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Dia paga 90 millones al Estado para zanjar litigios fiscales pendientes

El grupo de supermercados ha abonado 82,9 millones que el Fisco le reclamaba por el Impuesto de Sociedades de catorce ejercicios sobre los que tenía abiertas actas de inspección. El contencioso más antiguo data de hace ya 20 años. También desembolsa 4,68 millones por cuotas de IVA pendiente y 2 millones más en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social.

Una tienda Dia Fresh, el último formato de la cadena española.
Una tienda Dia Fresh, el último formato de la cadena española.

Los litigios fiscales entre las Administraciones públicas y las grandes compañías españolas son una constante en los últimos años, con resultados, a veces, desfavorables para las empresas. Es el caso de la cadena de supermercados Dia, que ha perdido un largo pulso con el Ministerio de Hacienda. La compañía que desde 2009 pilota Ricardo Currás ha abonado a las arcas públicas españolas cerca de 90 millones de euros en los dos últimos ejercicios por reclamaciones que, en algún caso, tenía pendientes desde hace ya 20 años. 

La mayor cuantía satisfecha, 82,9 millones de euros, corresponde al pago por actas de inspección que el Ministerio de Hacienda había abierto a la compañía por el Impuesto de Sociedades declarado en catorce ejercicios fiscales, los del periodo 1993-2002 y los comprendidos entre 2004 y 2007. 

La mayor parte, 68,4 millones, se ha satisfecho en el pasado ejercicio. El grupo, que perteneció a la francesa Carrefour desde 1999 hasta 2011, ha procedido "al pago de Actas de Inspección de Impuesto sobre Sociedades entre los ejercicios 1994 y 2002 por importe de 49.180miles de euros y correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006 por importe de 15.536 miles de euros", según su última memoria anual. También ha incluido "el pago de Actas de la Seguridad Social [no especifica por qué ejercicios] por importe de 2.056 miles de euros, así como el pago de 1.693 miles de euros correspondientes a otros riesgos legales".

La empresa tenía provisionados 134,4 millones por riesgos de este tipo en 2011; en 2012, la cifra cae a 70,5 millones

El resto corresponde al ejercicio 2011 y ya figuraba en la memoria de ese año: más de 22 millones de euros correspondientes al pago de actas de inspección por Sociedades de los ejercicios 1993, 1994, 1997 y 2007, por importe de 18,1 millones, y otros 4,6 millones por actas de inspección de IVA de los ejercicios 1995 y 1996.

Esas operaciones no han impactado en los resultados del grupo de distribución, porque ya tenía provisionadas esas cuantías. A 31 de diciembre, el saldo de provisiones por riesgos derivados de las actuaciones inspectoras de la Administración ascendía a 70,5 millones, frente a 134,4 millones de diciembre de 2011 y 159,3 millones un año antes.

El grupo, con una trayectoria bursátil ascendente desde su salto al parqué (en julio de 2011), anunció la semana pasada un beneficio neto de 190,1 millones en 2012, un 60,4% más, gracias, en buena medida, el desempeño del mercado ibérico.

El beneficio neto ajustado aumentó un 19,3%, hasta 159,3 millones. Esta partida, la que más destacó la compañía, excluye los distintos elementos no recurrentes: otros gastos e ingresos por reestructuración, deterioro y reestimación de vida útil, resultados procedentes de inmovilizado, actas fiscales y resultados financieros excepcionales, así como las operaciones interrumpidas y su correspondiente impacto fiscal.

Con un modelo de negocio basado en la proximidad al cliente, precios ajustados y una apuesta muy consolidada por la marca blanca (supone el 55% de sus ventas), Dia se ha erigido, junto con Mercadona, en el gran ganador de la actual crisis en España. Opera en ocho países (España, Portugal, Argentina, Brasil, Turquía, China y Francia) y al cierre de 2012 tenía 47.396 empleados (19.043 de ellos en España).

Los pagos ahora abonados no tienen, según la compañía, relación con otro contencioso que mantiene Hacienda con Norfin Holder, sociedad de cabecera en España de Carrefour, el expropietario de Dia. El Ministerio le ha levantado actas por importe de 366 millones de euros por el impuesto de Sociedades, según informó el mes pasado El País.


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