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La ‘operación Chamartín’ queda varada en el Ayuntamiento de Madrid por más de 2.000 alegaciones

La aprobación definitiva de la modificación urbanística que permitirá el desarrollo de Distrito Castellana Norte deberá esperar hasta después de las elecciones ante el aluvión de alegaciones al proyecto, que el Consistorio debe analizar y responder una a una. 

Ana Botella, alcaldesa de Madrid
Ana Botella, alcaldesa de Madrid Europa Press

El proyecto de Distrito Castellana Norte, anteriormente conocido como ‘operación Chamartín’, tardará aún en contar con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Madrid. Hasta el Consistorio ha llegado una auténtica oleada de alegaciones a la modificación urbanística que hará posible uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Europa. Los trámites para estudiar, tratar y responder a cada una de las alegaciones, imprescindible para poder sacar adelante los cambios en los planes urbanísticos, harán que el proceso se meta de lleno en la nueva legislatura del Ayuntamiento de Madrid, con la correspondiente incertidumbre en su composición.

Fuentes próximas al Ayuntamiento calculan que más de 2.000 alegaciones han llegado hasta Urbanismo acerca de la modificación que permitirá el desarrollo de la zona norte de Madrid. Cada una de ellas deberá de ser tomada en consideración para su aceptación o su rechazo y, en todos los casos, debe esgrimirse un motivo argumentado. El ímprobo trabajo asociado a esta circunstancia dilatará el proceso más de lo previsto.

De hecho, cuando en el mes de febrero se aprobó de forma provisional la modificación del plan urbanístico no se descartaba que la luz verde definitiva por parte del Ayuntamiento pudiera llegar antes de que finalizase la actual legislatura.

El periodo para formular alegaciones concluyó a mediados del pasado abril, lo que dejaba escaso margen para el pleno de finales de mes pero sí para una hipotética reunión extraordinaria antes del inicio de la campaña electoral, este fin de semana.

La incertidumbre electoral

Sin embargo, el hecho de que el Consistorio se haya encontrado con tal número de alegaciones ha echado por tierra la idea de dejar la operación prácticamente lista para el equipo de Gobierno que vaya a heredar la gestión de Ana Botella. De la futura composición del Ayuntamiento y de los juegos de mayorías que puedan articularse dependerá el futuro de un desarrollo que lleva más de 20 años planteado y que, por el momento, no ha podido concluir en un solo movimiento de tierras.

Las encuestas publicadas hasta la fecha descartan que vuelva a repetirse una mayoría absoluta del Partido Popular, un escenario que ha servido para sacar adelante sin consenso un buen número de operaciones urbanísticas, algunas de ellas no exentas de polémica e incluso paralizadas, cuando no anuladas por los tribunales de Justicia.    

“La oleada de alegaciones ha sido histórica”, señalan las fuentes, que también recuerdan que en otros procesos, como el de la modificación urbanística que permitía la ampliación del estadio Santiago Bernabéu (finalmente anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que derivó en firme tras no ser recurrida), el número de alegaciones no llegó a veinte.

Participación ciudadana

Para explicar esta circunstancia cabe recordar que Distrito Castellana Norte abrió un proceso de participación ciudadana, consistente en una exposición itinerante del desarrollo durante tres semanas por los distritos que se verán involucrados en la operación: Begoña, Chamartín y Hortaleza.

En este proceso participaron en torno a 7.000 vecinos de la zona y una cincuentena de organizaciones de todo tipo, entre ellas diez asociaciones vecinales de los barrios afectados. Una buena parte de los ciudadanos dejaron sus sugerencias, muchas de las cuales también han sido presentadas posteriormente como alegaciones ante el Ayuntamiento.

Distrito Castellana Norte contempla la inversión de unos 6.000 millones de euros para el desarrollo de una extensión de tres millones de metros cuadrados. El nuevo barrio de Madrid albergará unas 17.000 nuevas viviendas. La promotora de la operación está participada por BBVA y Grupo San José


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