La fotovoltaica, un fiasco de 9.000 millones de euros en primas

La aventura española en energía fotovoltaica podría resumirse en una frase: el país ha hecho el primo con las primas. La tarifa eléctrica (y, por ende, el consumidor) ha destinado cerca de 9.000 millones a subvencionar esta tecnología desde 2007, cuando arrancó su boom, sin grandes resultados, más allá de la experiencia aprovechada por otros países para no cometer los mismos errores que aquí: a escala mundial, el sector creció el año pasado con vigor, un 58%, hasta rozar los 70.000 megavatios (MW) instalados. De ellos, sólo 400 MW en España, que en enero decretó una moratoria para las primas para intentar contener el galopante déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico). De mantenerse el sistema actual de incentivos, estos superarán cuando acabe este año los 12.000 millones desde 2007.

Aunque algunos promotores y fabricantes nacionales, como la malagueña Isofotón, han conseguido mantenerse a flote gracias al negocio internacional, cinco años después del boom español, el balance es, y así lo reconocen en el propio sector, magro: no hay un tejido industrial relevante (el top mundial de fabricantes de paneles está copado por chinos y estadounidenses), el sistema eléctrico soporta la insostenible deuda del déficit (más de 25.000 millones), derivada en parte de las primas a la fotovoltaica, y apenas ha sido posible aprovechar el espectacular abaratamiento de los paneles, cuyo precio se ha desplomado un 60% desde 2008 y cuya eficiencia se ha duplicado desde entonces.

En 2008, con el precio de los componentes disparados por la escasez de silicio a escala mundial, se instalaron en España más de 2.700 megavatios (MW) fotovoltaicos, más que en ningún otro país del mundo en ese ejercicio. Ahora que se impone aplicar las recetas económicas alemanas, ese boom tuvo, paradojas de la vida, un origen teutón: la puesta en marcha de un sistema de tarifas garantizadas a largo plazo (25 años) del que Alemania había sido pionera.

La idea se importó de Alemania, pero con aportaciones españolas. Y llegó el pelotazo

Pero España decidió innovar, al aumentar el tamaño de las instalaciones con derecho a prima: al principio, sólo se primaban las de 5 kilovatios (kW); luego, las de 100; y se acabó fijando el límite en 50 MW, lo que hacía mucho más atractivas las plantas más grandes, tanto para promotores (menos costes y menos burocracia) como para los bancos que les financiaban. Y llegó el pelotazo.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero parecía ser consciente de la burbuja que se estaba conciendo: a mediados de 2006, un directivo del IDAE (dependiente de Industria) dejó caer que haría “un seguimiento estrecho” del aluvión de solicitudes de conexión de nuevos parques que llegaban por entonces y adelantó que haría “un análisis del sistema de primas”. En otras palabras, que podría haber un recorte. Pero no lo hubo, y en mayo de 2007, vía real decreto, se sentaron las bases del pelotazo. El recorte no llegaría (previo aviso) hasta septiembre de 2008, por lo que hubo tiempo más que suficiente para superar con creces (hasta casi multiplicar por diez) los 400 MW que contemplaba la planificación hasta 2010.

Miguel Sebastián, que debía conocer perfectamente la situación del sector (se le atribuye una influencia decisiva en el apoyo a las renovables, una de las señas de identidad del primer Gobierno Zapatero, durante su estancia en la Oficina Económica de Moncloa), arrancó su mandato en Industria consciente de la gestación de la burbuja, de la que además se estaban aprovechando los fabricantes extranjeros, que tomaron la delantera a los españoles. Intento pararla por todos los medios, incluso, con acusaciones de fraude (plantas que cobraban prima sin estar conectadas) de dimensión masiva que luego no se pudieron (o no se quiso) demostrar. 

Pero ya era tarde y el daño ya estaba hecho. Al boom, al que también contribuyeron las comunidades autónomas (que autorizaban la puesta en marcha de las instalaciones) se sumó prácticamente todo el mundo, desde empresarios del ladrillo que veían venir el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hasta futbolistas y gentes de la farándula, pasando por directivos de las propias compañías eléctricas. También los bancos, que tienen entre 15.000 y 20.000 millones en créditos concedidos a un sector para el que se prometían rentabilidades de dos dígitos y que, todavía en aquella era de crédito fácil, se apalancó en muchos casos por el 100% de la inversión.

Aunque ya se han anunciado parques sin prima, el autoconsumo, aún sin regulación, es la esperanza del sector

Hoy hay unos 4.200 MW instalados en España, que hasta junio han aportado un 3,4% de la electricidad y que tienen garantizada la prima por ley durante décadas.

Con la sobrecapacidad que actualmente soporta el sistema, no parece que a medio plazo el sector, que a cierre de 2011 daba empleo directo a unas 12.000 personas, según la patronal Asif (recientemente integrada en Unef), tenga demasiado margen para crecer. Aunque ya se ha anunciado la construcción de plantas sin derecho a prima tras la moratoria, el sector cree que el nicho está ahora más bien en la opción del autoconsumo, cuya normativa tiene pendiente aprobar desde hace meses el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Con Soria dedicado por entero, en un contexto económico de emergencia nacional, a la reforma energética con la que pretende acabar con el déficit tarifario (que ha provocado un sordo enfrentamiento con su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro), los promotores dicen que ya han soportado un recorte de su retribución del 30% con las medidas que adoptó Sebastián a 2010. Y algunos confían en que la tasa a la producción fotovoltaica (se baraja un 19%), se compense de alguna forma. Por ejemplo, derogando el recorte retroactivo de primas (hasta 2014) que decretó Sebastián, una medida que, por su carácter retroactivo, está en manos de un arbitraje internacional interpuesto por varios fondos extranjeros que ha comenzado a dirimirse a principios de este mes en Ginebra.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la asociación Anpier, dice que “el Gobierno está recapacitando” y confía en que el golpe se suavice. Este paisano del murciano Fernando Marti (secretario de Energía) dice que en ocasiones se presenta como “el presidente de todos los pardillos”, en alusión a los pequeños promotores a los que representa (más de 4.000, todos con una potencia inferior a los 100 kW) que, dice, son víctimas de una mala regulación. Admite que, durante el boom fotovoltaico, hubo una “falta de previsión” de cuánta potencia se instalaba y critica las “deficiencias y errores” de la normativa de entonces. Pero exculpa a los promotores. “¿Qué sabíamos nosotros?”, se pregunta.