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La Cámara de Cuentas revela el “conflicto de intereses” entre Ifema y Arturo Fernández

La institución fiscaliza el ejercicio 2011 y concluye que el “contrato de los servicios de restauración fue adjudicado a una empresa cuyo administrador único es miembro de la Ejecutiva de Ifema”. El informe provocó la rescisión del contrato la semana pasada

Alberto Ruiz-Gallardón y Arturo Fernández, en una imagen de 2010.
Alberto Ruiz-Gallardón y Arturo Fernández, en una imagen de 2010. CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

La existencia de un informe oficial muy crítico con la adjudicación de los servicios de restauración de la Institución Ferial de Madrid (Ifema) a un miembro de su propia cúpula directiva fue lo que provocó la rescisión del contrato, adelantada por este diario. El directivo en cuestión no es alguien que pase precisamente desapercibido: Arturo Fernández, 'número dos' de la patronal CEOE y portavoz de los empresarios madrileños. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha concluido que existió un “conflicto de intereses” en dicha concesión: “El contrato de gestión y explotación de los servicios de restauración, cuya ejecución comenzó en el ejercicio fiscalizado, fue adjudicado a una empresa cuyo Administrador único, durante la ejecución del contrato, fue designado miembro del Comité Ejecutivo de Ifema”, señala el informe de fiscalización relativo al ejercicio de 2011.

Parte de este informe fue filtrado la semana pasada por El País, que tituló con la donación de 540.000 euros por parte de la institución para la visita del (ex)papa Benedicto XVI en verano de 2011. El País recogía al final de la noticia la relación clientelar entre Ifema y el empresario del sector de la restauración, así como lo que adeudaba éste en 2012 con el ente ferial. Pero lo que no ha trascendido es que ha sido la revelación del informe de la Cámara lo que desencadenó la ruptura con el conglomerado de Fernández, el Grupo Arturo Cantoblanco, según ha podido saber este medio a través de fuentes de Ifema.

El “conflicto de intereses” tiene bastante sentido: Ifema es un consorcio participado en un 31% por Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio que preside, al igual que la patronal CEIM, Arturo Fernández (Bankia tiene un 7%). El dirigente empresarial, de acuerdo con el organigrama, es vocal del Comité Ejecutivo de la institución ferial. El informe pone de relieve, así pues, la “doble condición de integrantes de los órganos rectores y de titulares de empresas contratistas”.

Incumplimiento total

Pero no se detiene solo la memoria en esta relación preferencial, sino que descubre además los continuos impagos de Fernández a Ifema, donde el Grupo Cantoblanco regenta desde hace casi tres años hasta una veintena de establecimientos entre cafeterías y restaurantes. “Casi desde el comienzo de la ejecución, la empresa adjudicataria de este contrato ha venido incumpliendo algunas de sus obligaciones fundamentales”, recuerda la Cámara, que sitúa la deuda en 1,3 millones a finales de 2011.

Pero la mora es mayor. El pasado mes de febrero, Fernández adeudaba ya dos millones, como informó Vozpópuli por esas fechas. Eso sí, la dirección de Ifema no se quedó de brazos cruzados. “Debido al incumplimiento por la empresa adjudicataria de esta obligación, casi desde el inicio de la ejecución del contrato, la Institución ferial ha formulado reclamaciones mensuales a la empresa”.

Batalla en los tribunales

El empresario no tomó medidas hasta este año. “Ante esta situación, dicha empresa entrega mensualmente, en el ejercicio 2013, pagarés con vencimientos hasta el 11 de noviembre del año 2015, forma de pago que no estaba prevista en el pliego”. En otro apartado relacionado con los cumplimientos, se dice que el grupo no ejecutó una inversión comprometida por valor de 928.000 euros.

Al final, la directiva del consorcio de Campo de las Naciones advierte que de no recibir lo que le corresponde, el litigio puede continuar en los tribunales, y que el servicio de restauración continuará pase lo que pase. “Ifema pone de manifiesto en sus alegaciones que, mientras se mantiene abierta la vía judicial de reclamación y en atención al delicado entorno económico, pretende solventar el problema de manera que no suponga un indeseado impacto sobre la prestación de un servicio que se considera esencial en el marco de la actividad de la institución”.


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