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La Ciudad de la Seguridad, nuevo fiasco de Ana Botella que supondrá 10 millones de gasto para Madrid

La Policía Municipal se niega a irse a la nueva sede al observar graves faltas de seguridad en el proyecto, para el que no se le consultó. Tras gastar más de 8 millones en la obra principal, el Ayuntamiento seguirá pagando el costoso alquiler que quería ahorrar.

Las obras de la Ciudad de la Seguridad, una nueva polémica del Ayuntamiento de Madrid
Las obras de la Ciudad de la Seguridad, una nueva polémica del Ayuntamiento de Madrid Vozpópuli

Uno de los proyectos estrella de Ana Botella como alcaldesa de Madrid, la llamada Ciudad de la Seguridad, se le vuelve en contra a modo de despedida del cargo que abandonará en breve, justo antes de las elecciones municipales de finales de mayo. El traslado de los efectivos de la Policía Municipal a una sola sede, con el correspondiente ahorro de los costosos alquileres de las dependencias que ocupan en la actualidad, ha quedado en suspenso debido a las notables fallas de seguridad que presenta el proyecto. La necesidad de realizar trabajos adicionales para cubrir los defectos demorará el traslado y el ahorro de algo más de cinco millones de euros al año pretendido por el Consistorio se transformará en más de 10 millones de costes adicionales.

Una cantidad a la que hay que sumar la inversión de algo más de ocho millones de euros en la construcción de la Ciudad de la Seguridad, adjudicada en su día a la UTE compuesta por Edhinor y Molina, cuyos trabajos están a punto de finalizar. El traslado de la Policía Municipal estaba previsto para el próximo mes de junio o de julio, como más tarde.

Sin embargo, la mudanza tendrá que esperar aún un tiempo que todavía no está estimado pero que no será precisamente corto, con lo que la citada inversión servirá, de momento, para aprovechar el edificio tan sólo en un 20% aproximadamente.

El problema radica en que el diseño de la Ciudad de la Seguridad, situada en la Casa de Campo, no cuenta con una serie de condiciones de seguridad que la Policía Municipal reclama y más desde el atentado de París contra la sede del semanario Charlie Hebdo, que ha colocado en el centro de la diana del terrorismo yihadista a estos cuerpos de seguridad.

Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que los responsables del cuerpo echan en falta aspectos tan simples como la instalación de un cerramiento perimetral del edificio, que con el diseño actual resulta demasiado accesible para tratarse de un inmueble que alberga una sede policial. El diseño tampoco incluía en su día el asfaltado de los accesos, que también deberán llevarse a cabo en una segunda fase que retrasará el traslado de los efectivos policiales a la Ciudad de la Seguridad y provocará que el Ayuntamiento, es decir, todos los madrileños, tengan que seguir costeando los elevados alquileres de las dependencias en las que se encuentran en la actualidad.

Un nuevo proceso licitador

Las citadas fuentes señalan que el Consistorio no contó en ningún momento con la Policía Municipal para el diseño de las instalaciones de la Ciudad de la Seguridad, aunque el 80% del espacio está destinado al cuerpo (el resto es para albergar a los servicios de emergencias que, de hecho, ya se encuentran ubicados en el inmueble). El enfado de los afectados se hizo patente en la visita oficial a las obras que llevó a cabo el Ayuntamiento, en el que no hubo representación de la Policía Municipal.

Los retrasos provocados por estas circunstancias vienen dados porque para proceder a realizar las necesarias reformas sobre el proyecto original, el Ayuntamiento ha partido de cero, con lo que en la actualidad se encuentra en el proceso para licitar la redacción del proyecto para introducir las mejoras oportunas y posteriormente deberá llevar a cabo un nuevo concurso para adjudicar las correspondientes obras.

Además, todos estos trámites se están dirigiendo sorprendentemente desde la Concejalía de Urbanismo, aunque fue la de Patrimonio y Hacienda la que se encargó del proyecto de la Ciudad de la Seguridad desde el principio.

No obstante, las carencias del diseño original del proyecto podrían haberse solventado de una forma mucho más rápida, lo que hubiera repercutido en un mayor ahorro por parte del Ayuntamiento. Al tratarse en realidad de trabajos menores, cuyo coste no supera en ningún caso el 50% del contrato original, la Ley permitiría al Consistorio considerarlos como obras complementarias y, por lo tanto, adjudicarlos a la UTE Edhinor-Molina sin necesidad de proceder a un nuevo concurso y con la ventaja de ahorrar mucho tiempo y dinero.

Pero no ha sido el caso. El proceso burocrático apenas se ha puesto en marcha y se verá paralizado por el fin de la legislatura, la celebración de las elecciones municipales y autonómicas y la posterior composición del nuevo equipo de Gobierno, que tendrá que resolver una nueva herencia envenenada y costosa.


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