Publicado: 03/07/2013 19:45
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tirado por tierra toda la ‘operación Chamartín’, el desarrollo urbanístico más importante de Europa. La sección primera de la sala Contencioso-Administrativo del tribunal ha emitido una sentencia que limita la edificabilidad de la zona a un máximos de dos alturas, lo que deja sin sentido el proyecto que pretendía desarrollar la zona norte de Madrid.
Entre otros elementos, la ‘operación Chamartín’ incluye la construcción de 18 rascacielos y múltiples edificios residenciales para albergar los más de 15.000 pisos que estaban previstos y que también superan las dos alturas que se indican en la sentencia. De esta forma, la resolución judicial deja sin sentido un proyecto cuya tramitación se extiende ya por un periodo de veinte años y que parecía desbloqueada definitivamente a mediados del pasado año, cuando el Ayuntamiento culminó los últimos trámites burocráticos.
El TSJM ha resuelto de esta forma la demanda presentada por Muñoyerro y Asociados, Estudio de Arquitectura, que llegó a formar parte en su día del proyecto. De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid se encuentra con una situación similar a la que en su día se planteó con el desarrollo de Valdebebas, que también fue denunciado por motivos similares, aunque el Consistorio llegó a desbloquear la situación.
La ‘operación Chamartín’ contempla el desarrollo del eje de la Castellana, con el soterramiento de las vías férreas que aún permanecen en la superficie y el levantamiento de todo un barrio en torno a una zona que alberga el complejo Cuatro Torres y que también iba a contar con un centro de convenciones cuya construcción se encuentra detenida.
El Ayuntamiento, con margen de maniobra
La zona se completaría con la nueva sede del BBVA, que está a punto de albergar a los primeros trabajadores y el distrito C de Telefónica, éstas dos últimas en el barrio de Las Tablas, al norte de la Plaza de Castilla.
La sociedad encargada de ejecutar el proyecto es Desarrollos Urbanísticos Chamartín (DUCH), participada en un 75% por Grupo San José y en un 25% por BBVA. Desde su constitución, la actividad de la sociedad ha sido muy limitada, toda vez que la operación se ha demorado en el tiempo debido a múltiples discrepancias entre las administraciones implicadas en el proyecto (Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid) y los numerosos trámites judiciales que se han afrontado.
Hasta el momento, todas las cuitas que la operación ha tenido con la Justicia se habían resuelto con un saldo favorable al Ayuntamiento. El Consistorio recurrirá a buen seguro la sentencia al considerar que se basa en la aplicación de una normativa sobre edificabilidad que se encuentra actualmente derogada.
Fuentes del sector aseguran que “como sucediera en el caso de Valdebebas, el Ayuntamiento cuenta con un notable margen de maniobra”.
Sin embargo, lo que no podrá evitar será nuevos retrasos en el desarrollo hasta que se resuelva esta nueva cuestión judicial, además de los inconvenientes de contar con una sentencia en contra, habida cuenta de que, hasta el momento, las resoluciones judiciales habían sido siempre favorables.
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