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Los grandes despachos, a la espera de conocer la reforma del código penal para acogerse o no a la amnistía fiscal

Los asesores legales de los evasores quieren conocer qué seguridad jurídica tendrán aquellos que regularicen su situación acogiéndose a la amnistía. Podrán saberlo cuando se conozca la reforma, prevista para mediados del mes que viene. 

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Casi todo el mundo da la amnistía fiscal por amortizada, sobre todo después de conocerse los primeros datos oficiales sobre recaudación, que mostraron una cantidad testimonial de dinero acogido a esta ventana de perdón tributario. Pero la historia está lejos de haber terminado. La reforma del código penal anunciada por el Gobierno incluirá modificaciones que otorgarán la seguridad jurídica al contribuyente para que regularice su situación mediante este modelo. Será entonces cuando los asesores legales y financieros darán luz verde a sus clientes para que repatríen el dinero. La reforma deberá ver la luz, evidentemente, antes del 30 de noviembre, fecha en la que vence el plazo para acogerse a la amnistía. Se prevé que sea en el ecuador de noviembre.

El debate sobre la amnistía, por tanto, no ha terminado ni mucho menos. Los despachos legales fueron los verdaderos impulsores en la sombra de este proceso, informando veladamente al Gobierno del elevado número de clientes con necesidades de repatriación de dinero y haciendo ver con insistencia al Ejecutivo de las bondades que tendría para la economía un retorno de capitales a cambio del perdón fiscal.

El proceso de lobby continúa, sin el menor disimulo, además. El pasado 18 de septiembre, tuvieron lugar unas jornadas sobre “Regularización fiscal en curso”, un seminario celebrado en el Consejo General de la Abogacía, dirigido a “Asesores fiscales, contribuyentes, abogados y funcionarios de la Hacienda Pública”. En dicho evento se trataban asuntos como “Regularización y exoneración de responsabilidades penales y administrativas” y participaban de firmas como Garrigues, Cazorla, la Asociación Española de Asesores Fiscales, la Agencia Tributaria, y, como entidad más llamativa, Equipo Económico, entidad fundada en su día por el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

A finales de mes habrá otra similar, organizada por el Instituto de Fomento Empresarial (IFE) y el despacho Pérez Llorca, titulada “Reforma del código penal en materia de delitos económicos”, con cuestiones como “El alcance de las responsabilidades de los delitos contra la Hacienda Pública”, “Cuestiones prácticas sobre las complementarias y amnistías fiscales”, “Consecuencias de la reforma del delito fiscal” o la significativa “Aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias”. Participa también el despacho Clifford Chance.

Es por algo

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que “el Gobierno no estaría trabajando en esta reforma penal que ofrece más garantías jurídicas a los que se acojan si no tuviera la seguridad de que será por algo”. Como quedó dicho en la explicación de la reforma en el Congreso, “se considera que la regularización de la situación tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria y así se refleja en la nueva redacción del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la legalidad la desaparición del reproche penal”.

¿Qué se espera una vez presentada la reforma y presentadas las garantías para los evasores? Que en un periodo de 2-3 semanas se adopte la decisión de regularizar, algo que se puede hacer con enorme rapidez en el caso de que todo sea mediante vía bancaria y algo ligeramente más complejo si se trata de rembolsos de inversiones financieras o dinero efectivo.

El interés de los despachos por ofrecer garantías jurídicas a sus clientes reside en que muchos de ellos necesitan recuperar efectivo para afrontar la crisis. Ese dinero salió en tiempos de la burbuja y ahora hace falta.

Podrán hacer todo eso sin el riesgo de que en un futuro, sus datos lleguen a manos de un juez e instruya diligencias contra ellos. Ocurrió ya en la anterior amnistía, decretada por el Gobierno socialista en los años 90, cuando una juez de Barcelona intentó investigar los fondos de inversión con pagarés emitidos para facilitar ese lavado de dinero. Ahora, “si Hacienda entiende que se ha regularizado, no tiene que pasar el asunto al juez, porque desaparece el motivo mismo para entender que hay delito”, aclaran las fuentes.


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