Las marcas de alimentos imponen sus criterios a los supermercados sobre la bocina de la legislatura

Sobre la bocina de la legislatura, el Ministerio de Agricultura capitaneado por Isabel García Tejerina ha aprobado el 'Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria', un texto que ha generado gran polémica entre los principales agentes de la cadena alimentaria durante los últimos dos años. Se trata de un código de 29 páginas y adscripción voluntaria que ha sentado muy mal en las empresas de distribución, pues el lobby de los fabricantes de alimentos (Promarca) había instado a introducir unos cambios que dieran, según su punto de vista, algo más de equilibrio a una situación en la que los grandes supermercados discriminarían sus productos respecto a los productos de marca blanca o marca del fabricante. Para dos de las tres patronales de distribución (Anged y ACES, representantes de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Lidl o Supercor) estos puntos del código son inaceptables y por ello no han firmado el acuerdo, dejando a la patronal controlada por Mercadona (Asedas) como la única que sí lo ha firmado.

Promarca ha conseguido, tras una dura negociación, que varios de los puntos a su propuesta acaben presentes en el texto final. Esta asociación tiene la peculiaridad de que desde un principio oculta cuáles son sus miembros, por lo que sólo nos permite especular sobre ello: ¿Nestlé, Campofrío, Danone, Mondélez?

Los criterios que esta asociación ha conseguido incluir en el código son varios. Por ejemplo el no traspaso del riesgo desde los distribuidores hasta los proveedores "imponiendo un requisito de financiación de las actividades empresariales propias a la otra parte contratante", algo que según asegura su presidente Ignacio Larracoechea vienen haciendo en los últimos tiempos. Otro punto pide que los operadores "se comprometan a no utilizar o ejecutar amenazas, ni imponer condiciones o exigencias injustificadas como condición para la obtención de ventajas comerciales". Por último, el tercer punto que gusta a la industria alimentaria es relativo a la gestión de categorías, que será "más leal" según sus propias palabras. Las categorías son los grupos de productos diferenciables y homologables entre sí en una tienda. Por ejemplo, 'frutos secos' o 'perfumería'.

El código intenta que los supermercados no puedan aprovecharse de las creaciones de la industria o confundir copiando su nombre o su formato

Esta gestión de las estanterías o los lineales viene generando polémica durante mucho tiempo ya que las marcas acusan a los distribuidores de reservarles los peores sitios en la 'góndola' (así se llama también a las estanterías), además de subir sus precios de forma arbitraria, lo cual hace que el consumidor opte por la marca blanca o de distribución. En el código no firmado por Carrefour, Alcampo, Lidl y otros se dice que hay que evitar comportamientos desleales, "como la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales, que no se conceden a compradores similares. Los operadores gestionarán las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia". También pide a los supermercados e hipermercados que no copien los productos de la industria para provocar confusión: "No se hará un aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena, así como la que constituya publicidad ilícita por reputarse desleal mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación o en la publicidad del producto o servicio, de cualesquiera elementos distintivos que provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador o con marcas o nombres comerciales de otro operador".

Los distribuidores dicen 'no'

Estas medidas propuestas por Promarca tenían como principal objetivo a Mercadona, sin duda la empresa que más ha crecido con la crisis mientras reducía su surtido de marcas un 30% y aumentaba los productos propios. En el caso de otros establecimientos, como los hipermercados de Carrefour y Alcampo, el problema para las marcas era mucho menor. Sin embargo, curiosamente la patronal de Mercadona ha sido la que ha firmado el código mientras que Anged y ACES no lo han hecho, si bien han dado libertad a sus asociados para adherirse si así lo desean.

Además, algunas de las peticiones más polémicas de las marcas, que plantearon que los supermercados e hipermercados tuvieran que incluir un mínimo de innovaciones de los fabricantes, estableciendo una cuota segura para sus productos, nunca llegó a aceptarse sobre todo después de un informe de Competencia (que fue consultada este verano sobre la posibilidad o no de intervenir en esto junto a otras cosas) que negaba esta opción: un distribuidor es el dueño y señor de su espacio y lo distribuye como quiere, vino a decir. Además de supermercados como Mercadona, Lidl o Aldi que trabajan sobre todo con marca propia, otros muchos como AhorraMás o supermercados más pequeños prefieren pasar de la marca propia. Para su estructura, es mucho más cómodo y beneficioso nutrirse de las marcas de los fabricantes, las enseñas de toda la vida.

Para el Ministerio era de importancia estratégica aprobar el código antes de las elecciones, y al final se ha hecho sobre la bocina aunque desde hace muchos meses el acuerdo estaba a punto de cerrarse. Fuentes próximas a las reuniones aseguraron a Vozpópuli que todo estaba previsto para aprobarse antes del verano. Pero la intervención de Economía en la época estival reescribió parte del texto, para algunos agentes "empezamos de cero de nuevo". Por ello, se ha llegado casi al inicio de la campaña electoral con esta situación en la que Tejerina ha tenido que actuar y aprobar un texto aún sin la unanimidad de las partes. Al ser un código voluntario, no hay coerción en su aplicación, aunque todos los protagonistas coinciden en que "cuando el Gobierno te invita a hacer algo por fuerza, nadie quiere quedarse fuera".

El objetivo del texto, al igual que el de la ley de la cadena, es dar más transparencia a las relaciones entre los distintos agentes que forman el sector agroalimentario. Aunque las tensiones entre industria y distribución han protagonizado su redacción, también establece puntos interesantes para aplicar entre agricultores, ganaderos, cooperativas y otros agentes de este sector, uno de los más dinámicos en España y que no ha parado de crecer en esta legislatura.