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La Audiencia Nacional retira la imputación del presidente de Damm por blanqueo y fraude fiscal

La Audiencia Nacional ha retirado este jueves la imputación del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, por su presunta colaboración en una trama fiscal en la que se acusa a su padre de defraudar a Hacienda 72,04 millones de euros y cometer un delito de blanqueo de capitales.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación del presidente del grupo cervecero Damm, Demetrio Carceller Arce. Así, quedan archivadas y sobreseídas las diligencias por las que el juez Pablo Ruz imputó al empresario el pasado mes de junio por delitos contra la Hacienda Pública. Anticorrupción había presentado escrito de acusación contra Carceller pidiendo catorce años de prisión.

Según Europa Press, que cita fuentes de la defensa de Carceller y su padre, Demetrio Carceller Coll, para quien se piden 48 años y seis meses por fraude fiscal, en otro auto de fecha 26 de diciembre, la misma sala dictamina que se han vulnerado los derechos de este último, hurtándole la posibilidad de presentar con tiempo suficiente un informe pericial de parte para que pudiera contrarrestar los hechos que se le imputan.

El pasado 4 de noviembre, Ruz impuso al expresidente de la cervecera Damm y a su hijo y actual presidente fianzas de 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas por las que podrían ser condenados como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.

Imputación tardía y extraña

En el auto dictado este jueves por los magistrados Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz-Polanco, la Sala estima los argumentos del abogado José Antonio Choclán y señala que "produce cierta extrañeza" que, aunque las actuaciones se iniciaran por Ruz en junio de 2009, Carceller Arce no fuera imputado junio de 2013.

"Tras el examen de lo actuado, resulta cierto de toda certeza que los datos consignados como inculpatorios tomados en consideración en dicho auto -6 de junio de este año- preexistían con notable anterioridad al mismo, sin que (...) se añadan otros datos novedosos (...) como resultado de ulterior investigación que permitieran la también novedosa imputación", señala el auto, recogido por Europa Press.

La resolución de la Sala añade que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 "se limitó a asumir la solicitud del Ministerio Fiscal sin sumar a sus alegaciones consideración alguna autónoma, de cosecha propia, seguramente por estimar (...) que ya se concretará la imputación y que es mejor dejar las cosas para el plenario (...)".

Situación del expresidente

Respecto de Carceller Coll, el auto recuerda el contenido de una resolución anterior dictada el pasado 26 de diciembre que estimaba parcialmente las alegaciones de éste y fija en dos meses el plazo de la prueba pericial que solicita presentar esta parte. Así, considera que "le fue dificultado el acceso a una diligencia esencial cual es la atinente al contraste de un informe elaborado por funcionarios (...) con otro informe pericial a instancia del ahora recurrente", una diligencia que contó con el visto bueno de Ruz, si bien se le dio un plzo "ciertamente exiguo en términos absolutos y relativos".

La Fiscalía hizo público en octubre su escrito de acusación por esta causa, en el que solicita la apertura de juicio oral contra los Carceller y dos personas más y se señala una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid. A esta responsabilidad deberían responder solidariamente según la Fiscalía, los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

El escrito de Anticorrupción detallaba que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España". Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de implicados.


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