Publicado: 24/10/2012 03:50
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prepara la guinda al clamor de reacciones negativas que ha suscitado la denominada reforma energética, el paquete de impuestos al sector eléctrico anunciado a mediados de septiembre pasado por el Gobierno tras una larga y tortuosa gestación.
La patronal ultima la publicación de una breve nota cuyo contenido aún no está cerrado y que tratará de aunar las diferentes sensibilidades en el seno de la organización. La nota, que aún está pendiente de ser refrendada por sus órganos de gobierno, resumirá su posición sobre el proyecto de ley para la Sostenibilidad Energética, coincidiendo con la finalización del plazo de enmiendas a esa norma en el Congreso, que este martes ha vuelto a ampliarse hasta el próximo jueves.
Sin llegar a la contundencia expresada por la patronal eléctrica Unesa, cuyo presidente, Eduardo Montes, ha tachado el impuestazo de “expropiación” en conversaciones con altos cargos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la CEOE dejará clara su preocupación por los efectos de los nuevos impuestos en la competitividad de la industria española, a la que el Gobierno dice considerar clave para dejar atrás el modelo económico basado en el ladrillo.
La patronal se ha pronunciado a favor de revisar la multitud de costes no asociados a la energía que pesan sobre la tarifa eléctrica
La organización que preside Juan Rosell (que es consejero de una de las mayores eléctricas españolas, Gas Natural-Fenosa), partidaria de un pacto de Estado en política energética que garantice una hoja de ruta a largo plazo y evite los vaivenes regulatorios del pasado, se ha pronunciado con anterioridad a favor de revisar la multitud de costes no asociados a la energía que soporta la tarifa eléctrica (la más importante, las primas a las energías renovables), y que han contribuido a disparar el denominado déficit tarifario, cuya erradicación persigue el Gobierno.
La CEOE se hará así eco de una petición de todos los sectores empresariales, que temen que el alza de costes que traerá consigo la reforma merme todavía más su capacidad para competir. El sector más combativo hasta ahora ha sido la industria, que desde principios de este mes ha puesto en marcha una amplia campaña publicitaria en prensa para tratar de que el Gobierno escuche sus reclamaciones.
El anteproyecto de ley diseñado al alimón por Industria y Hacienda, que pretende recaudar más de 2.700 millones de euros, incluye un impuesto genérico del 6% a todas las fuentes de generación, un impuesto a la energía hidráulica, dos impuestos nucleares y la aplicación del denominado céntimo verde al gas natural, carbón y gasóleo. Unesa ha cifrado el impacto para la generación eléctrica tradicional en unos 1.800 millones.
Algunas fuentes especulan con la posibilidad de que se rebaje esa tasa general a cambio de elevar otras partidas. En el grupo parlamentario popular dan por hecha la presentación de alguna enmienda que matice el texto, al que han presentado enmiendas a la totalidad PSOE, PNV e IU.
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