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Industria quiere modificar la definición de líneas de muy alta tensión en favor de REE

El ministro estudia modificar la definición legal de las líneas de muy alta tensión, por lo que activos que actualmente pertenecen a las distribuidoras se convertirían en infraestructuras de transporte, cuya gestión corresponde por ley a Red Eléctrica.

Línea aérea de alta tensión entre Lanternoso y El Bonillo (Albacete), propiedad de Iberdrola.
Línea aérea de alta tensión entre Lanternoso y El Bonillo (Albacete), propiedad de Iberdrola.

Las compañías eléctricas temen que el Ministerio de Industria les arrebate el negocio de distribución eléctrica mediante una maniobra legal relativamente sencilla: redefinir el concepto de red de transporte que actualmente establece la ley rebajando el umbral actual de 220 kilovoltios (kV) a una cifra inferior.

Actualmente, se considera "red de transporte" a las líneas con una tensión "igual o superior a 220 kV". Y bastaría una simple orden ministerial para rebajar ese voltaje y ampliar el concepto a otras redes que actualmente están en manos de las distribuidoras.

Con esa modificación legal, “una línea en el BOE”, como ilustra una fuente conocedora del proceso, la nacionalización encubierta de la distribución que tiene sobre la mesa desde hace tiempo el departamento de José Manuel Soria estaría servida, dado que la única empresa que puede gestionar y operar las redes de muy alta tensión, como transportista y propietario único y operador del sistema, es Red Eléctrica (REE).

De esta forma, las distribuidoras (fundamentalmente, las filiales de Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON dedicadas a ese negocio) se verían obligadas a vender los activos afectados por ese cambio a REE, empresa de la que el Estado es el principal accionista a través de la SEPI, que controla un 20% del capital.

La maniobra convertiría la actividad de distribución eléctrica en un monopolio, con la empresa que preside el exsecretario de Estado José Folgado como gran beneficiaria. 

El problema para REE es el multimillonario desembolso que tendría que realizar para hacer frente a la compra de esos activos. Tendría que endeudarse por una cantidad varias veces superior a su capitalización actual, y aunque tiene a su favor el hecho de que está respaldada por el Estado, ese problema financiero es el principal impedimento para materializar el plan de Industria.

Así, el plan B sería la creación de una sociedad conjunta que aglutinase los activos de distribución y que estaría participada por las propias eléctricas y por REE, que no obstante se encargaría de gestionarlos. Esta solución sería el mal menor para las eléctricas, que al menos conservarían la propiedad de los activos.

El presidente de la patronal Unesa ha criticado el posible traspaso de activos a REE: "El operador del sistema y el transporte tienen sus funciones"

El objetivo, en cualquier caso, sería reducir los costes de esta actividad, que están en el punto de mira del Ministerio en su cruzada por reducir los costes regulados que ocasionan el déficit de tarifa, la multimillonaria deuda que arrastra el sistema eléctrico. Algunas fuentes del sector, que confirman que Industria “está trabajando” en esta dirección, aseguran no obstante que el ministerio “por ahora no va a acometer esta reforma”, que por tanto no estaría incluida en el paquete de medidas que presentará el mes que viene.

La semana pasada, el presidente de la patronal eléctrica, Eduardo Montes, criticó un hipotético traspaso de los activos de distribución a REE y el protagonismo que está tomando esta empresa en el diseño de la enésima reforma eléctrica. "El operador del sistema y el transporte tienen sus funciones, no sé en qué beneficiaría esto”.

“Además, estos activos son de las empresas eléctricas", dijo Montes, que reiteró la idea de que la actividad de distribución (que sufrió un recorte de en torno al 4% de sus ingresos anuales el año pasado) está peor retribuida en España que en la media de la UE.

La distribución supone en torno a un 25% de los costes regulados del sistema eléctrico (aquellos en los que se origina el déficit de tarifa) y alrededor del 15% de los costes del suministro. Según un reciente informe de la patronal fotovoltaica, UNEF, es una de las actividades reguladas cuyos costes han aumentado menos en los últimos diez años (2002-2012): un 69%, hasta un total acumulado de 47.078 millones de euros. 

Fuentes de REE reiteran que el traspaso de activos de distribución a esta empresa “no ha sido objeto de tratamiento, de análisis ni discusión con el ministerio”, pese al protagonismo que diversas fuentes atribuyen al operador del sistema en el diseño del nuevo paquete de medidas de Industria.


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