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La Generalitat acudirá al Constitucional porque la Ley Eléctrica invade competencias del Estatut

El Gobierno catalán dará luz verde el próximo martes a la presentación de un nuevo recurso de inconstitucionalidad, en este caso contra la Ley Eléctrica, por excederse en su marco de actuación y cercenar las competencias del Estatut.

Artur Mas y Mariano Rajoy, con un grupo de empresarios en Barcelona.
Artur Mas y Mariano Rajoy, con un grupo de empresarios en Barcelona. EFE

El Gobierno catalán, en su reunión del próximo martes, dará luz verde a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos de la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en el Congreso el pasado 19 de diciembre.

La Generalitat considera que seis artículos y la disposición final segunda de la Ley impulsada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP y con casi todo el arco parlamentario en contra, invaden competencias que corresponden a Cataluña en virtud del Estatut.

Esta conclusión se extrae del dictamen 7/2014, emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias el jueves pasado, según el cual los artículos 9, 40, 43.5, 46, 51 y 52.4, así como la disposición final segunda, exceden las competencias estatales e invaden algunos preceptos del Estatut.

La Generalitat tiene ya sobre la mesa un dictamen que determina que seis artículos y la disposición final segunda de la Ley son contrarias a la Constitución y al Estatut

Según las fuentes cercanas a la Generalitat consultadas, "con este dictamen sobre la mesa solo queda esperar al próximo martes para que el Govern apruebe la presentación del recurso de inconstitucionalidad. En la reunión del pasado martes, éste se quedó a las puertas de ser aprobado, después de que se diera luz verde a cuatro recursos ante el TC contra las leyes estatales de unidad de mercado, política local, educación y evaluación ambiental. El Govern dejó el recurso contra la Ley Eléctrica para la semana que viene".

El Consejo de Garantías Estatutarias vela por que las disposiciones del Gobierno y del Parlamento nacional, por un lado, y del Ejecutivo catalán y el Parlament, por el otro, se adapten tanto a la Constitución como al Estatut.

Es el órgano consultivo al que acude el Ejecutivo de Artur Mas para estos menesteres y así lo hizo a finales de enero, ante la sospecha de que la Ley del Sector Eléctrico "excede" la competencia estatal y "no deja margen para el desarrollo normativo que puede aprobar la Generalitat por sus competencias asumidas" en virtud del Estatut, señalaron entonces fuentes del Gobierno catalán.

El Gobierno catalán cree que la Ley del Sector Eléctrico excede la competencia estatal y "no deja margen para el desarrollo normativo que pueda aprobar la Generalitat por sus competencias asumidas"

Y así ha sido, al menos según el criterio del Consejo, que considera que estos artículos son contrarios a la Constitución y al Estatut. Se trata de artículos que hacen referencia a la competencia de la Generalitat para autorizar instalaciones de generación eléctrica superiores a 50 megavatios, al autoconsumo, a la actividad de las empresas distribuidoras, a la resolución de conflictos de conexión de red o a los supuestos de suspensión de suministro, entre otros aspectos.

El resto de artículos de la Ley, es decir la mayoría, no son contrarios ni a la Constitución ni al Estatut. En la presentación de los últimos cuatro recursos de inconstitucionalidad aprobados este martes, el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, aseguró que estas cuatro normas "ponen e de manifiesto una reforma encubierta de la Constitución, por la puerta de atrás, para irnos desnudando respecto a la posibilidad de decidir en cuestiones del mundo local, educativas, lingüísticas, económicas y sobre el medio ambiente".

En cuanto a los temas energéticos, el Govern no se queda en el recurso que presentará la semana pasada y ayer mismo pidió al Consejo de Garantías Estatutarias un informe sobre el Real Decreto de distribución eléctrica, aprobado en diciembre en Madrid, por su posible inconstitucionalidad.


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