Soria busca ahorrar otros 3.000 millones de costes eléctricos con un nuevo decreto

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya tiene perfiladas las líneas maestras de la reforma energética que prevé rematar en la segunda quincena de junio. Al menos, parece tener clara la cifra de ahorro de costes que persigue: unos 3.000 millones de euros. La suma, que estos días comenta el ministro a personas de su confianza, es inferior a los 4.000 millones que planteó recortar la semana pasada, en una de sus últimas reuniones con el sector, el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti. 

El nuevo recorte se aprobará vía real decreto, como ocurrió con el anterior (de finales de marzo) y con la moratoria a las primas de las nuevas plantas de energía renovable aprobada en enero. La urgencia por atajar el déficit apremia. Sólo en el primer trimestre, el desajuste alcanzó los 1.352 millones, muy cerca del tope legal fijado para todo el ejercicio (1.500 millones), según la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Esa liquidación aún no refleja los efectos de los mayores ingresos por la subida de peajes (parte regulada del recibo) que se aprobó a finales de marzo, después de que el Tribunal Supremo obligara a compensar las últimas congelaciones de esa partida, que es la que concentra el déficit.

De los detalles del recorte que se avecina poco ha trascendido hasta ahora. Soria ya asume que tendrá que aplicar nuevas subidas del recibo y esta semana ha planteado que la reforma “incluirá la fiscalidad”, de forma “homogénea y no discriminatoria”. A la espera de más precisiones, el sector aprecia cierta contradicción entre ambos conceptos: si se trata de un impuesto por tecnologías y es igual para todas, su efecto será dispar por sus diferentes rentabilidades, señalan desde una empresa. Las eléctricas ven cada vez más probable la imposición de una tasa a la energía nuclear y a la hidráulica, tecnologías que, en opinión de muchos expertos, están amortizadas, aunque las compañías lo niegan. 

Sobre la mesa también están nuevos recortes para las primas a las renovables, que hasta marzo (incluyendo la cogeneración), ascendieron a 2.175 millones, un 24% más de lo previsto y un 20,8% más que en el mismo periodo de 2011. Mientras el sector eólico asegura que ya no contribuye al déficit, por el incremento de precios del mercado mayorista o pool, que reduce sus primas, la nueva patronal fotovoltaica, UNEF, dice que esta tecnología no puede soportar otro recorte retroactivo (para plantas ya en marcha) como el que les aplicó Miguel Sebastián el año pasado: gran parte de las empresas están en "default técnico", aseguran, a causa de esa medida, cuyos recursos ante el Supremo podrán empezar a presentarse en los próximos días. 

El Gobierno no ha sido mucho más concreto que Soria en las menciones al déficit tarifario que incluyó en el Programa Nacional de Reformas (PNR) remitido a Bruselas a comienzos de mes. Para acabar con el agujero a partir de 2013 se recurrirá, dice, a “la reducción de costes de las actividades reguladas” o peajes y en el "aumento de los ingresos" para esta partida, que es la que concentra el agujero. El documento también cita la planificación energética que se presentará antes de julio y el “establecimiento de un marco regulatorio estable” como recetas para atajar esa deuda. El programa recuerda que la estimación de déficit tarifario para este año y 2011 supera en unos 3.100 millones de euros el límite establecido. 

El PNR recuerda que las comunidades autónomas ya están implantando impuestos medioambientales a la generación eléctrica, aunque en este caso, ese dinero no va a la tarifa, sino contra otro tipo de déficit, el público. Y constata el “exceso de capacidad de generación de electricidad” por la “senda continua de incorporación de ciclos combinados [centrales de gas] y de energías renovables” de los últimos años, “en un contexto de disminución de la demanda”. 

Soria, que ha amagado con aplicar una quita al déficit (luego se ha desdicho), ha intentado, sin éxito hasta ahora, trasladar a los Presupuestos los costes de los sistemas extrapeninsulares (2.000 millones al año). El ministro asegura en privado que no tiene “ningún miedo” de las eléctricas. Estas no ocultan su malestar por la discreción con la que se está cocinando el nuevo paquete de medidas, en el que se atribuye un papel destacado al director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal. “Si al final no dejamos a nadie contento, será buena señal”, ironiza un colaborador de Soria.