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La Generalitat, sin salida: Agbar también incumplió los requisitos en su oferta por ATLL

La Mesa de Contratación creada por la Generalitat constata que no sólo Acciona incumplió los requisitos en el concurso del servicio de Aguas del Ter Llobregat (ATLL). La propuesta de Agbar, que perdió, también incurrió en los mismos errores al no respetar el calendario de obras, así que no podría ser la nueva adjudicataria.

Artur Mas, presidente de la Generalitat.
Artur Mas, presidente de la Generalitat. EFE

La Generalitat catalana se encuentra en un callejón sin salida. La alternativa a la revocación de la adjudicación de Aguas del Ter Llobregat (ATLL) al grupo Acciona y sus socios se desmorona y cae por su propio peso. Aguas de Barcelona (Agbar) peleó en 2012 en el concurso contra el grupo de la familia Entrecanales y perdió, pero inició una batalla legal para desposeer a este último del contrato de explotación del servicio por 50 años.

La compañía de aguas catalana se ha presentado como alternativa a la salida forzada de Acciona, pero según los informes jurídicos que obran en manos de la Generalitat, los incumplimientos por los que se revocó la adjudicación al grupo madrileño son los mismos en los que incurrió Agbar, en la presentación de su oferta.

El Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), atendiendo al recurso contra la adjudicación presentado por Agbar, decidió a principios de 2013 anular la adjudicación del contrato a Acciona, que acudió en consorcio con la brasileña BTG Pactual y socios minoritarios catalanes, aduciendo que la oferta presentada por éstos no cumplió los requisitos previstos en el anexo 9 del pliego de condiciones del concurso.

Según el OARCC, este consorcio no cumplía con el calendario o "cronograma" de las obras que tenían que acometerse en ATLL, lo que provocó la anulación de su adjudicación.

La Generalitat reconoce en su informe jurídico que los dos consorcios licitantes incurrieron en el "supuesto vicio teórico de alterar el calendario de las obras"

Pero es justo lo mismo que hizo Agbar, como reconoce el propio Gabinete Jurídico de la Generalitat: "El supuesto vicio teórico de alterar el calendario de las obras se ha producido en los dos consorcios licitantes porque ambos modificaron el calendario de ejecución de las obras". "Las dos entidades licitadoras se encuentran en una situación idéntica porque las dos incurren en el mismo defecto (…). Por lo tanto, en el momento en el que el OARCC decide excluir a un licitador por considerar que el calendario de obras tenía carácter obligatorio [y no indicativo] sin valorar que precisamente la empresa recurrente [Agbar] había incurrido en el mismo supuesto vicio, este organismo está vulnerando el principio de igualdad", señala el informe jurídico.

El hecho de que los dos consorcios no hayan respetado el calendario que ellos consideraban indicativo, cuando en realidad era "obligatorio", invalida al segundo (Agbar) para quedarse con el contrato revocado al primero (Acciona), señalan fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.

Hasta ahora, en la maraña de todo el proceso que dura ya dos años, la Generalitat, con su conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santiago Vila, a la cabeza, había apostado por la opción Agbar para sustituir a Acciona en cumplimiento de la resolución del OARCC. Pero también por la decisión del Tribunal Supremo de no aceptar las medidas cautelares pedidas por el Ejecutivo autonómico y la propia Acciona para que la revocación del contrato no se aplicara hasta que la Justicia entrara en el fondo de la cuestión.

EL OARCC habría "vulnerado el principio de igualdad" al revocar la adjudicación a Acciona a sabiendas de que su contrincante estaba en la misma situación

Es tal el carajal jurídico-administrativo en el que ha derivado la batalla iniciada por Agbar hace dos años que el propio Vila se ha visto obligado a convocar la Mesa de Contratación para que analice la situación y proceda en su caso, dando cumplimiento a la resolución del OARCC que revoca la adjudicación a Acciona.

Pero claro, la Mesa no puede recomendar dar ahora el contrato a una empresa que también ha incumplido los requisitos, de forma que sólo quedan dos opciones abiertas: la convocatoria de un nuevo concurso abierto a otros licitantes y la elección de un nuevo adjudicatario o esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre a analizar el fondo de la cuestión y decida, lo que dilataría el proceso entre seis meses y un año más.

Aguas de Barcelona defiende que su oferta cumplía escrupulosamente todos los requisitos impuestos en el concurso, mientras que desde Acciona se recuerda que el contrato para la explotación de ATLL sigue vigente y las dos partes han de cumplirlo: el concesionario seguirá prestando su servicio con normalidad y la Generalitat habrá de seguir respetando las condiciones del contrato.

Ahora, la patata caliente está en manos de la Mesa de Contratación, compuesta por ocho vocales y un secretario, pertenecientes a las consejerías de Territorio y Economía, además de algunos juristas.


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