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La Comunidad de Madrid se embolsa casi 300 millones desde 2012 con el dividendo del Canal de Isabel II

El Gobierno que preside Ignacio González ha encontrado su particular maná para explotar y combatir así los efectos de la crisis mientras que el Canal de Isabel II se ha visto obligado a emitir bonos para amortizar deuda y evitar una cascada de vencimientos.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid y ex presidente del Canal
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid y ex presidente del Canal GTres

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no ha encontrado petróleo en el territorio que gobierna pero sí un equivalente que, además, no precisa de polémicas prospecciones: el Canal de Isabel II. La compañía pública ha reportado al Gobierno regional la nada despreciable cifra de 286 millones de euros en los últimos tres años, merced a una política de dividendos que, precisamente, potenció González en su etapa de número 2 de Esperanza Aguirre, cuando además era presidente de la compañía.

Las cifras cobran protagonismo en estos días, cuando el Canal de Isabel II prepara la primera emisión de bonos de su historia, una operación que le permitirá afrontar vencimientos superiores a los 350 millones de euros que llegarán en los próximos meses y evitar, de este modo, tensiones de tesorería. Una situación peculiar, toda vez que la compañía es notablemente rentable, como prueba el beneficio de 210 millones de euros que registró en 2013 y que lleva camino de repetir en 2014.

Sin embargo, la mayor parte de estas ganancias no han ido a parar a la amortización parcial de la deuda ni tampoco a incrementar la cifra de inversiones para la mejora del servicio. En los últimos tres años, en torno al 70% del beneficio de la gestora del Canal de Isabel II ha sido destinado al pago de un suculento dividendo del que la Comunidad de Madrid es el principal beneficiario, toda vez que ostenta algo más de un 82% del capital de la compañía.

Desde 2012, los dividendos aprobados por el Canal de Isabel II suman 345 millones de euros que, además, también han echado una mano al Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con un 10% de la empresa, a algo más un centenar de municipios de la Comunidad de Madrid, que se reparten el 7% restante.

Más deuda con entidades financieras

Precisamente, la peculiaridad del dividendo es uno de los factores que ha alimentado la polémica en torno a la necesidad de emitir bonos por parte de la compañía. Su presidente, Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad, defendió en su día en la Asamblea que la operación permitiría reducir el peso de las entidades financieras en la deuda de la empresa y, por lo tanto, abaratar los costes.

Sin embargo, a lo largo de 2014 la gestora del Canal de Isabel II no ha dejado de recurrir a la banca en busca de financiación. De acuerdo con la documentación facilitada a los mercados con ocasión de la emisión de bonos, la compañía ha obtenido créditos por valor de 142 millones de euros de tres entidades: Deutsche Bank, BNP Paribas y HSBC. Curiosamente, las dos últimas participan en la emisión de bonos como liquidador e intermediario, respectivamente.

Victoria también aclaró que el grueso de los 500 millones de euros que se pretenden captar con la primera emisión de bonos del programa de renta fija (que presenta un volumen máximo de 1.000 millones) se destinará a cancelar deuda ya existente.

Los ingresos de la compañía se han incrementado en los últimos años, en los que los usuarios han experimentado en sus carnes una subida del recibo por encima del IPC, cuestión que ha sido justificada por los responsables del Canal como una consecuencia de las inversiones que deben acometer para mejorar el servicio y que deben repercutir, por mandato de la Unión Europea, en la factura.

La sombra de la privatización

Este conjunto de circunstancias ha hecho que la operación de los bonos haya generado polémica. La necesidad de nuevas inversiones se sufraga con el recibo pero no con los beneficios generados por la compañía, la mayoría de los cuales van a parar a las arcas de los accionistas, todos ellos Administraciones Públicas.

Como trasfondo también figura el frustrado proceso de privatización emprendido al inicio de la presente legislatura, que fue precisamente el germen de la creación de la empresa gestora del Canal. La oposición y organizaciones contrarias a la entrada de capital privado en la compañía han acusado al Gobierno de Ignacio González de llevar a cabo una privatización encubierta con la emisión de bonos.

Por otro lado, la gestora del Canal de Isabel II sacará sus bonos con la calificación de las agencias Fitch y Moody’s. Ambas han situado a la compañía en el grado de inversión, aunque tan sólo dos tramos por encima del grado especulativo, lo que se conoce coloquialmente en el mercado como bonos basura.


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