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El Gobierno aparca la norma del autoconsumo ante la inminencia de las elecciones

Moncloa no quiere líos con algunos de sus propios barones en plena campaña electoral de las autonómicas y ha decidido aparcar hasta julio la aprobación del polémico Real Decreto del autoconsumo eléctrico.

Paneles solares en una vivienda.
Paneles solares en una vivienda. Gtres

Hasta ahora, la fecha orientativa fijada por el Ministerio de Industria y Energía para aprobar el Real Decreto que regulará el autoconsumo eléctrico apuntaba al primer trimestre del año. Pero finalmente, el Gobierno ha decidido posponer para después de las elecciones autonómicas la aprobación de esta polémica norma que, en los términos que se defienden desde Industria, podría suponer la puntilla definitiva al atribulado sector fotovoltaico español.

El autoconsumo (producir energía solar desde las propias casas o empresas) se había convertido en una leve esperanza, en una tabla de salvación para el sector fotovoltaico tras los fuertes recortes a su retribución aplicados por el Ejecutivo en julio pasado.

Pero el lobby eléctrico ha conseguido convencer al Gobierno de que establezca una fuerte barrera de entrada (un costoso peaje de respaldo, que los hogares paguen también por usar la red si vierten energía a ella) y desorbitadas multas para las instalaciones que no estén en regla, medidas que de llevarse al texto de la norma desincentivará la puesta en marcha de los proyectos, la mayoría de ellos de pequeña o mediana envergadura.

El borrador de la norma establece la 'patada en la puerta' en las inspecciones a los hogares con placas solares y multas de hasta 60 millones de euros para las instalaciones que no estén en regla

Moncloa ha considerado que sacar ahora adelante el Real Decreto del autoconsumo acarreará más polémica, especialmente en feudos controlados por el propio PP. Los gobiernos 'populares' de comunidades como Extremadura, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León, entre otros, se han mostrado contrarios a los recortes aplicados desde Madrid al sector fotovoltaico.

Son comunidades gobernadas por barones del PP, y algunas de ellas, Extremadura y Murcia, han dado un paso al frente y se han opuesto a la normativa antirrenovable del Gobierno con sendos recursos de inconstitucionalidad.

Moncloa no se puede permitir echar más leña al fuego para alimentar una polémica de gran calado autonómico, dado que buena parte de la industria fotovoltaica española genera actividad y empleo esencialmente en zonas rurales.

Algunos barones del PP se han opuesto a los hachazos antirrenovables impulsados desde Moncloa y Extremadura y Murcia han acudido incluso al Constitucional

La dirección de campaña del PP teme que algunos de sus propios barones se enfrenten a la aprobación de la norma en plena campaña electoral. Así que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha dejado claro que el Real Decreto, que "está en elaboración", se aprobará "antes de que finalice el mes de julio".

Hasta que no se celebren las elecciones del 24 de mayo, Industria no moverá ni un dedo de una norma a la que no sólo se han opuesto varias autonomías gobernadas por el PP sino la mayor parte del arco parlamentario.

PP, PNV y CiU son las únicas formaciones que no han firmado en defensa del autoconsumo, a través de diferentes iniciativas apadrinadas por plataformas ciudadanas y algunas patronales del sector (Unef, Anpier, Appa).

El PSOE, Izquierda Plural y Podemos han sido los partidos más combativos en favor de la generación de electricidad distribuida como vía alternativa al tradicional oligopolio eléctrico y a los altos precios de la luz.

Pero Soria defiende que "somos partidarios de que cualquier consumidor que desee instalarse" equipos de generación "pueda hacerlo", pero estos tendrán que pagar un peaje. "No se trata de un impuesto al sol", ha señalado, sino "sentido común" porque si no se paga este peaje, el autoconsumidor "estaría siendo financiado por el resto de consumidores".

Así que la esperada y temida normativa del autoconsumo tendrá que esperar hasta julio, con lo que el Gobierno se garantiza una campaña electoral tranquila al menos en este particular en aquellas comunidades que han sido más críticas.


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