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El Gobierno se topa con su propia norma: imponer decisiones a la CNMC es ilegal

La ley que creó la CNMC impide expresamente que el Gobierno imponga o influya en las decisiones del regulador. El PP choca con esta norma al tratar de condicionar las medidas que prepara el organismo en el sector telecos.

José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía.
José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía.

El escándalo provocado por la moción que ha propuesto el PP en el Senado para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pliegue a los intereses de Telefónica puede dar al traste con la propia iniciativa.

Según las fuentes consultadas, el Grupo Parlamentario popular se está planteando retirar una moción que sería ilegal si llegado el caso condiciona cualquier decisión que pudiera llegar a tomar el regulador sobre la conveniencia o no de obligar al operador dominante a compartir su red de fibra óptica con sus competidores.

El artículo 3 (Independencia funcional y relación con las entidades públicas y privadas), de la Ley 3/2013 de creación de la CNMC, determina claramente que "ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada".

Cualquier instrucción que provenga, por ejemplo del Senado si sale adelante la moción del PP, contravendría este artículo de la Ley, que deja claro que "la CNMC actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial".

El artículo 3 de la Ley determina que "ni el personal ni los miembros de los órganos de la CNMC podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada"

El artículo 2 (Naturaleza y régimen jurídico) también incide en ese línea: "La CNMC está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial".

Queda claro en el articulado de la ley que dio carta de realidad al propio regulador que no es posible hacer recomendaciones e indicaciones de entidades públicas o privadas. "Es un intervencionismo tan anacrónico y se ha planteado de forma tan explícita (moción en el Senado) que sería fácil de tumbar en cualquier instancia judicial española y desde la propia Unión Europea", afirma un experto en Derecho de Competencia consultado.

La norma sí estipula "la colaboración (de la CNMC) con otros órganos" y reconoce "las facultades de dirección de la política general del Gobierno ejercidas a través de su capacidad normativa". Más allá de aquí, cualquier intento de control por parte del Gobierno o de un partido político sobre las decisiones de la CNMC es perseguible judicialmente.

El Grupo popular en el Senado se está replanteando la idoneidad de sacar adelante una moción tan polémica

Desde su nacimiento en octubre, el regulador que preside José María Marín Quemada ha estado sometido al escrutinio de la opinión pública, dado que nació bajo un halo de sospecha de control gubernamental del que aún no se ha desprendido del todo.

En el caso del nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones, la CNMC ha sacado a consulta pública una propuesta, que no será aprobada antes del verano, en la que propone que el operador mayoritario, Telefónica, abra su red de fibra óptica a terceros para facilitar la competencia.

La operadora no ha tardado en reaccionar a la propuesta, amenazando con recortar fuertemente sus inversiones, con el impacto que eso tendrían en la generación de empleo prevista con el desarrollo y tendido de las nuevas redes de telecomunicaciones.

El PP se ha alineado con las tesis del grupo de telecomunicaciones y ha querido influir en el trabajo de la CNMC desde sede parlamentario, lo que ha levantado duras críticas desde diferentes flancos políticos y, por supuesto, desde el resto de operadores alternativos.


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