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El arranque de Distrito Castellana Norte le costará a los madrileños cerca de 350 millones

El convenio para la ejecución de la antigua operación Chamartín establece que los propietarios del suelo, entre los que figuran Ayuntamiento y Comunidad, EMT y Canal de Isabel II sufragarán los costes de urbanización, canalizaciones, soterramiento de las vías…

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y Ana Botella, alcaldesa de la capital
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y Ana Botella, alcaldesa de la capital GTres

El desarrollo de Distrito Castellana Norte, antiguamente conocido como ‘operación Chamartín’, no le saldrá gratis a los madrileños, contrariamente a lo afirmado por la alcaldesa de la capital, Ana Botella. Tanto el Consistorio como el Gobierno regional, además de empresas de titularidad pública como el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transportes (EMT)deberán sufragar parte de las inversiones contempladas en el convenio para la ejecución del plan urbanístico que da lugar al proyecto por su condición de propietarios de los terrenos en los que se desarrollará. La factura inicial se aproxima a los 350 millones de euros.

Las actuaciones contempladas en el convenio (que actualmente se encuentra en fase de consulta pública tras su aprobación inicial en el pleno que el Ayuntamiento de Madrid celebró la pasada semana) se refieren a aspectos relacionados con las bases del desarrollo, como son la urbanización de la zona, la canalización de agua y servicios de electricidad y gas, la construcción de viarios de acceso y el soterramiento de las vías de la estación de Chamartín entre otros.

El documento, firmado por las Administraciones madrileñas, las citadas empresas públicas, Renfe, Adif y Distrito Castellana Norte (la antigua DUCH, encargada de la gestión) establece los costes de cada una de las actuaciones y especifica que se refiere a “infraestructuras y obras que los propietarios del ámbito deberán costear”.

En total, los costes iniciales ascienden a algo más de 1.600 millones de euros.

El propietario mayoritario es Distrito Castellana Norte, participada por BBVA y Grupo San José, que después de la transmisión de la mayoría de los terrenos pertenecientes a Renfe y Adif, cuenta con algo más de un 63% del suelo. Mientras, las Administraciones madrileñas, el Canal de Isabel II y la EMT, junto con otras Administraciones Públicas cuentan con aproximadamente un 20% de los terrenos, por lo que tendrán que costear los trabajos que figuran en el convenio en función de su cuota.

Reparto de costes

“Las Administraciones Públicas no pagan por el hecho de su condición pero sí por ser propietarios, igual que sucede con Distrito Castellana Norte y con el resto de los propietarios, algunos de ellos agrupados en juntas de compensaciones”, señala una fuente conocedora de la situación. “Cada propietario pagará su parte alícuota, según el terreno que tenga registrado a su nombre”.

De esta forma, el arranque de la operación supondrá un coste para las arcas públicas madrileñas próximo a los 350 millones de euros. Bien es cierto que la participación de la parte privada es muy superior. Pero esto no quita que parte de la inversión inicial parta del erario público, en contra de lo afirmado por Botella.

De las obras de infraestructuras que se recogen en el convenio, la construcción de la nueva línea del metro que contará con tres estaciones en el desarrollo será exclusivamente sufragada por Distrito Castellana Norte, según especifica el documento. Su coste asciende a algo más de 160 millones de euros.

El bloque que requiere de mayor inversión es el referido a la urbanización de la zona, con un coste estimado de 451 millones de euros más el IVA, que incluye la construcción y adecuación de diversos viarios para permitir el acceso al nuevo barrio. El soterramiento de las vías de la estación de Chamartín supondrá un gasto de 252 millones de euros mientras que la adecuación de los nudos Norte y Fuencarral conllevará una inversión superior a los 210 millones de euros. 

El proyecto cuenta con una inversión prevista del entorno de los 6.000 millones de euros que, igualmente, serán mayoritariamente costeados por inversores privados. 


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