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Europa, con España a la cabeza, ya lidera los nuevos casos de arbitraje en el Banco Mundial

Un informe del Banco Mundial arroja un dato demoledor: uno de cada tres de los nuevos casos de arbitraje internacional se producen en la Unión Europea 28. El rejón a las renovables ha colocado a España como el país desarrollado con más demandas en Washington.

Los recortes a las renovables en España han desatado una oleada de denuncias.
Los recortes a las renovables en España han desatado una oleada de denuncias. G3ONLINE

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha registrado en su último año fiscal 40 nuevos casos de arbitraje, tres menos que en el ejercicio anterior cuando se alcanzó el récord histórico. De esta forma, el organismo, dependiente del Banco Mundial, administró 209 casos en el último curso, la cifra más elevada en sus casi 50 años de vida y 14 más que el año precedente, según recoge el último Informe Anual 2014.

Europa Oriental y Asia Central se mantuvieron en el último año como la región del mundo donde más arbitrajes se iniciaron, con 10 casos, lo que representa una cuarta parte (el 25%) del total. Este porcentaje es inferior al 33% de 2013. En esta área, Uzbekistán y Hungría registraron dos casos, respectivamente, y Bulgaria, Chipre, Croacia, Ucrania, Montenegro y Bosnia Herzegovia, uno cada uno.

Mientras, Europa Occidental protagonizó el aumento más relevante, abarcando el 20% de los casos, frente al 7% del año anterior. En total, se abrieron ocho arbitrajes. A este incremento ha participado fundamentalmente España, que con seis es el país del mundo con más casos abiertos en el ejercicio fiscal 2014. Francia e Italia, completan la lista, con uno cada uno.

Europa Occidental protagonizó el aumento más relevante, abarcando el 20% de los casos, frente al 7% del año anterior

De esta forma, la Unión Europea 28 acaparó el 32,5% de los nuevos arbitrajes (13 de 40). Todos los iniciados en España se deben a las diferetes fases de la reforma energética que han asestado un duro hachazo de más de 1.700 millones de euros a la retribución de las energías renovables y han sembrado la incertidumbre jurídica en el sector.

Con estos seis casos, España tiene ocho demandas en el Ciadi en marcha, una cifra que le coloca sólo por detrás de Venezuela (27), Argentina (16) y Egipto (12). Es, por tanto, el país de la UE con más recursos en proceso, por delante de Hungría, que suma siete, Croacia, con tres, Grecia, Rumanía, Eslovenia, Polonia y Bulgaria, con dos, y Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Chipre, Letonia y Eslovaquia, que tienen una cada uno. Acapara prácticamente la cuarta parte de las 35 presentadas en Europa y aún abiertas.

Según refleja el último Informe Anual del Ciadi, también destaca el incremento de litigios en África Subsahariana, que ha pasado de representar el 9% de los casos al 20%, es decir, como Europa Occidental, con 8 procesos: Gambia dos, y Camerún, Madagascar, Malí, Nigeria, Sudán y Uganda, uno.

Oriente Medio y África del Norte abarcaron el 15% (seis) de las nuevas demandas: Egipto, cuatro, y Jordania y Túnez, una cada uno. Mientras, América del Sur ha visto reducida significativamente la cifra, al pasar de representar el 26% en 2013 a sólo el 7% en el último año. Son tres casos, repartidos entre Venezuela (2) y Perú (1).

España tiene ocho demandas en el Ciadi en marcha, una cifra que le coloca sólo por detrás de Venezuela (27), Argentina (16) y Egipto (12)

Centroamérica y El Caribe registraron también tres demandas: Costa Rica, Panamá y El Salvador. En Asia Oriental y del Sur y Pacífico, sólo una, en Guinea Papúa, y en América del Norte igualmente una, en México. En esta región, el año pasado no hubo ningún caso nuevo.

El sector de petróleo, gas y minería mantuvo su posición predominante, con el 35% de casos registrados en el ejercicio fiscal 2014 (frente al 30% de 2013). El 30% de las demandas se produjeron en electricidad y otros tipos de energía, lo cual refleja un incremento de 25 puntos. El 17% de los casos concirnieron a una variedad de industrias, tales como comercio minorista, manufactura textil y servicios de váucher (18% el año anterior).

La industria de la construcción, el sector financiero, y los sectores de informática y comunicaciones ocuparon el 5% cada una, frente al 7%, el 14% y el 5%, respectivamente, del curso precedente. El caso restante se refirió a agua, cloacas y actividades de protección contra inundaciones (dos en el último ejercicio).

De los casos nuevos, la gran mayoría (22 casos) invocaron la jurisdicción del Ciadi con base en un tratado bilateral de inversiones (TBI). Mientras, se plantearon 10 casos de conformidad con el Tratado de la Carta de Energía (TCE), lo que representa un incremento significativo comparado con el ejercicio fiscal anterior, en que sólo se registró uno. En este ascenso contribuyó especialmente España, con seis denuncias. Asimismo, en otros ocho casos los inversionistas invocaron la jurisdicción del Ciadi al amparo de contratos de inversión, y en cinco casos se basaron en leyes de inversión.

La última demanda que recibió España en el tribunal del Banco Mundial fue a principios de agosto la del grupo Renergy, propiedad de la familia mexicana de ascendencia cántabra Gómez-Sainz y que estará defendida por Cuatrecasas y Gonçalves Pereira. Este despacho también representa al fondo internacional Infrared Capital Partners, que presentó una demanda contra la reforma del ministro de Industria, José Manuel Soria, el pasado 3 de junio.

Unos días antes, el 23 de mayo, el gigante estadounidense NextEra, había hecho lo propio. Y el 11 de febrero lo hizo la firma de inversión estatal de Abu Dhabi Masdar Solar, que participa en Torresol. Su defensa la ejercita Allen & Overy, que también asesora al fondo vinculado a BNP, Antin Infraestructure Services Luxembourg, a RREEF Infraestructure, otro fondo ligado al Deutsche Bank, y al británico Eiser. Las tres presentaron sus demandas a finales de 2013.

Al margen de las siete demandas contra el recorte a las renovables, el Ciadi también tiene pendiente un recurso de arbitraje contra el Reino de España que Inversión y Gestión de Bienes (IGB) e IGB Las Rozas 18 presentaron en julio de 2012 por unas inversiones inmobiliarias en el Ayuntamiento de Las Rozas. Fue la segunda denuncia contra España en Washington. La primera fue la que realizó el argentino Emilio Agustín Maffezini en 1997 por una inversión que hizo en una empresa distribuidora de productos químicos.


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