Publicado: 14/12/2017 04:05
La macroventa inmobiliaria de BBVA a Cerberus tiene un último escollo que superar: la Generalitat de Cataluña. El próximo Gobierno catalán que salga de las urnas tendrá en sus manos quedarse con miles de activos inmobiliarios adjudicado del banco, si ejerce el derecho de tanteo que le brinda el Decreto-ley 1/2015 de la Generalitat.
Las elecciones de la próxima semana suman incertidumbre a este proceso firmado a finales de noviembre, con el que BBVA quiere traspasar 14.000 millones en activos inmobiliarios a Cerberus en una operación valorada en 5.000 millones.
La ausencia de un Gobierno catalán tras la aplicación del artículo 155 hace que sea poco probable que la Generalitat haga uso de su derecho de tanteo inicialmente.
Pero tanto BBVA como Cerberus están muy atentos a lo que ocurran en las elecciones de la próxima semana. Al Proyecto Marina (como se conoce a la operación) le vendría bien que el próximo jueves saliera un Parlamento catalán sin posibilidades de formar Gobierno, con lo que se asegurarían mantener el pacto intacto.
Derecho de tanteo
De los 14.000 millones cuya venta se ha pactado con Cerberus, en torno a un 45% están en Cataluña. De esta forma, el peor escenario para BBVA y el fondo es que saliera un nuevo ejecutivo de las elecciones del 21D que decidiera quedarse con todo el ladrillo posible, unos 35.000 inmuebles con un valor inicial de 6.500 millones, y que la Generalitat podría tantear por unos 2.500 millones. Aun así, el delicado estado de las finanzas de la comunidad lo hacen improbable.
La venta del ladrillo está pactada a un descuento aproximado del 60% que podría resulta tentador para los políticos catalanes, en caso de tener opción a ello. Aunque fuentes próximas a la operación prevén que este trámite suponga más un retraso que un impacto real en la misma.
La Generalitat tendrá a tiro unos 35 inmuebles valorados en unos 2.500 millones que ha comprado Cerberus
En caso de que el Gobierno de Cataluña decidiera quedarse con parte de estos activos la operación seguiría en marcha, reajustando tanto el perímetro como el precio.
Junto al dictamen de la Generalitat, el Proyecto Marina también está pendiente de la aprobación de la CNMC y el Ministerio de Economía. La nueva sociedad será comprada en un 80% por Ceberus a cambio de un cheque de 4.000 millones.
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