Publicado: 11/01/2016 04:00
Nuevo portazo del Gobierno al Defensor del Pueblo. Y de nuevo proviene del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Departamento del Ejecutivo de Mariano Rajoy que más ha ninguneado las propuestas de la institución que dirige la también popular Soledad Becerril.
El ministro en funciones, José Manuel Soria, y su saliente secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, no han tomado en consideración a la hora de legislar ninguna de las propuestas del Defensor del Pueblo en temas tan sensibles como el hachazo renovable, el fracking (extracción de gas y petróleo no convencionales con sistemas de fractura hidráulica) o el autoconsumo.
El Real Decreto que regula la autoproducción de energía en los hogares, empresas e instituciones con placas solares fue aprobado el 9 de octubre pasado en su versión más favorable al oligopolio eléctrico, estableciendo cargos e impuestos así como multas de esperpento que hacen inviable este tipo de instalaciones a pequeña y mediana escala.
Soria y Nadal han rechazado de plano las propuestas de la institución que dirige la también 'popular' Soledad Becerril en temas tan sensibles como el hachazo renovable, el fracking o el autoconsumo
Y el Defensor del Pueblo, que trató de influir en Soria y Nadal para suavizar esta norma, se ha quejado de forma oficial por el ninguneo que ha vuelto a sufrir desde las dependencias de Castellana 160. En una carta de respuesta enviada al presidente de la patronal fotovoltaica Unef, Jorge Barredo, que pidió el amparo de Becerril ante el texto que pergeñaba Industria, esta institución reconoce que ha sufrido, por parte del Ministerio, "el rechazo a las recomendaciones que hemos formulado".
En concreto, el Defensor del Pueblo pidió al Gobierno que "en los casos en que el consumidor esté acogido a la modalidad de suministro con autoconsumo y no vierta a la red el excedente de energía producida: no establecer los peajes que gravan la producción de energía eléctrica para autoconsumo; y no establecer la obligación de registro administrativo".
Ninguna de las dos 'enmiendas' fueron tenidas en cuenta por el Ejecutivo, que finalmente llevó al Consejo de Ministros un texto de Real Decreto que apuntilla, ya desde sus inicios, este sistema para poder producir energía renovable desde las casas y evitar el pago del recibo de la luz a las compañías eléctricas tradicionales.
Becerril pidió a Industria que no fijara peajes para los hogares que no viertan energía sobrante a la red ni les obligara a someterse al registro administrativo. De nada ha servido
El Defensor del Pueblo, en línea con lo que le había pedido el sector renovable en general y el fotovoltaico en particular, había defendido que todos aquellos hogares que pusieran en marcha una instalación de placas solares para producir su propia energía no fueran gravados con "peajes", cargos o costes por estar conectados a la red eléctrica nacional. En definitiva, que a un simple hogar no se le cargara con costes más propios de una compañía eléctrica que vierte y obtiene electricidad del sistema.
Industria no aceptó la propuesta y ha mantenido estos cargos para todas las instalaciones de autoconsumo, aunque éstas no vierten su energía sobrante a la red.
Tampoco transigió el Ministerio con la recomendación del Defensor de no obligar a los autoconsumidores que no viertan energía a estar en el registro.
"La adopción de estos criterios contraviene las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que proponía que la imposición de cargos y obligaciones de registro no fuera el carácter aislado de la instalación sino la existencia o no de vertido de excedentes a la red", afirma esta institución en la carta fechada el 23 de diciembre pasado.
El Defensor del Pueblo se lleva las manos a la cabeza por el hecho de que un hogar con placas solares que no esté registrado pueda ser sancionado con multas que van de los 6 a los 60 millones de euros
El Defensor del Pueblo se queja de que "los consumidores acogidos a esta modalidad de autoconsumo habrán de pagar una cantidad fija en función de la potencia del sistema de autoconsumo, de manera que a su potencia contratada habrá de sumarse la potencia de la instalación de autoconsumo. Adicionalmente, los consumidores con potencias superiores a 10 kilovatios tendrán que pagar una cantidad variable por la energía autoproducida y autoconsumida.
La institución que dirige Soledad Becerril denuncia el desamparo de los pequeños productores solares ante la "obligatoriedad" de estar adscritos al registro administrativo. "El incumplimiento de la obligación de registro se considerará una infracción muy grave tipificada en el artículo 64.43 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico cuyo incumplimiento podrá ser sancionado con una multa de entre 6 y 60 millones de euros".
Finalmente, el Defensor del Pueblo confirma que ha mostrado su "disconformidad" con la redacción final del Real Decreto y asume "la finalización" de su infructuosa iniciativa en defensa de los autoconsumidores.
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