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Natixis vuelve a disparar contra Joaquín Rivero y desencadena el concurso de Bami

Bami se convirtió la semana pasada en, por el momento, la última compañía del sector inmobiliario en pasar por los juzgados de lo mercantil para solicitar el concurso de acreedores. La compañía presidida y participada por Joaquín Rivero, expresidente de Metrovacesa y de la francesa Gecina, se ha encontrado con un obstáculo difícil de salvar: la furibunda y radical negativa del banco de inversión galo Natixis a participar en la refinanciación de la deuda de la compañía.

Un escenario que le resulta muy familiar a Rivero, tanto que, en este caso, no ha tenido ninguna duda del camino a seguir. Hace justamente un año por estas fechas, el empresario jerezano ya había pedido el preconcurso de acreedores para su sociedad patrimonial Alteco, a través de la que controla una participación del 16% en Gecina. Y por idéntico motivo.

A la hora de refinanciar el préstamo sindicado de la sociedad, Rivero puso de acuerdo a doce de las trece entidades financieras que lo conformaban. La excepción fue Natixis, que no dio su brazo a torcer tampoco durante los cuatro meses del preconcurso, con lo que finalmente Alteco tuvo que declararse en suspensión de pagos. 

Fuentes del sector inmobiliario señalaron a Vozpópuli que Natixis rechazó cuantas propuestas llegaron a su mesa. "La situación ha sido exactamente la misma que hace un año. Por extraños motivos, Natixis ha convertido a Rivero en un particular 'casus belli' y además ha contado con el apoyo de la inflexibilidad de la legislación española", indicaron en relación al hecho de que la refinanciación debe salir adelante con el visto bueno del 100% de los acreedores.

Al corriente de pago de intereses 

Como ocurría con Alteco, Bami está al corriente de pago de los intereses de la deuda y negociaba actualmente la refinanciación del préstamo sindicado que firmó con tres entidades (Eurohypo, Natixis y Banco Popular) para iniciar su nueva etapa, en 2007 tras el acuerdo de separación de Metrovacesa.

En virtud del mismo, Rivero y su socio Bautista Soler canjeaban su participación en la inmobiliaria española por un paquete de acciones de Gecina y accedían, además, a una serie de activos inmobiliarios situados en la zona norte de Madrid (entre ellos, la denominada ciudad Renault, la actual sede del fabricante francés de automóviles en Madrid).

Con esos activos, Rivero recuperó el nombre de Bami, que había desaparecido tras la fusión de la antigua inmobiliaria controlada por el empresario jerezano con Metrovacesa (que quedó como denominación de la entidad resultante) e inició una andadura en el mercado patrimonialista que ha desembocado en una empresa con una cartera de 127.000 metros cuadrados en alquiler, con una ocupación del 90% y con unos ingresos recurrentes por rentas de 25 millones de euros anuales.

Sin embargo, Natixis ha administrado a Bami la misma medicina que a Alteco: la negativa en redondo a la refinanciación. Y la ley española es inflexible en este aspecto, o todos los acreedores están de acuerdo o la refinanciación no sale adelante.

El papel de Gecina

En este caso, Rivero ni siquiera ha agotado la vía del preconcurso y ha optado directamente por la antigua suspensión de pagos, presentada ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que ha fijado una serie de medidas cautelares para garantizar la viabilidad de la empresa.

La francesa Gecina es la principal accionista de Bami, con una participación del 49% adquirida precisamente cuando Rivero presidía la compañía francesa. En un escueto comunicado de prensa, Gecina ha recordado que su inversión en Bami está provisionada por completo, por lo que no tiene influencia en su balance, y que desde hace tiempo no tiene peso alguno en la empresa española pese a la relevancia de su paquete accionarial.

No obstante, la situación es especialmente incómoda para Gecina por las turbulencias que en el mercado generan situaciones como éstas, como ya le sucediera en el caso del concurso de las instrumentales de Rivero y Soler, que desataron rumores de todo tipo sobre el destino de unas participaciones que, por ahora, permanecen en manos de los empresarios españoles. 

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