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¿Nuevo agujero en Cataluña? Mas soportará un déficit público de 444 millones si rompe el contrato de ATLL

Artur Mas evitó el rescate de Cataluña en 2012 al apuntarse los 1.000 millones de euros de la privatización de ATLL, reducir 0,5 puntos el déficit público y obtener liquidez para pagar a los funcionarios. Si ahora rompe el contrato de adjudicación, las arcas catalanas tendrán que asumir un déficit adicional de 444,6 millones, según alerta BTG Pactual, el socio brasileño de Acciona en ATLL, en un escrito oficial enviado a la Generalitat.

Artur Mas, presidente de la Generalitat.
Artur Mas, presidente de la Generalitat. EFE

El socio brasileño de Acciona en el consorcio adjudicatario de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), BTG Pactual, ha pasado al ataque en la guerra abierta en Cataluña por la mayor privatización de la historia de esta comunidad autónoma.

BTG Pactual, a través de su filial Aigües de Catalunya LTD, ha presentado su escrito de alegaciones ante la Mesa de Contratación creada por la Generalitat para intentar convencer al Gobierno de Artur Mas de la absoluta legalidad de la adjudicación de ATLL al consorcio que el grupo brasileño comparte con Acciona y alertar de las graves consecuencias que para las arcas públicas catalanas tendría la suspensión de esta privatización.

Vozpópuli ha tenido acceso al documento de 15 páginas enviado el pasado 2 de febrero por BTG Pactual al Conseller del Territorio i Sostenibilitat, Santi Vila, el responsable dentro del Gobierno de Mas de la privatización, en el marco del proceso de revisión de la adjudicación después de que el otro contrincante, Aguas de Barcelona (Agbar), impugnara el proceso y pidiera como medida cautelar la suspensión del contrato.

La propia Generalitat reconoce los "relevantes e irreversibles" perjuicios que provocaría la suspensión del contrato para "la Hacienda pública, tanto la catalana como la española"

BTG alerta en su escrito de que "en caso de que no se mantenga la eficacia (sic) del contrato hasta que se dicte una resolución firme sobre el fondo del asunto, se causará un grave perjuicio a los intereses generales" de Cataluña. Y cifra ese grave perjuicio en "444,6 millones de euros", en línea con la cantidad "estimada por la propia Generalitat", señala el documento.

La representación jurídica del grupo brasileño viene a recordar que la propia Generalitat "ha puesto de manifiesto de forma reiterada, a lo largo de los dos últimos años, la necesidad de mantener la eficacia del contrato hasta que recaiga una decisión judicial firme sobre el fondo". Está decisión está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que podría emitir sentencia antes de este verano.

Pero si el Gobierno de Mas atiende "la petición de Agbar de anulación del contrato de concesión y cautelarmente la suspensión de su eficacia", la decisión provocará "perjuicios irreparables" para la Hacienda catalana, como ha reconocido la Generalitat.

En su propio informe de situación, aportado por BTG en su escrito, afirma: "Así pues, queda justificada, sin necesidad de prejuzgar la solución definitiva del problema de fondo que en su día se dicte, entendemos que la suspensión de los efectos del contrato formalizado en favor de Acciona Agua comporta unos perjuicios para la Administración de la Generalidad de Cataluña, e incluso para el Estado, que serían relevantes e irreversibles, existiendo por tanto razones contundentes para denegar la medida cautelar solicitada por Agbar".

Mas salvó a Cataluña del rescate en 2012 al apuntarse in extremis el efecto contable de los 1.000 millones de la privatización y poder así recortar el déficit público y pagar a los funcionarios

Reconoce la propia Generalitat, y así lo hace constar BTG, "el ajuste negativo en déficit que se produciría en caso de que se tuviera que anular el contrato: Entendemos que quedan suficientemente acreditados los perjuicios que se causarían a la Hacienda pública, tanto a la economía catalana como a la española, que provocaría una gravísima perturbación al interés general que resulta claramente desproporcionada".

Han pasado dos años y ahora el socio brasileño de Acciona recuerda a Artur Mas que gracias a los 1.000 millones de euros que supuso la privatización de ATLL a finales de 2012, la Generalitat se apuntó in extremis (últimos días de diciembre de ese año) el efecto contable de ese ingreso, cuya recaudación efectiva se produce durante 50 años de vida de la adjudicación.

Fueron aquellos unos días muy complicados para el Gobierno catalán, que estuvo a punto de ser rescatado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El apunte contable salvó a Mas, que pudo corregir su déficit público en 0,5 puntos y afrontar el pago de las nóminas a los funcionarios, que estuvieron a punto de no cobrar por la falta de liquidez de las arcas catalanas.

Hace unos días, el propio Mas afirmó en rueda de prensa que si el gobierno catalán, que creó la Mesa de Contratación para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en su contra por este asunto, "se anticipara" en tomar una decisión definitiva sobre ATLL y luego recibiera "una sentencia contraria", todo resultaría "una chapuza".Por este motivo, su estrategia consiste en ir "adecuando los ritmos para ver si se produce la sentencia definitiva por parte del TJSC".

Mas reconoce que la resolución de fondo de este conflicto depende "de las decisiones de los tribunales", que deben dirimir el conflicto entre Agbar y Acciona por la mayor privatización de la historia de la Generalitat.


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