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El informe que culpa al Castor de los terremotos pone en peligro la indemnización por cierre a ACS

¿Hubo negligencia por parte de Escal (ACS) al inyectar en el Castor el gas que provocó los terremotos? El informe del Instituto Geográfico Nacional considera que no se realizaron todos los estudios necesarios y que la causa de los seísmos está clara. Si se constata dolo o negligencia, ACS podría quedarse sin cobrar la indemnización por cierre definitivo.

Fabra, Soria y Margallo, en la plataforma del Castor, justo después de los terremotos.
Fabra, Soria y Margallo, en la plataforma del Castor, justo después de los terremotos. FLICKR/PRESIDENCIAGVA

Escal UGS, la filial de ACS que explota el almacén subterráneo Castor, tendría que haber pedido más estudios sísmicos para valorar todos los riesgos de la zona, independientemente de que la normativa, muy laxa, no lo exigiera. Según el informe del Instituto Geográfico Nacional, el origen de los terremotos no se halla en la falla de Amposta, tal y como se pensó inicialmente, sino en otra diferente de la zona, que no fue cartografiada, "para la que hubiera hecho falta un estudio específico para su identificación, a cargo de geólogos con experiencia en sismotectónica".

Se deberían haber realizado más estudios previos en esta dirección, destaca el informe, con los que se habría tenido más información de los riesgos y consecuencias de la inyección de gas en el almacén.

El documento no alberga dudas. La actividad gasista "ha acelerado un proceso sísmico, ya existente en la zona, y que no estaba previamente caracterizado", de forma que "todo indica que el origen de la serie sísmica tiene una relación directa con la inyección de gas al proyecto Castor".

Las principales conclusiones del primer informe, que ha sido desvelado este lunes por el diputado de IU Ricardo Sixto, sienta las bases para el posible cierre definitivo del almacén, cuya actividad fue parada temporalmente en septiembre pasado tras la avalancha de terremotos, algunos de 4,2 grados en la escala Richter.

Pero además, éste es el primer documento oficial que aportaría pruebas de que Escal UGS, en la que ACS controla un 66%, pudo actuar de forma negligente a la hora de inyectar gas sin calibrar las consecuencias en la zona.

Aunque el Tribunal Supremo rechazó la petición de Industria de poder cancelar el pago de la indemnización por negligencia al dueño del Castor si abandona el proyecto, el Ministerio busca resquicios legales para poder revertir esta situación.

El Alto Tribunal entiende que, en caso de no haber desmantelamiento, es "coherente" que se contemple una compensación a Escal, ya que si las instalaciones siguen operativas, el Estado "presumiblemente obtendría un beneficio futuro con su explotación".

Pero, sin embargo, más adelante añade que esto "no significa que aunque medie dolo o negligencia, en todo caso la empresa vaya a percibir la indemnización prevista". El cobro de la misma, afirma, "dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se haya producido".

Las tesis de Industria y de la Abogacía del Estado consideran que la posible negligencia o las conductas dolosas por parte de Escal podrían ser causa suficiente para que la empresa no cobrara la indemnización 

Las tesis de Industria y de la Abogacía del Estado pasan porque si ha habido negligencia o conductas dolosas o culposas por parte de Escal, esto pueda ser considerado como causa para no cobrar indemnización alguna por el valor residual del activo en caso de cierre, señalan fuentes al tanto del proceso.

También espera el Departamento dirigido por José Manuel Soria la finalización de la auditoría de las cuentas del proyecto, cuyo coste inicial se estableció en unos 500 millones de euros pero acabó costando 1.421 millones de euros, casi el triple.

Si se demuestra que hubo sobrecostes injustificados en el desarrollo de la plataforma, construida principalmente por filiales del grupo ACS, habría una causa más, unida a la posible negligencia en la inyección de gas, que serviría de base para que la Administración no tuviera que asumir el pago de la compensación a la compañía explotadora.

Según avanzó Vozpópuli, Florentino Pérez, presidente de ACS, está tratando de devolver la licencia de explotación del proyecto al Estado, para intentar forzar así el pago de la indemnización por una infraestructura gasista que España no necesita, según las fuentes consultadas.

La publicación del informe técnico este lunes ha levantado otra oleada de peticiones de cierre definitivo de las instalaciones desde agentes políticos y sociales del sur de Tarragona y norte de Castellón.

Por su parte, la Fiscalía de Castellón mantiene abierta una investigación, que se cerrará en breve, para tratar de dirimir las responsabilidades por los más de 540 terremotos que tuvieron lugar en el mes de septiembre y principios de octubre.


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