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El chantaje de Alcoa, a debate: por qué la gran industria se embolsa 2.500 millones por no hacer nada

Avalancha de críticas de los expertos al favor que el Gobierno va a hacer a Alcoa y al servicio de 'interrumpibilidad', que no se usa desde 2009 y que ha supuesto que los 30 grandes grupos intensivos en consumo se hayan embolsado más de 2.500 millones en cinco años.

Factoría de Acerinox en Cádiz.
Factoría de Acerinox en Cádiz. ACERINOX

El chantaje del primer consumidor de energía de España, el gigante estadounidense del aluminio Alcoa, al amenazar con cerrar dos de sus plantas y despedir a sus 800 empleados si el Gobierno no le diseña unos precios eléctricos a la carta ha reabierto el debate.

¿Por qué la gran industria intensiva en consumo energético tiene derecho a embolsarse una media de 500 millones de euros al año por un servicio que no presta, mientras el resto del tejido empresarial no puede beneficiarse de esas prebendas?

¿Necesita España el servicio de 'interrumpibilidad', un sistema heredado de las épocas de bonanza por el que gigantes como Alcoa, Acerinox, AcerloMittal, Atlantic Cooper, Holcim y Cemex, sobre un total de 30 grandes grupos, pagan precios más bajos de la electricidad a cambio de que en caso de pico de demanda o problemas del suministro, Red Eléctrica pueda cortarles el servicio?

¿Son estas bonificaciones ayudas de Estado encubiertas, como piensan algunos expertos de la Unión Europea y de España?

Los 30 grandes consumidores de energía, agrupados en la patronal Aege, emplean a unas 70.000 personas en España. Son grandes plantas industriales muy intensivas en carga de trabajo en las que el coste de la electricidad es uno de sus principales elementos competitivos.

La Comisión ha estudiado en varias ocasiones si las beneficios por la 'interrumpibilidad' son ayudas encubiertas de Estado con las que España trata de evitar la marcha de la gran industria y el cierre de sus plantas

De ahí que todos los gobiernos hayan legislado tradicionalmente a su favor para que no tengan que pagar los altos precios de la electricidad que sí pagan el resto de empresas y corporaciones y todos los consumidores domésticos.

Así lo ha hecho también el Ejecutivo de Rajoy, que el pasado junio introdujo nuevas prebendas impositivas para las compañías que habían amenazado veladamente con deslocalizar sus fábricas si no se beneficiaban de precios e impuestos más bajos de la electricidad.

La reforma fiscal del ministro Montoro coló una norma para “la ampliación parcial (85%) del Impuesto de la Electricidad para mejorar la competitividad internacional de los procesos productivos intensivos en electricidad como los procesos metalúrgicos, mineralógicos y electrolíticos”.

Industria osó ahorrar 200 millones de euros con la subasta del mes pasado, pero ahora se ve obligada a convocar una nueva subasta para que Alcoa dé marcha atrás en su plan de despidos

Pero hubo otro ministro, el de Industria, José Manuel Soria, que en paralelo sacó adelante la reforma energética que supuso un fuerte hachazo a los ingresos de todas las compañías eléctricas (tradicionales, renovables, cogeneración…) y nuevas subidas en el recibo de la luz que pagan los consumidores.

También le tocaba una parte de ese sacrificio a la gran industria, a la que Soria intentó recortarle sus ingresos por el servicio de 'interrumpibilidad' con el objetivo de rebajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Tal y como recomendó Red Eléctrica, se subastaron 2.000 megavatios (MW) para un servicio de 'interrumpibilidad' que no se usa desde 2009 y que todos los expertos apuntan a que no se tendrá que utilizar, al menos, en el medio plazo por el exceso de capacidad de generación del sistema (100.000 MW instalados sobre previsiones diarias de demanda del entorno de los 25.000 MW) y el renqueante consumo eléctrico.

Los expertos creen que es dinero regalado a la gran industria, porque es un servicio que tardará en usarse: hay 100.000 MW de capacidad en el sistema y ahora sólo se demanda en torno a 25.000 MW, cuatro veces menos

Se adjudicaron todos los MW por un coste total de 353 millones de euros, lo que supuso un ahorro de 200 millones para el sistema y para el déficit de tarifa. Pero Alcoa, que no pujó con ganas de llevarse los lotes para sus plantas por considerarlos excesivamente baratos, se quedó sin 'interrumpibilidad' para sus plantas de Avilés y La Coruña.

Pasaron unos días y el gigante estadounidense anunció que preparaba el despido colectivo de un máximo de 800 trabajadores y el posible cierre de las dos plantas de la cornisa cantábrica, que sin las prebendas de años anteriores dejarían de ser competitivas.

Alcoa le dijo al Gobierno que si había una nueva subasta y conseguía los MW que necesitaba, valorados en unos beneficios adicionales para la empresa de en torno a 50 millones de euros, daría marcha atrás en su plan de cierre.

El pago por tener activo el servicio de 'interrumpibilidad' tendría sentido cuando se produjese y el sistema abonaría a las empresas afectadas el monto correspondiente, defienden los expertos

Dicho y hecho. El ministro Soria, avisado por Moncloa y por los presidentes gallego y asturiano, no tardó en anunciar una nueva subasta a la carta para Alcoa, con el objetivo de evitar un nuevo estallido social si se cerraban las plantas.

Ahora, REE y la Secretaría de Estado de Energía están obligadas a justificar que son necesarios más MW de 'interrumpibilidad', a sabiendas de que no se van a usar y de que dan al traste con las previsiones de ahorro de 200 millones de euros conseguidos con la primera puja.

El chantaje de Alcoa, que en 2013 recibió 190 millones y este año unos 150 por su 'interrumpibilidad', ha provocado una avalancha de críticas de expertos energéticos que ven en este sistema un privilegio para la gran industria, “una subvención encubierta destinada a evitar los despidos masivos que solo tendría sentido si se paga puntualmente en el momento que se produzca. Si hay un parón del proceso productivo de las grandes por riesgos en el suministro eléctrico, las empresas afectadas cobrarían por ello, pero una vez que se haya producido la 'interrumpibilidad'”, dice uno de estos expertos.

Lo que no tiene sentido, insisten, es que el resto de consumidores (empresas de todo tipo y tamaño, y todos los hogares) pague cada año una media de 500 millones de euros a la gran industria por un servicio que no se usa. En 2011, por ejemplo, la factura ascendió a 497 millones; en 2012, a 470 millones; en 2013, a 677 millones; y en 2014 la estimación ronda los 550 millones.

En total, los 30 grandes se han embolsado más de 2.500 millones de euros en subvenciones eléctricas desde 2009, último año en el que REE eléctrica tuvo que activar el servicio.


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