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La gran industria se embolsa 2.500 millones en subvenciones eléctricas por un servicio no prestado

Los grandes consumidores energéticos cobran de media 500 millones de euros al año por permitir la interrumpibilidad de sus procesos industriales si hay picos de demanda o riesgo de colapso en el sistema. Con la crisis, el bajo consumo hace impensable que esto ocurra, pero siguen cobrando por un servicio que Soria no se atreve a recortar por temor al cierre de plantas.

Factoría de Acerinox en los Barrios (Cádiz).
Factoría de Acerinox en los Barrios (Cádiz).

Hay un mecanismo llamado interrumpibilidad por el que las grandes industrias intensivas en consumo energético perciben unos pagos o subvenciones a cambio de aceptar el parón de sus procesos productivos cuando así lo exija el sistema eléctrico por picos de demanda o posibles contratiempos.

Gigantes de la talla de Acerinox, ArcelorMittal, Alcoa, Atlantic Cooper, Holcim y Cemex, entre otros muchos de sectores como el siderúrgico, metal, cemento, química, papel y gases industriales, consumen tanto que el sistema eléctrico les paga por poder pararles cuando sea necesario.

Antes de la crisis, en momentos puntuales del año, Red Eléctrica (REE), el gestor del sistema, les hacía interrumpir sus procesos cuando había picos de demanda para no poner en riesgo la capacidad de suministro para un país que crecía por encima del 4% y sus ciudadanos consumían desenfrenadamente. Pero llegó la crisis y esa prebenda que el sistema tiene para los grandes industriales se mantuvo.

En 2009 se produjo la última interrupción ordenada por REE. Desde ese año, estos más de 30 grupos industriales que emplean a unas 70.000 personas se han embolsado unos 2.500 millones de euros sin haber tenido que interrumpir ni una sola vez su actividad.

Desde 2009, cuando se produjo la última interrupción ordenada por Red Eléctrica, las compañías han cobrado unos 500 millones cada año por un servicio que el sistema no ha usado

Cada año de crisis desde 2009 han cobrado una media de 500 millones de euros pese a que el sistema no ha hecho uso del servicio de interrumpibilidad. España tiene una sobrecapacidad de producción (más de 100.000 MW instalados) que está a años luz de la demanda diaria (la prevista para hoy, día laboral, es de 25.237 MW), con lo que es impensable que el sistema tenga que solicitar la parada de una gran industria.

"No solo ahora, con la crisis. Se tardarán muchos años en recuperar los niveles de demanda previos a la crisis, pero además ahora contamos con mucha más capacidad de generación con la entrada obligatoria en el sistema de todas las renovables", explica una fuente.

Un buen número de expertos han pedido al Gobierno que revise este sistema de privilegio para la gran industria, pero el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, lo dejó claro no hace mucho en televisión: "¿Y por qué vamos a pagar 700 millones de euros al año a la gran industria? Pues porque de lo contrario, esas empresas -muchas de las cuales emplean a cuatro, cinco o seis mil personas en España y tienen instalaciones que ya están amortizadas- dicen: si ustedes no pagan esa interrumpibilidad, yo levanto la fábrica y me voy a otro país".

Según el ministro Soria, este sector lo ha dejado claro: "Si ustedes no pagan esa interrumpibilidad, yo levanto la fábrica y me voy a otro país"

No hay duda. Soria, que llegó a su puesto de ministro amenazando con meter mano a estos pagos a la gran industria, se ha visto obligado a dar marcha atrás ante el temor a la deslocalización de estos gigantes, lo que traería aún más paro a España. Hasta el punto de que en 2012 elevó las subvenciones por interrumpibilidad  para los grandes consumidores de energía porque "no perciben una retribución adecuada a la potencia que ponen a disposición del sistema contribuyendo a una mayor seguridad", según recogía la propuesta de Orden Ministerial de octubre de ese año.

Así que, en virtud de esos contratos de interrumpibilidad, los gigantes asociados en el lobby Aege cobraron, por no hacer nada, 385 millones de euros en 2009, 400 millones en 2010, 500 millones en 2011, otros 500 en 2012 y 748 millones en 2013, con un incremento del 54,8% sólo en este último año.

En total, unos 2.533 millones de euros, que han salido o saldrán directamente del recibo de la luz ya se con los pagos actuales o acumulando déficit de tarifa para los próximos 20 años.

Soria sí que se atrevió en 2013 a segar levemente los pies a estos gigantes, al anunciar en su reforma energética un recorte de unos 200 millones sobre los casi 750 millones que iban a cobrar ese año, mediante la introducción de un nuevo mecanismo de subasta que fija un precio máximo para este servicio que ahora el sistema no necesita.

La prebenda que reciben estos gigantes del Gobierno hace que los precios eléctricos para la gran industria sean muy inferiores a los que pagan las pymes y los consumidores domésticos

Las grandes industrias mostraron su rechazo a este nuevo sistema, que les recorta su retribución.

El informe comparativo de precios eléctricos en la UE, elaborado por el Oxford Institute for Energy Studies y hecho público esta semana en Madrid, destaca que "en España se reciben pagos por servicios de interrumpibilidad, a pesar de que casi nunca se hace uso de esas interrupciones. De acuerdo con la previsión de la CNMC, en 2013 se esperaba que 138 grandes consumidores, con un consumo agregado de unos 29 Teravatios/hora, recibieran 691 millones de euros por estos servicios".

El documento destaca que los pagos por la interrumpibilidad son una de los causantes de que la gran industria pague cuatro veces menos que los consumidores domésticos por las políticas de subvención al sistema eléctrico del Gobierno.

El supuesto favoritismo del Ejecutivo a estos gigantes industriales también ha sido muy criticado por las pequeñas y medianas empresas y también por el sector de la cogeneración. "Es este último un sector industrial, generador de decenas de miles de empleos, que va a saltar por los aires en cuanto se aprueben los nuevos recortes al Régimen Especial", denuncia un afectado.

También ha levantado polémica en Bruselas este sistema de subvenciones a las industrias.Hace años se abrió un expediente informativo sobre si podrían considerarse éstas ayudas de Estado, algo que contraviene la legislación comunitaria. No hubo sanción alguna.


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