EL MAYOR EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA EL MOTOR

Demoledora respuesta de Competencia al intento de Renault de parar una posible multa millonaria por pactar precios

Renault pide a Competencia en un recurso que anule la inspección en sus sedes en Madrid y le devuelva los documentos incautados; y Competencia le responde que su "argumentación es confusa, resulta inexacta e inadecuada" y que su tesis "revela un entendimiento gravemente erróneo de la jurisprudencia europea y española”. 

José Vicente de los Mozos, responsable de Renault España.
José Vicente de los Mozos, responsable de Renault España.

Renault no se ha quedado de brazos cruzados ante la macro investigación que abrió Competencia el pasado verano a esta multinacional y a otras 95 empresas del motor, entre fabricantes de coches y concesionarios, en la que todas ellas se juegan una multa de hasta el 10% de su volumen de negocio (Renault España factura 4.600 millones y Renault España Comercial, 1.257 millones). Se trata del mayor expediente sancionador que Competencia ha abierto contra el sector, por posibles prácticas anticompetitivas de pacto de precios e intercambio de información sensible.

La compañía que preside José Vicente de los Mozos presentó un recurso, según ha podido saber este diario, contra la inspección de Competencia que sufrió la compañía en las sedes de Renault España y Renault España Comercial los días 23 y 24 de julio de 2013. En concreto, días después de esta inspección domiciliaria, Renault presentó un recurso en la antigua Comisión Nacional de Competencia (CNC) y pidió al consejo que anulara la inspección y le devolviera la totalidad de los documentos copiados durante la misma.

Renault pidió al Consejo que anulara la inspección y le devolviera los documentos copiados durante la misma

Renault argumentó en sus recursos (5 de agosto y posteriores del 6 de septiembre) que la dirección de investigación accedió presuntamente de forma ilegítima a tres tipos de documentos (personales, ajenos a la inspección y los protegidos por el secreto profesional) sobre los que no pudo defender la confidencialidad de los mismos en la medida en que no pudo oponerse a su consulta por la dirección de Investigación.

Según argumenta Renault en sus recursos hubo perjuicios irreparables, porque la dirección de investigación no permitió a los miembros de la empresa y a sus abogados supervisar y verificar el trabajo de selección y filtrado de los funcionarios de la CNC en el momento en que el mismo se estaba llevando a cabo. “La Dirección de Investigación impidió a Renault ejercer sus derechos de defensa en términos reales y efectivos, no siendo subsanable posteriormente dicha vulneración de su derecho de defensa, por lo que el perjuicio es irreparable”.

Resolución demoledora

Pero la respuesta del consejo de la Comisión Nacional de Competencia, que ha desestimado el recurso, ha sido demoledora. La ponente de este proceso, la consejera Inmaculada Gutiérrez Carrizo, dice que la argumentación de Renault sobre el régimen jurídico aplicable a los tres tipos de documentos presuntamente afectados es "confusa, resulta inexacta e inadecuada para el examen de los posibles derechos afectados".

"Las erratas o menciones erróneas en el escrito de recurso de Renault a otra sociedad mercantil completamente ajena al expediente permite deducir que pueda tratarse de una desafortunada aplicación reiterada de un esquema argumentativo que ha sido rechazado por este Consejo en las resoluciones de 24 de julio de 2013", añade.

"La argumentación de Renault es confusa, resulta inexacta e inadecuada"

Además, el consejo considera que la tesis defendida por Renault sobre este presunto derecho a impedir el examen o acceso de los inspectores de la dirección de investigación a determinada documentación existente “revela un entendimiento gravemente erróneo de la jurisprudencia europea y española”. "La citada jurisprudencia no sustenta en ningún caso que el mero acceso de los funcionarios de la autoridad de competencia a determinada documentación suponga una vulneración de los derechos de defensa de la empresa inspeccionada ni que la empresa inspeccionada tenga derecho a impedir que los inspectores tengan acceso". 

"La tesis de Renault revela un entendimiento gravemente erróneo de la jurisprudencia europea y española”

Ya en su informe, emitido el 9 de agosto, la dirección de investigación propone desestimar este recurso por no ser contrario a derecho las actuaciones de los inspectores. Niega que se haya impedido a Renault ejercer sus derechos de defensa durante la inspección y precisa que tanto el personal de Renault como sus abogados externos estuvieron presentes durante la revisión de equipos y despachos, recibieron explicaciones sobre el desarrollo de la inspección y se les permitió permanecer en la sala de trabajo donde se procedía al filtrado de la información. “La decisión de abandonar la sala de filtrado y análisis fue una decisión voluntaria de los abogados externos tras conocer estas indicaciones”, recuerda.

Expediente, a mitad de partido

Competencia cuenta aún con diez meses para resolver el expediente contra el motor. Aunque las marcas de coches y concesionarios confían públicamente en salir impunes del mismo (consideran que no hay pacto de precios porque es ahora cuando más baratos están los coches), el sector mira de reojo a las últimas sanciones en el sector.

Competencia impuso el pasado verano unos 35 millones de euros de multa a una veintena de empresas de rent-a-car por fijación de precios y condiciones comerciales. Contra esta decisión no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.


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