Cada español ya debe a las compañías eléctricas una media de 672 euros por el déficit tarifario

La población de España encoge a causa de la crisis, el déficit de tarifa sigue creciendo y, a la espera de la solución prometida por el Gobierno para taponar el monumental descuadre eléctrico, la deuda de cada ciudadano con las cinco grandes empresas del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Fenosa, HC Energía y E.ON) ya supera con creces los 600 euros por habitante.

Una operación muy sencilla, repartir el saldo total de la deuda eléctrica pendiente de pago entre la población española, da una idea el alcance del agujero, que ya supera con creces el rescate de Bankia. Si se divide el déficit acumulado, casi 28.000 millones de euros, entre la cifra de españoles residentes en el país (en 2012 aumentó en apenas 4.000 personas, hasta 41.586.202 habitantes), el resultado es una deuda de 672,7 euros por habitante.

La cifra no está muy lejos de los 1.173 euros que un hogar destina cada año a la partida de "electricidad, gas y otros combustibles", según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y ya supera los 645,30 euros mensuales a los que asciende el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, al igual que la tarifa doméstica de la luz, fija el Gobierno.

Si se reparte la multimillonaria deuda eléctrica entre la población total de España (incluyendo a los extranjeros), la derrama resultante ya roza los 600 euros: a 1 de enero de este año, España tenía 46.704.314 habitantes, según datos publicados esta semana por el INE, que ha certificado la primera caída en el censo (113.902 habitantes menos en un año) desde que hay datos oficiales (los registros abarcan hasta 1857). En resumen: la población cae, el déficit aumenta y la deuda per cápita con las eléctricas crece.

A finales de mayo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cifró en 26.062,5 millones de euros el déficit de tarifa pendiente de liquidar a 10 de mayo de 2012. De esa cifra, el 72,5% (18.914 millones) ya estaba en manos del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), el organismo dependiente del Tesoro español que se encarga de colocar en el mercado esa deuda para que las eléctricas la cobren; otro 15,48% estaba todavía en manos de las propias empresas y el 11,95% restante, en manos de terceros.

No obstante, esos más de 26.000 millones de euros no incluían la nueva deuda que se ha venido generando a lo largo de este año, por ser estas cuantías aún provisionales. Técnicamente, todavía no es déficit, sino un "desajuste temporal dentro del ejercicio" que la CNE deberá validar en su liquidación definitiva del ejercicio 2013, el año que viene. Cifras aún no definitivas, pero también multimillonarias, y crecientes, y que habrá que pagar a las eléctricas porque así lo dice la ley.

Desde enero hasta abril (último mes disponible por ahora), ese desajuste temporal ya sumaba otros 1.916 millones, lo que deja el agujero muy cerca de los citados 28.000 millones, casi un 3% del PIB de España. 

En puridad, el déficit es una deuda de los consumidores con las eléctricas; pero tiene el aval del Estado, que responde si hay 'default'

Está previsto que la CNE actualice mensualmente los datos del saldo del déficit del sistema eléctrico una vez se reanuden las emisiones del FADE, que no prevé volver a realizar nuevas colocaciones de deuda hasta después del verano, según dijo en mayo pasado el subdirector general de financiación y gestión de la deuda pública del Tesoro, Ignacio Fernández.

El déficit tarifario (desfase entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) es un disparate regulatorio que se explica por un cúmulo de factores que, en buena medida, pueden atribuirse a decisiones de la Administración: el más importante, la decisión, hace ya más de una década, de diferir a los consumidores futuros las subidas de la luz que los sucesivos Gobiernos no quisieron aplicar por su coste político; un espectacular incremento de los costes regulados, sobre todo a partir de 2005 (consecuencia, sobre todo, de la burbuja de instalaciones) y, en los últimos años, una caída de la demanda que nadie previó en su momento y que ha agravado el problema más si cabe.

En puridad, ese déficit es una deuda de los consumidores de electricidad con las empresas. Pero, como tiene el aval del Estado (es el que responde en caso de default), no es descabellado repartirla entre todos los súbditos del Reino de España. Con el sistema al borde de la quiebra, el Gobierno trabaja en la resolución del problema desde que llegó al poder, hace año y medio. Aunque había anunciado una solución para junio, ha tenido que retrasarla hasta el mes que viene por nuevas discrepancias entre los ministerios de Industria y Hacienda.

El Ejecutivo, que prepara una nueva subida de la luz para julio (en función de la subasta eléctrica de este martes, el repunte será del 1,2%), ha fijado para el próximo mes el esperado paquete legislativo que, en teoría, permitirá solventar un problema que convierte a España en una anomalía en el panorama mundial. Para mal, desgraciadamente.