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Un consejero de la CNE pide “transparencia y debate” para eliminar el déficit tarifario

“Es lo que no está habiendo”, lamenta Tomás Gómez San Román, miembro del consejo del regulador energético desde 2011 a propuesta del PSOE. Dice que no hay “certidumbre” sobre unos 5.000 millones que el Estado debe aportar este año para tapar el agujero eléctrico.

Tendido eléctrico.
Tendido eléctrico.

Reducido, en su opinión, a un mero “debate entre grupos de interés” antagónicos (eléctricas tradicionales y empresas de energía renovable), el del déficit tarifario es un problema “muy complejo” del que depende nada menos que “la continuidad del sistema” eléctrico; si no se arregla de aquí a 2014, “no mucho más”, dicha continuidad “peligra”. Y para arreglar el desaguisado eléctrico, “se necesita transparencia y debate, que es lo que no está habiendo”. 

Es el punto de vista de Tomás Gómez San Román, consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que este lunes ofreció una charla sobre La sostenibilidad del sector eléctrico: Retos y Recomendaciones, organizada por la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Universidad Pontificia de Comillas ICAI  en la que afirmó que el Ejecutivo “tiene toda la razón” cuando sitúa el déficit tarifario como el principal problema del sector, pero advirtió de que no hay “certidumbre” sobre el futuro de cerca de 5.000 millones de euros que este año deben aportar las arcas públicas a la resolución del déficit.

De esa cuantía, 2.200 millones corresponden a un crédito extraordinario para sufragar las primas a las renovables que actualmente tramita el Congreso; otros 1.600 millones, al extracoste de los sistemas extrapeninsulares (que también deben aportar los Presupuestos del Estado) y el resto, a ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2, cuya cotización se ha desplomado en los últimos meses. “Habrá que ir viendo cómo se consolidan estos ingresos”, dijo.

A juicio de Gómez, una de las principales causas del déficit, con el consumo eléctrico cayendo en picado, es la sobrecapacidad del sistema. Recordó que “la que paga la electricidad es la demanda”, cuyo último récord data de 2007. “Las cosas hubieran ido bien si la demanda hubiera seguido creciendo un 4,4% anual”, como ocurrió entre 1997 y 2007, pero esa tendencia “se quebró con la crisis” y desde entonces los costes regulados, los que fija el Gobierno, que suponen un 57% del total y en los que se genera el déficit, “han tenido un crecimiento espectacular”.

El antiguo profesor universitario, muy vinculado a ICAI, del que fue vicerrector (“Es mi casa”, dijo), y vocal de la CNE desde mayo de 2011 a propuesta del PSOE, pidió “ortodoxia regulatoria”, evitar la interferencia política al fijar las tarifas y que los peajes de acceso (costes regulados) crezcan “hasta donde sea necesario”, considerando “dónde pueden crecer y sobre qué categoría de consumidores”. También apostó por acotar los costes de las renovables, el transporte, la distribución y las extrapeninsulares. “No se pueden seguir pagando más inversiones si no son necesarias y la demanda no crece”, dijo. Y añadió: “Nos están hipotecando para los próximos años y a este ritmo no podremos seguir pagando la factura”.

El regulador presentará una propuesta eléctrica que sólo compute al transporte y la distribución entre los costes regulados

El consejero de la CNE avanzó que el regulador ultima una propuesta de tarifa eléctrica que ofrecería discriminación horaria a todos los consumidores con el objetivo de fomentar un consumo más eficiente, dado que en España la demanda se gestiona "bastante mal" al existir enormes diferencias entre los periodos de más consumo (punta) y baja demanda (valle).

La propuesta prevé limitar los costes regulados recogidos en la tarifa a dos, el transporte y la distribución eléctrica, que son "los únicos que deberían estar" en los peajes, según Gómez, y que se distribuirían en función de los niveles de tensión contratados. Fuentes del regulador creen que el consejo de administración de la CNE aprobará esa propuesta a mediados del mes de mayo. Posteriormente, se sometería a consulta pública.

Gómez, que no suele prodigarse en público, deslizó alguna crítica hacia el Ministerio de Industria (el actual y el anterior), el “líder natural” en este proceso, al lamentar que la trayectoria de los diferentes equipos sea “poco participativa”. “Visto lo visto se mueven por aspectos muy de corto plazo, que son muy urgentes”.

Preguntado por el proyecto de fusión de los reguladores, consideró que las actuaciones que realice la futura dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no van a ser “muy diferentes” de las que actualmente desempeña la CNE, pero reivindicó la labor del actual consejo y expresó su temor a que por un “expertise” insuficiente o “falta de tiempo” su aportación se pueda “perder” en el futuro consejo de la CNMC.

También instó a “no jugar con las instituciones; si hago un proyecto [de reforma de los reguladores] y dentro de tres años lo vuelvo a cambiar, es lo peor que nos puede pasar”, concluyó.


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