Publicado: 12/01/2014 04:00
La mediación de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el conflicto por los sobrecostes de la ampliación del Canal de Panamá, no ha dejado contentos a todos. Sobre todo, ha contrariado a extraños pero incluso también a algunos propios. Algunos miembros del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr y que presentó un preaviso de paralización de las obras por falta de liquidez, consideran que la visita de Pastor dejó pocos resultados visibles, especialmente en cuanto a lo económico se refiere.
Sin embargo, el entorno de la ministra asegura que poco más pudo hacer en una visita que, además, se prolongó de forma inhabitual, por espacio de tres días, en los que mantuvo una intensa agenda de trabajo, más allá de la del primer día, que fue la más pública y conocida. Aquel día, la titular de Fomento se reunió con los miembros del consorcio, con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y con los principales directivos de la Autoridad del Canal.
A efectos de resultados, Pastor logró sentar a las dos partes para que hablaran con el compromiso por parte de GUPC de que la negociación sería siempre en los términos contemplados en el contrato de adjudicación de la obra. Pero GUPC y la ACP ya llevaban un largo tiempo de intensas negociaciones y el consorcio siempre manifestó su intención no salirse del contrato, algo que dejaría en entredicho el éxito de la misión de Ana Pastor.
En realidad, poco más podía hacer. Ya en la primera reunión con GUPC salió a relucir el asunto económico pero Pastor dejó claro desde el primer momento que una inyección pública estaba fuera de toda posibilidad.
600 millones, cifra clave
La cantidad crítica que los responsables del consorcio pusieron encima de la mesa fue la de 600 millones de dólares: es el dinero que, básicamente, faltaría para poder concluir la ampliación, a la que le resta aproximadamente un 30%.
Sin embargo, no será fácil que este dinero sea adelantado por la ACP, que ya ha hecho anticipos valorados en unos 750 millones de dólares, que aún no han sido devueltos en su totalidad. Pastor insistió en la idea con el presidente Martinelli, con el que se encontró no solamente el día de Reyes, el del inicio de la visita de la ministra al país centroamericano, sino también en un almuerzo que tuvo lugar al día siguiente, que ambos compartieron con el embajador español en Panamá, Jesús Silva.
Dos días seguidos, dos reuniones consecutivas con el presidente del país, en el marco de un viaje relámpago y no previsto en agenda ni encuadrado en una visita oficial o cumbre bilateral. Los esfuerzos mediadores han sido evidentes pero, a ojos de parte del consorcio, han dado resultados muy exiguos.
La postura de Sacyr
La postura oficial de Sacyr difiere de esta impresión, que se empieza a extender entre el sector. La compañía que preside Manuel Manrique se ratifica en su idea de que la visita de Pastor a Panamá fue “positiva y satisfactoria” y obtuvo logros importantes como “hacer que las partes se sienten y traten de llegar a un acuerdo”.
“La ministra no defiende a Sacyr sino a una empresa que crea puestos de trabajo y, además, para españoles. De Sacyr y de esta obra dependen muchos proveedores así como el empleo que generan”.
Es posible que hubiera quien esperara encontrarse con la resolución del conflicto más hecha después de que Pastor abandonara Panamá. La propia ACP también valoró de forma positiva la labor de la ministra. Incluso, el administrador principal del Canal, Jorge Quijano, pareció echarle en falta cuando el miércoles trascendió la propuesta emitida por el consejero delegado de Impregilo, Pietro Salini. Quijano vino a decir que apenas había despegado Pastor de suelo panameño cuando el consorcio volvía a las andadas de tratar de negociar al margen del contrato.
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