Florentino Pérez, presidente ACS, empresa propietaria del almacén Castor.

El sector energético acaba de recoger el testigo lanzado por el grupo Compromís y apuesta porque el Gobierno declare “de interés general” el cierre del Castor, lo que permitirá “resolver la relación contractual” con Escal UGS (grupo ACS) sin necesidad de pagarle una indemnización.

Varias fuentes del sector gasista y eléctrico consultadas por Vozpópuli se han mostrado favorables a la propuesta de Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, que en una proposición no de ley registrada este martes ha pedido al Gobierno que “justifique con causas de interés general” el cierre del almacén submarino de gas y evite así el pago de los 1.700 millones de euros que demanda ACS en concepto de indemnización.

El Tribunal Supremo dio la razón al grupo presidido por Florentino Pérez, que según las clásulas del contrato de concesión de construcción y explotación del Castor, tendría derecho al cobro de una indemnización en caso de cierre o devolución de la concesión aún incluso cuando la compañía incurra en dolo o negligencia.

El Gobierno podría aducir el interés general de la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente para "resolver la relación contractual" con ACS y evitar la contraprestación por cierre

Pero para Baldoví, estas cláusulas del contrato, firmado bajo el último Gobierno de Zapatero, son "abusivas y podrían obligar a indemnizar a la empresa con el coste neto de la inversión, que en este caso sería de unos 1.700 millones de euros, salvo que la Administración central pueda justificar causas de interés general".

"La declaración de interés general es necesaria pues resulta evidente que la decisión de paralizar un proyecto que está provocando seísmos, poniendo en peligro la vida de la gente, la estabilidad del terreno, además del impacto en el medio ambiente que genera, redunda en interés de todos".

"Es de interés general que se paralice este proyecto de alto impacto y riesgo para la zona, es de interés general que se desmantelen las instalaciones para que se ponga fin de manera definitiva a un proyecto hostil para la zona, para los vecinos, para el medio ambiente y para la seguridad de todos", ha destacado el diputado en un comunicado, que exige, además, "que se depuren responsabilidades con aquéllos que aprueban proyectos contrarios al interés general en beneficio de empresas privadas ajenas al interés público".

Compromís pide que "se depuren responsabilidades con aquéllos que aprueban proyectos contrarios al interés general en beneficio de las empresas"

Hasta ahora, la hipótesis de trabajo que tiene sobre la mesa el Ministerio de Industria y Energía es aceptar la devolución de la concesión de ACS si los bonistas dan el sí a la propuesta de la compañía. Después, el objetivo es negociar con Florentino Pérez una importante quita para, llegado el caso, pagar una indemnización por el cierre de almacén, que podría ser del 50% y dejar el valor final de la contraprestación en unos "700 u 800 millones de euros", señalan las fuentes conocedoras del proceso.

Esta cantidad podría ir con cargo al recibo del gas que pagan los ciudadanos o a los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha provocado el rechazo unánime del sector energético y de las organizaciones de consumidores. De una forma u otra, la ciudadanía acabaría pagando el coste de una infraestructura gasista innecesaria para la España de hoy y de mañana, que ha tenido que ser cerrada por provocar más de 500 terremotos en septiembre pasado.

Todo está ahora en el aire y Compromís se ha descolgado con esta vía alternativa, que recuerda, en su proposición no de ley, que en la preceptiva tramitación para autorizar el proyecto "no se preveían accidentes graves, se omitió el informe de seguridad, no había planes de emergencia interior, ni estudios sobre afecciones económicas en el turismo y la pesca, ni trabajos de impacto arqueológico en las conducciones terrestres, ni un estudio serio sobre las potenciales repercusiones en el subsuelo, que como hemos visto, nos han llevado a no tener previsto la generación de cientos de seísmos en la comarca".

Han sido los más de 500 seísmos "los que han provocado la paralización de la actividad en la inyección de gas en el depósito desde septiembre de 2013, y en los informes encomendados con posterioridad, tanto el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado una relación directa entra la inyección de gas en el almacén submarino con los terremotos".

La proposición considera que "el riesgo sísmico ya no es un riesgo sino una realidad, y por tanto la reapertura del almacén es contraria al interés de la ciudadanía".


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