Publicado: 15/01/2015 04:00
El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz tiene ya en sus dependencias las ocho cajas con toda la documentación sobre la investigación previa realizada por la Fiscalía de Castellón sobre el escándalo del almacén de gas Castor, que en septiembre de 2013 provocó más de 500 pequeños terremotos en la zona.
Pero esas cajas corren el peligro de no ser desprecintadas en las próximas semanas si al Juzgado del pequeño municipio castellonense no llegan refuerzos para atender el nuevo caso, debido a que buena parte de los funcionarios del mismo están destinados a bregar con los asuntos de violencia de género.
Este órgano judicial está en situación de "guardia permanente" en materia de violencia de género, además de ser competente en primera instancia y en instrucción. Con los efectivos actuales no podría afrontar la apertura del proceso incoado desde la Fiscalía, que ha apreciado presuntos delitos de "prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente" y otro posibles delitos en el proceso de concesión de licencias y autorizaciones, afirman fuentes conocedoras de la situación del juzgado.
Ante el riesgo de colapso que se cierne sobre el juzgado, el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, y el juez decano de Vinaroz, Ignacio Lasierra, han pedido refuerzos para poder agilizar el proceso de apertura de investigación y diligencias del caso Castor, tan sensible para la zona del norte de Castellón.
Este juzgado está en situación de "guardia permanente" en materia de violencia de género, además de ser competente en primera instancia y en instrucción
Según publica el Periódico del Mediterráneo, los dos magistrados han solicitado, al menos, un juez de refuerzo y, adicionalmente, un funcionario tramitador para poner en marcha la instrucción del caso, dado que la mayoría de los funcionarios está volcado en los casos de violencia machista.
Máxime cuando la juez titular del juzgado, Carmen Ballesteros, está al frente en calidad de sustituta y que el titular de esta plaza ocupará su puesto en las tres próximas semanas.
La juez sustituta ya ha avisado de que comenzará a abrir las diligencias previas, aunque esté en posición de salida del juzgado, algo que se ve con buenos ojos desde la Fiscalía para no ralentizar el proceso de instrucción.
Al riesgo de colapso por falta de personal en el juzgado tras la entrada del caso Castor se une la situación de interinidad de la juez, que está en proceso de salida ante la inminente llegada del titular de la plaza
Sobre la mesa, la denuncia de la Fiscalía de Castellón que aprecia indicios de delito de prevaricación medioambiental en Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la filial de ACS (66,7% de su capital) responsable del proyecto. También apunta la Fiscalía a todo el consejo de administración de esta sociedad controlada por el equipo de Florentino Pérez, presidente de su accionista de control, ACS.
También se dirigen las acusaciones del fiscal a cinco miembros de los ministerios de Medio Ambiente e Industria del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por su "intervención en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto".
No le van a la zaga otros cuatro responsables del Instituto Geológico y Minero (IGME), a los que el fiscal también hace responsables de validar los informes técnicos que sirvieron de base para la aprobación favorable de la Declaración de Impacto Medioambiental en 2009.
En esta declaración no se recogieron los posibles riesgos sísmicos de inyectar gas en un almacén bajo las aguas en una zona de especial sensibilidad sismológica.
Los informes técnicos elaborados tras los terremotos de septiembre de 2013 establecen una correlación directa entre la inyección de gas colchón en el Castor y los más de 500 seísmos.
En paralelo a la instrucción del caso en Vinaroz, la Generalitat de Cataluña (la zona sur de Tarragona también se vio afectada por los seísmos) ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para denunciar el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros al grupo de Florentino Pérez tras la devolución de la licencia de explotación del Castor por parte de su filial Escal UGS.
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