Publicado: 09/10/2015 15:03
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha considerado "por unanimidad" que la readmisión de los trabajadores afectados por el ERE en la planta de Fuenlabrada (Madrid) de Coca-Cola Iberian Partners fue "regular" y, por lo tanto, da la razón a la compañía. El auto de la AN considera que la embotelladora "mantiene milimétricamente las categorías profesionales, los salarios y horarios que tenían los trabajadores antes de que la fábrica se convirtiera en centro logístico".
Según la AN, los trabajadores "han logrado todos los objetivos posibles como son los empleos, los salarios y los horarios"
La Audiencia ha dado así respuesta a los sindicatos CCOO y UGT, que pretenden que los trabajadores sean admitidos en sus centros de trabajo de Asturias, Palma de Mallorca y Alicante, así como la reposición de la actividad productiva en Fuenlabrada. La Sala ha recordado que la ejecución de la sentencia de junio pasado "no puede abstraerse de la realidad empresarial existente, así como de la conducta de la empresa condenada".
Los magistrados han resaltado la clara disposición para la pacificación del conflicto de Coca-Cola en un "proceso que ha cumplido escrupulosamente la ejecución provisional de la sentencia que permitió a la Sala concluir con éxito un proceso ejecutivo complejo y extremadamente laborioso".
Ha añadido que los trabajadores de esa factoría "han logrado todos los objetivos posibles como son los empleos, los salarios y los horarios, y aunque se han modificado sus funciones se ha producido dentro de los límites de la movilidad funcional ordinaria y constituye la solución más razonable para la liquidación de conflicto".
Conflicto de más de un año
Coca-Cola Iberian Partners, compañía resultante de la integración de las siete embotelladoras de la multinacional en España, ejecutó en abril de 2014 un ERE que afectó a 821 trabajadores de los 1.190 previstos.
En junio de ese año, la Audiencia Nacional declaró nulos los despidos de los trabajadores que no se adhirieron a las medidas de bajas voluntarias, vinculadas al cierre de las fábricas deFuenlabrada (Madrid), Mallorca, Alicante y Asturias. El fallo consideró que no se informó correctamente a los sindicatos de los planes de reestructuración de la compañía y que se trasladó la distribución de producto de las plantas en huelga a otras en activo.
En abril de 2015, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la embotelladora contra la sentencia de la Audiencia Nacional, por considerar que vulneró el derecho a la huelga, y confirmó la nulidad del despido colectivo. En julio, la Audiencia ordenó a la empresa que en un plazo de tres días repusiera a los empleados en sus puestos de trabajo.
Un mes después, Coca-Cola Iberian Partners anunció la reapertura de la planta de Fuenlabrada como centro de operaciones industriales y logísticas, en cumplimiento de la sentencia del Supremo.
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