Publicado: 08/05/2015 14:24
Save Venice, empresa administrada por Ricardo Fernández Gil, marido de la Viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Elena González-Moñux, ha elaborado informes de auditoría facturados a Campus de la Justicia de Madrid, la empresa controlada por la Comunidad de Madrid creada en 2005 para la construcción de un complejo de edificios administrativos en Valdebebas. González-Moñux, incluida en la lista con la que Cristina Cifuentes concurre a las elecciones autonómicas que se celebran este mes, firma las cuentas de los tres últimos ejercicios de Campus de la Justicia.
La empresa del marido de la Viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid ha facturado sus informes de auditoría y asesoría sobre Campus de la Justicia al despacho de Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid, de acuerdo a las fuentes consultadas. Los informes se han elaborado en ejercicios en los que Campus de la Justicia no tenía ya ningún empleado y estaba en proceso de liquidación.
González-Moñux sostiene que su "expareja" realizó solo trabajos puntuales para Campus de la Justicia
Eduardo Fernández de Blas confirmó ayer a Vozpopuli que su despacho ha sido contratado por Campus de la Justicia aunque precisó que ahora no le "consta que siga trabajando". Fernández de Blas indicó que él ha participado en procesos judiciales en los que se vio envuelta la sociedad controlada por la Comunidad de Madrid, pero que sobre informes de auditoría subcontratados no tiene noticia. "En asuntos judiciales sí que he trabajado, pero para trabajos de auditoría yo no tengo poderes, puede que se subcontraten, pero no le puedo decir", señaló en una conversación telefónica.
Elena González-Moñux precisó a Vozpopuli que lleva dos años separada de Ricardo Fernández Gil. La viceconsejera de Justicia indicó que ayer había hablado con su "expareja" y que este le había admitido que había trabajado para Campus de la Justicia, pero que se trata de "trabajos puntuales" por los que recibió en total 5.000 euros. González-Moñux aseguró que no sabía que la empresa de su expareja había trabajado para Campus de la Justicia hasta que este medio le comentó la información, ayer por la mañana.
Vozpopuli ha accedido a facturas, que no han podido ser cotejadas, que suman cerca de 50.000 euros por trabajos de auditoría realizados por Save Venice para Campus de la Justicia a través del despacho de Fernández de Blas. González-Moñux, en una conversación mantenida con este medio ayer en una cafetería situada en el centro de Madrid, advirtió que según su expareja dichas facturas podrían ser falsas y que extrabajadores de Save Venice tratarían de perjudicar a la empresa falsificando dichos documentos. Las fuentes consultadas sostienen que la cifra total ingresada por Save Venice por los trabajos realizados para Campus de la Justicia son mucho mayores a los 50.000 euros.
Save Venice fue constituida en 2007 con el objeto social de la adquisición, explotación, administración, gestión y enajenación de bienes inmuebles. Vozpopuli contactó ayer con la empresa de Fernández Gil y trasladó el motivo de la llamada, sin que se obtuviera respuesta.
Cuentas ocultas hasta diciembre de 2014
La Comunidad de Madrid creó Campus de la Justicia de Madrid en el año 2005 para desarrollar un complejo, en Valdebebas, que integraría los juzgados, tribunales y servicios de la administración de la Justicia competencia de la comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid ha destinado al proyecto, tal y como explica la compañía en sus cuentas, 0,5 millones en la constitución de la sociedad; ha aportado dos fincas valoradas una en 37,2 millones y otra en 6,8 millones; y ha realizado tres aportaciones dinerarias de 8,28 millones de euros cada una entre 2009 y 2011. El pasado mes de febrero llevó a cabo una nueva ampliación de capital valorada en 20,6 millones de euros; en total, más de 90 millones de euros.
Campus de la Justicia no ha presentado las cuentas de sus ejercicios 2011, 2012, y 2013 hasta el pasado mes de diciembre, a las que ha accedido este medio. Fueron formuladas el 29 de julio de 2014 y firmadas por, además de Elena González-Moñux, Salvador Victoria (consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid); José María Rotellar (Viceconsejero de Hacienda y Política Económica); Elena Collado Martínez (Directora General de Gestión de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, nombrada directora de Función Pública, dependiente de Hacienda, el pasado mes de noviembre); y Raimundo Herráiz Romero (al frente de la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid).
De todos los edificios previstos construir sólo se edificó uno, valorado en 16,8 millones
De acuerdo a las cuentas depositadas en Registro Mercantil por la sociedad controlada por la Comunidad de Madrid, en 2013 Campus de la Justicia perdió 0,74 millones, y otros 3,2 millones en 2012. Las mismas cuentas explican que desde 2010 el proyecto estaba paralizado y que contaba al término del ejercicio 2013 con un fondo de maniobra negativo de 12,2 millones de euros. La compañía llegó a quedarse sin fondos para pagar a proveedores. Como explica la empresa en sus cuentas de 2013 la Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó el 27 de diciembre de 2012 ampliar capital en 20,6 millones para hacer frente a las deudas adquiridas con sus proveedores.
El proyecto se paralizó en 2010 y el 17 de julio de de 2012 el consejo de administración de la empresa decidió proponer su disolución. "Desde ese momento se está realizando todo lo necesario para proceder a la liquidación", dicen las cuentas de 2013.
De todos los inmuebles previstos construir en el complejo de la Ciudad de la Justicia sólo se ha edificado el destinado a albergar el Instituto de Medicina Legal, que nunca ha llegado a ocuparse. Según las cuentas de 2013 de Campus de la Justicia, en diciembre de ese año fue tasado dicho edificio y se valoró en 16,8 millones, contabilizando la sociedad una pérdida procedente del Inmovilizado Material por 1,6 millones. En la actualidad el proyecto se ha reactivado al haberse puesto en marcha un concurso público para reiniciar la construcción del complejo.
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