Caos en las obras del AVE: parones, retrasos y rescisiones en el 96% de los contratos

Sea quien sea (y cuando sea) quien asuma el Gobierno de España tendrá que afrontar con urgencia los graves problemas que rodean el desarrollo de la red de alta velocidad. La tensión entre el Adminstrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y los grupos constructores encargados de llevar a cabo las obras es tal que, en la actualidad, la mayoría de los contratos en vigor presentan graves problemas. Y esa mayoría es bastante absoluta: nada menos que un 96%. Todo ello en una cartera de obras que se aproxima a los 12.000 millones de euros.

Así, de los 150 contratos que están actualmente en marcha en el entorno de la alta velocidad ferroviaria, 144 se encuentran en una situación complicada. En algunos casos, las obras presentan considerables retrasos que hacen imposible cumplir con los plazos estipulados en la licitación (y con los objetivos políticos en cuanto a las fechas de inauguraciones y llegada del AVE a las ciudades). En otros tantos, los trabajos están detenidos sine die. Y, en último término, comienzan a proliferar las rescisiones de los contratos, producto de una situación que se considera insostenible y sin posible solución.

En su día, los problemas de liquidez de Adif fueron los causantes de que las constructoras se plantaran y decidieran no dar un paso más si no percibían al menos una parte de la factura que la compañía pública tenía pendiente de pagar, que se fue por encima de los 700 millones de euros. Hoy, los obstáculos económicos subsisten pero, a ellos, se suman los técnicos y los relacionados con los recientes escándalos surgidos en torno a la corrupción en los contratos del AVE, que ha dado lugar a operaciones policiales como las denominadas ‘Yogui’ y ‘Grizzlie’.

Buena parte de la paralización de los contratos viene derivada precisamente de que las constructoras están desechando recurrir a la ya célebre figura del modificado, al que consideran demonizado porque siempre aparece en los citados episodios de investigaciones judiciales.

Sin embargo, en muchas ocasiones los proyectos sobre los que posteriormente tienen que trabajar las compañías presentan múltiples deficiencias, que sólo pueden solventarse mediante la realización de un modificado.

Proyectos deficientes

Una situación que han denunciado en repetidas oportunidades las patronales de ingeniería. Especialmente activa en este terreno ha sido Fidex, que ha alertado habitualmente de que las licitaciones de Adif para proyectos de alta velocidad en lo que a ingeniería se refiere se habían convertido en auténticas subastas, procesos en los que el precio es el único criterio que se sigue para la adjudicación. De ahí que muchas de ellas se hagan con bajas que superan el 65%.

De aquellos barros, estos lodos. Las ingenierías han denunciado que en estas circunstancias es imposible realizar un estudio de una calidad mínima para después ejecutar las obras sin incidencias. Los problemas aparecen a la mínima y, de un tiempo a esta parte, las constructoras no recurren al modificado. Directamente, paran las obras y esperan soluciones por parte de Adif.

Si esas soluciones no llegan, el camino emprendido por las compañías es el de la rescisión de los contratos, una circunstancia que está provocando la progresiva judicialización del desarrollo de la red de alta velocidad.

Se ha hablado especialmente del AVE a Galicia y al País Vasco pero, en realidad, los problemas afectan a todos los proyectos en curso. Y la prueba más evidente es el grado de ejecución presupuestaria de la filial de alta velocidad de Adif, que desde su puesta en marcha, en 2013, apenas sobrepasa el 40%.

Acusaciones de chantaje

Desde el Ministerio de Fomento se acusa, eso sí, en privado, a las constructoras de chantaje. El departamento considera que las empresas quieren poner todas las condiciones a su favor y utilizan como herramienta el retraso o la paralización de los trabajos para poner en peligro las fechas previstas para la inauguración de las líneas o la llegada del AVE a determinadas provincias.

Con todo, la guerra está servida. En estas condiciones, promesas como el fin del AVE a Galicia en 2018 se convierten en poco menos que quimeras. Trabajo, mucho trabajo aguarda a quien porte la cartera de Fomento a partir de quién sabe cuándo. De ese cuándo también dependerá en buena medida el futuro de la red de AVE aún por desarrollar.