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Las Administraciones tiran cerca de 30 millones en privatizaciones frustradas

La complicada coyuntura económica ha dado al traste con los numerosos intentos por parte de las administraciones públicas de sacar a la venta una serie de activos con los que obtener ingresos que contribuyeran a reducir las cifras de déficit. El resultado ha sido una ristra de fracasos que, además de no llevar hasta las arcas públicas los esperados ingresos, han generado una cifra significativa de gastos que han ido a parar a entidades financieras, despachos de abogados, consultoras e incluso agencias de publicidad.

El último ejemplo ha sido la cancelación de la privatización parcial del Canal de Isabel II por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno encabezado por Esperanza Aguirre llevaba cerca de cuatro años preparando la venta de un paquete de referencia de la sociedad pública, de entre el 30% y el 49%, un empeño en el que se ha dejado cerca de dos millones de euros.

Conforme avanzaba el tiempo y se incrementaban las dudas en el seno del Ejecutivo regional sobre cómo llevar a cabo el proceso, el interés por tomar una participación en el Canal de Isabel II (que, además, nunca sería de control) fue en claro declive. Sin embargo, los encargados de las labores de asesoramiento en el proceso continuaron hasta el final con su trabajo y pasan por caja con displicencia. Entre ellos figuran BBVA y Rothschild, que han tratado (eso sí, en vano) de encontrar inversores dispuestos a formar parte del capital del Canal. También Tinsa, la encargada de las valoraciones de activos, que incluso ha cambiado de manos durante el proceso; y el despacho de abogados Cuatrecasas, que ha sacado bastante partido de estas privatizaciones en falso.

Éste ha sido el último antecedente pero, sin duda, el más espectacular y costoso ha sido el de la frustrada venta de Loterías y Apuestas del Estado. No en vano se trataba de la mayor OPV de la historia de España y de una de las mayores de Europa. No se escatimaron medios en sacar al mercado el 30% de una sociedad con una capital de más de 10.200 millones de euros. Hasta seis entidades financieras fueron contratadas por el Estado para llevar a cabo la colocación: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan (estas dos últimas especialmente ácidas en sus informes con la situación de la economía española) y UBS, además de los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA.

Obviamente, no llegaron a repartirse el gran botín que estaba preparado si la OPV hubiera salido adelante (en torno a los 100 millones de euros) pero no la ardua búsqueda de inversores por todo el mundo no salió precisamente gratis a las arcas del Estado. En total, unos cinco millones de euros simplemente para comprobar que la respuesta de los inversores institucionales era insuficiente.

El difícil escenario de los mercados ha sido el motivo generalizado para echar atrás las operaciones

En este proceso vuelve a aparecer el nombre de Rothschild, en este caso como asesor fiscal de la operación, que contó también con la colaboración de PwC como asesor estratégico y de Clifford Chance y Uría Menéndez como expertos legales. Todo por una módica cifra cerca a los 2,5 millones de euros en total. Y, nunca mejor dicho por tratarse de Loterías, el ‘premio gordo’ fue a parar a la agencia Shackleton, encargada de la publicidad que anunciaba el saltó al parqué de la compañía pública. El coste de la campaña ascendió a 14 millones de euros, unos cuantos décimos agraciados con el premio del sorteo de Navidad tirados por la borda.

Los costes se incrementaron por el hecho de que la operación llegó prácticamente hasta el final. La sociedad llegó a tener incluso código ISIN (una especie de DNI con el que se identifican los emisores del mercado, bien de acciones o de activos de renta fija) y anotaciones en cuenta a través de la sociedad rectora de la bolsa. Sólo faltó que el folleto en el que se trabajó arduamente se hiciera público.

A caballo entre dos gobiernos

Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que decidió parar la OPV de Loterías y también quien puso en bandeja al de Mariano Rajoy la cancelación de la venta parcial de los aeropuertos de Barajas y El Prat, la tercera gran operación frustrada. Cerca de tres millones de euros se invirtieron en preparar la maniobra que dejaría en manos de inversores privados el 49% de estas dos pistas, como una avanzadilla de lo que sería la privatización parcial del gestor aeroportuario AENA.

Con media docena de interesados por cada aeropuerto, la operación se postpuso poco antes de las elecciones generales del pasado noviembre para que fuera el nuevo Ejecutivo el que tomara la decisión final. Una decisión que el PP, aun en la oposición, ya había anunciado: estaba radicalmente en contra de la operación y así actuó cuando se hizo con los mandos de Moncloa. Pero eso sí, Royal Bank of Scotland, AT Kearny y, de nuevo, Cuatrecasas, se cobraron la correspondiente factura.

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