Publicado: 24/04/2014 04:00
El Gobierno parece haber tomado buena nota de la reciente experiencia como avalista del contrato de ampliación del Canal de Panamá, adjudicado al consorcio liderado por Sacyr, y que estuvo cerca de ser ejecutado por el cliente con el consiguiente efecto negativo para la garantía. Una nueva normativa sobre cobertura de riesgos de proyectos en el exterior contempla la creación de un fondo de reservas que palie los efectos negativos que puedan tener para las arcas del Estado cualquier contingencia en los contratos.
La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, aprobada por las Cortes el pasado martes, supone en realidad una apertura del mercado de los seguros de crédito a la exportación cuando se cuenta con un aval público. Hasta ahora, tan sólo Cesce podía gestionar el seguro del Estado, pero la situación cambia ante la posibilidad de que esta compañía deje de ser de titularidad pública.
Además de contemplar esta circunstancia, la normativa incluye una disposición adicional en la que prevé la creación de fondo de reserva, que no cuantifica, y que servirá para facilitar la gestión de los recursos que se pondrán a disposición de la compañía que gestione el aval.
El conflicto entre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como consecuencia de los sobrecostes de la ampliación de la vía interoceánica puso en peligro el aval concedido en su día por España, a través de Cesce, para el afianzamiento de la garantía del contrato, que está gestionada por Zurich American.
Luchas internas en el Gobierno
Después de que GUPC detuviera los trabajos, la ACP amenazó con tomar el control de las obras y ejecutar las garantías en manos de Zurich, lo que hubiera provocado la pérdida de los avales concedidos por Cesce, se iban por encima de los 170 millones de euros.
Posteriormente, GUPC y la ACP alcanzaron un principio de acuerdo que implicaba que la garantía de Zurich fuera utilizada como prendas para lograr nueva financiación, lo que implicaba un cambio en la naturaleza del aval del Estado y un mayor riesgo.
Esta circunstancia provocó un enfrentamiento entre los ministerios de Economía y Hacienda en el que tuvo que mediar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
La creación del agente gestor
La nueva normativa establece que será un agente gestor, que no tendrá por qué ser público, el encargado de asumir el papel que hasta ahora tenía en exclusiva Cesce y que, en virtud de la Ley, seguirá teniendo durante los próximos ocho años.
La labor del agente gestor será controlada por una comisión de riesgos por cuenta del Estado, compuesta por miembros del Gobierno. Este organismo desempeñará las funciones que hasta ahora hacía la comisión del consejo de administración de Cesce.
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