Publicado: 04/10/2014 04:00
Indemnización sí y de urgencia para evitar males mayores (daño a la credibilidad de España por un impago de los bonos de ACS ante el BEI), pero con algunas salvaguardas jurídicas para el Estado por lo que pueda pasar.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley que acepta la reversión de la concesión del Castor al Estado y fija una indemnización de 1.350 millones de euros para Escal UGS, compañía controlada en un 66% por ACS.
Pero en la redacción de la norma se incluye un detallado epígrafe con las cláusulas jurídicas para que el Estado, en caso de que se demuestre que hubo dolo o negligencia en la gestión y explotación de almacén que provocó más de 500 terremotos hace un año, que permitan exigir responsabilidades penales y económicas a Escal UGS.
Tal y como adelantó Vozpópuli, el Ministerio de Industria y Energía, previo informe de la Abogacía del Estado, ha introducido “un articulado de cláusulas que dejan la puerta abierta a la exigencia de responsabilidades al responsable de la gestión del Castor y de la inyección del gas que provocó los terremotos, de forma que la devolución de la concesión y el cobro de la indemnización no le exime de afrontar posibles responsabilidades futuras”, afirman fuentes conocedoras de la norma que hoy publica el BOE.
Industria, previo informe de la Abogacía del Estado, ha introducido un "articulado de cláusulas" para exigir responsabilidades penales a Escal (ACS)
El primer encargado de revisar detalladamente la situación actual del almacén subterráneo ubicado frente a las cosas de Vinaroz (Castellón) y sus posibles deficiencias técnicas es Enagás, el operador y transportista de la red de gas al que Industria ha encargado el cierre e hibernación de la instalación.
Según las fuentes consultadas, Enagás contará con un periodo de dos meses para recoger el testigo de los técnicos de Escal que ahora están al frente de la instalación sin actividad y hacerse con las riendas de su mantenimiento.
Industria ha pedido a la compañía semipública (la Sepi controla un 5%) un detallado informe sobre el estado de la infraestructura y del gas que almacena, ese gas colchón que según los informes del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España fue el que provocó los más de 500 terremotos, dos de ellos de 4,2 grados en la escala Richter.
La empresa que preside Antonio Llardén realizará una due diligence en los próximos meses para que Industria se pueda hacer una radiografía fidedigna de cómo está el almacén que a partir de ahora será de “dominio público”.
“Si Enagás detecta algo que no funciona o lo hace mal, así como posibles conexiones entre el sistema utilizado por Escal UGS para inyectar el gas y los posteriores terremotos, informará inmediatamente a Industria”, señalan la fuentes del sector consultadas.
Enagás tiene dos meses para hacerse con las riendas del Castor y realizar un informe detallado sobre su situación y funcionamiento y sobre las posibles anomalías existentes
Pero la salvaguarda jurídica incluida en el RD, que permitirá ‘perseguir’ a Escal en caso de negligencia por un periodo máximo de diez años, también está para el caso de que los informes técnicos adicionales encargados por Industria a las universidades estadounidenses MIT y Stanford, que llegarán en 2015, encuentren anomalías o mal proceder en las labores de inyección de gas que dieron lugar a la oleada de seísmos.
Sin embargo, aunque el Gobierno ha conseguido colar estas cláusulas, el grupo que preside Florentino Pérez se ha salido con la suya. Ha conseguido, tal y como le permitía la Ley, devolver la concesión y conseguir que el Ejecutivo le haya facilitado la indemnización en un tiempo récord de semanas.
ACS podrá pagar a sus bonistas los 1.400 millones que les debe antes del 30 de noviembre, fecha a partir de la cual el grupo tenía que afrontar el pago del principal más los intereses. De no haber contado con este monto que aportarán Santander, Caixabank y Bankia, a través de Enagás, el grupo constructor podría haber incurrido en default con sus bonistas y especialmente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), algo que el Gobierno no se podía permitir.
Si los informes de las universidades de EEUU constatan dolo o negligencia en la inyección del gas, el Gobierno podrá perseguir judicialmente a Escal
Enagás informó ayer de que el pago de esta indemnización no tendrá efecto alguno en su balance, dado que habrá una cesión inmediata de los derechos de cobro adquiridos por el grupo gasista a los bancos, que recibirán del sistema gasista (todos los consumidores) el abono efectivo durante los próximos 30 años.
Durante tres décadas, los ciudadanos y empresas consumidores de gas irán pagando poco a poco la indemnización de 1.350 millones más otros 80 correspondientes a los gastos operativos incurridos por el Castor en 2013 y 2014.
Standard and Poor’s hizo público ayer un informe en el que constataba que la indemnización no tendrá impacto alguno en las cuentas de Enagás y le mantuvo su rating financiero.
Por su parte, Industria dijo que mantener cerrado e hibernado el Castor es 110 millones de euros anuales más baratos que haberlo mantenido en operación.
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