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Bruselas pide a España que explique las ventajas fiscales acordadas individualmente con varias multinacionales

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La Comisión Europea ha pedido este lunes a España y a otros 14 países que le entreguen resoluciones tributarias individuales concedidas a multinacionales, en el marco de la investigación que lleva a cabo para determinar si constituyen ayudas de Estado al otorgar ventajas selectivas a determinadas empresas. En paralelo, ha dado un mes a Estonia y Polonia para informarle de sus prácticas con respecto a esas resoluciones tributarias, conocidas también como tax rulings, después de que estos dos países rehusaran responder completamente a peticiones anteriores. Si no entregan la información que falta dentro de 30 días, la Comisión puede denunciarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión solicita información específica sobre un "número sustancial" de decisiones individuales adoptadas para multinacionales

Las solicitudes anteriores a Estonia y Polonia fueron enviadas por la CE cuando amplió su investigación sobre las resoluciones fiscales en diciembre de 2014 a todos los Estados miembros, después de que iniciara las pesquisas en junio de 2013. La investigación pretende aclarar si las resoluciones fiscales pueden constituir ayudas de Estado, al otorgar ventajas fiscales selectivas a multinacionales de las que no se benefician los competidores, y permitir a la CE tener una "visión informada" sobre las prácticas de todos los países miembros.

Solicitud motivada

Con excepción de Estonia y Polonia, todos los Estados miembros han cooperado y aportado la información completa solicitada. En base a esta información recibida, la Comisión pide ahora a España y otros 14 países información específica sobre un "número sustancial" de decisiones individuales adoptadas para multinacionales.

El Ejecutivo comunitario no ha querido aclarar de qué empresas o de qué sector se trata y únicamente ha revelado que se trata de entre 5 a 10 resoluciones de media solicitadas por cada país y que no se trata de una selección aleatoria de Estados miembros sino de una solicitud motivada por información que maneja.

La CE pide resoluciones individuales a Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y Suecia. Todos deben responder igualmente en un plazo de un mes.

El hecho de que Bruselas pida esta información detallada no implica que se abran investigaciones individuales sobre eventuales ayudas de Estado concedidas a las empresas beneficiarias.

Apple, Starbucks, Amazon...

La Comisión investiga cinco casos donde teme que las decisiones podrían constituir ayudas de Estado. En junio de 2014 abrió una investigación sobre las ventajas aplicadas a Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda y a Fiat Finance & Trade en Luxemburgo. En octubre del año pasado abrió por su parte otra investigación sobre Amazon en Luxemburgo.

Bruselas analiza si acuerdos fiscales individuales otorgan una ventaja selectiva a una empresa que sus competidores no tienen

La Comisión analiza si acuerdos fiscales individuales otorgan una ventaja selectiva a una empresa que sus competidores no tienen, en violación de las normas comunitarias.

Más recientemente, en febrero pasado, la CE también decidió estudiar el régimen fiscal de Bélgica, el cual permite a grupos empresariales reducir sustancialmente sus pasivos en el impuesto de sociedad en base a una decisión sobre "beneficios excesivos".

Las resoluciones tributarias son aplicadas por muchos Estados miembros y en sí no constituyen un problema legal, pero sí moral y ético, al ser confidenciales y servir a las empresas solicitar por adelantado a un país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar y obtener a menudo ventajas. El problema surge cuando una resolución otorga, intencionadamente o no, un trato preferencial a ciertas compañías y facilita la planificación fiscal agresiva.

Las decisiones que ofrecen, por ejemplo, un bajo nivel impositivo en un Estado miembro pueden alentar a multinacionales a trasladar sus beneficios allí, generando importantes pérdidas en ingresos tributarios en otro país miembro.

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