Publicado: 11/03/2016 04:00
Fue uno de los hombres más poderosos del Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Ignacio González. Consejero de presidencia y número uno del Canal de Isabel II, su carrera política comenzó a truncarse con el estallido de la ‘trama Púnica’, que investiga la presunta financiación irregular del PP regional. Tras un breve paréntesis tras las elecciones autonómicas, Salvador Victoria inicia su actividad en la empresa privada con su propio despacho de asesoría, por lo demás situado en un lugar más que estratégico: frente a la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova.
Victoria inscribió hace unas semanas la sociedad Activate2 Advisory, cuyo objeto consiste en la prestación de “servicios administrativos de asesoramiento, creación, desarrollo y gestión de negocios”, según reza en el Registro Mercantil. La actividad de Victoria en el Gobierno regional estuvo muy relacionada con los negocios, especialmente cuando en septiembre 2012 se convirtió en el número dos del Gobierno regional tras el relevo de Esperanza Aguirre por Ignacio González en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Fue entonces cuando también pasó a presidir el Canal de Isabel II, todo un poder fáctico en Madrid, una rara avis dentro de las empresas públicas por su elevada rentabilidad y suculentas inyecciones de dinero a las arcas del Gobierno regional en forma de dividendos.
Las actividades no principales que se incluyen en el objeto social de la consultoría de Victoria está muy relacionadas con su imputación en la trama Púnica
Sin duda, excelentes mimbres para asesorar en materia de negocios, precisamente un área conectada con los motivos que le asocian con el proceso judicial que se sigue a raíz de la ‘trama Púnica’.
Además de la situación física de su consultoría, otro de los aspectos que llama la atención de la nueva sociedad de Victoria es el catálogo de actividades no principales que se incluyen en su objeto social: “promoción, marketing directo, relaciones públicas, gabinete de prensa”… materias muy relacionadas con su imputación en la Púnica.
Precisamente, el juez Eloy Velasco investiga la pertenencia de Salvador Victoria al círculo de influencias trazado alrededor de Alejandro de Pedro Llorca, considerado como el presunto conseguidor de la ‘operación Púnica’ y cuyas empresas fueron contratadas para mejorar la imagen en internet de varios cargos políticos. Según sospecha el magistrado, con dinero público.
El juez instructor, que imputó a Victoria varios delitos de corrupción como prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude, entiende que el exconsejero de la Comunidad de Madrid concedió un trato de favor a De Pedro mediante la concesión de contratos de reputación ‘online’ a sus mercantiles. Entre las actividades que realizaban, se encontraba la de generar noticias positivas sobre varios cargos públicos del Partido Popular para camuflar las informaciones que consideraban negativas. Lo hacían a través de técnicas como la creación de ‘periódicos zombis’ que se constituían exclusivamente para eliminar de la primera página del buscador de Google asuntos polémicos, como los artículos referidos al ático en Marbella del presidente del gobierno regional, Ignacio González, o al cheque guardería que recibió su consejera de Educación, Lucía Figar.
En la declaración que prestó ante el juez el hermano de Alejandro de Pedro, Adrián, aseguró que el Canal de Isabel II, presidido entonces por Salvador Victoria, se utilizó para realizar pagos ficticios a las empresas del conseguidor por los servicios prestados a Ignacio González y a los dos consejeros dimitidos. Este testimonio lo corroboró la encargada de la contabilidad de una de las empresas especialistas en reputación ‘online’, Guadalupe Caballero, a quien le informaron de que la deuda que habían contraído las empresas de De Pedro con la Comunidad de Madrid, de 140.000 euros, iba a ser sufragada por citado Canal de Isabel II.
Se sospecha que Victoria está relacionado con tres supuestos pagos en negro que ascienden a alrededor de 120.000 € y que el Gobierno autonómico habría reclamado a Indra
El juez también investiga a Victoria por los presuntos pagos ilícitos a Indra o a empresarios a los que sospecha que contrató, con cargo a las cuentas de la Comunidad de Madrid, para que realizaran sondeos de intención de voto en municipios en los que el PP tenía un especial interés en conocer su posición entre el electorado. Algunas de las constructoras implicadas en este asunto obtuvieron contratos públicos en esas localidades tras prestar este servicio al partido que ostenta el Gobierno autonómico.
Tal y como recoge el sumario de trama Púnica, se sospecha que el exnúmero 2 de Ignacio González está relacionado con tres supuestos pagos en negro que ascienden a alrededor de 120.000 euros y que el Gobierno autonómico habría reclamado a la compañía Indra. Es más, José Martínez Nicolás, antiguo consejero delegado de la Agencia Informática de Comunicaciones (ICM) aseguró en su comparecencia ante el juez que Victoria le pidió que reclamara a Indra que saldara la deuda de 10.000 euros que mantenía con una de las empresas de Alejandro de Pedro.
Durante la instrucción de la trama por parte del juez Velasco, Victoria trató de aferrarse a su condición de aforado para anularla. Las fiscales Anticorrupción del caso se opusieron en su día al recurso presentado por el ex consejero de Presidencia para anular la instrucción de la causa “por sentirse perturbado en su anterior estatuto de aforado”. En un duro escrito, las fiscales cargaban contra la protección jurídica de la que disfrutan cargos políticos en España por el “abuso que en beneficio propio” han hecho de ella “nuestras autoridades”.
De este modo, la actividad de Salvador Victoria como consultor no va a estar precisamente exenta de alicientes, a la espera de conocer su situación definitiva en relación con la trama.
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