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Hackers desvelan el negocio de particulares en España con la plataforma Airbnb

En Barcelona, algunos usuarios publicitan en la web hasta 70 pisos distintos mientras que el ingreso medio de quienes usan Airbnb es de más de 5.000 euros al año. En Madrid otros usuarios tienen hasta 130 viviendas en alquiler.

Imagen de la web de Airbnb
Imagen de la web de Airbnb

"Belong anywhere" es el lema de la plataforma para compartir viviendas Airbnb. Iniciada bajo el paraguas de la economía colaborativa, la compañía de Palo Alto nacida en 2008 ha crecido tanto que ya hace tiempo que es el mayor operador de habitaciones del mundo, aunque no tiene ninguna en propiedad. No facilita datos sobre su facturación o beneficios (no está cotizada), pero una ronda de financiación calculó su valor en 25.000 millones de dólares el pasado verano. Uno de sus fundadores Brian Chesky, es el millonario número 495 del mundo con una fortuna estimada de 3.300 millones según Forbes.

Airbnb publicó este miércoles datos sobre Barcelona que demuestran la potencia de la plataforma en España: la Ciudad Condal es la cuarta favorita por los usuarios de Airbnb en el mundo (la que más visitas recibe) con casi 900.000 huéspedes que se alojaron con Airbnb en 2015. Desde la compañía se ha dicho en un comunicado que Airbnb "es un movimiento nacido de las propias personas y hacia las personas, que está transformando la manera en la que éstas hacen uso de sus hogares. Estamos trabajando con gobiernos de todo el mundo para aprovechar los efectos positivos de compartir el propio hogar, dar mayor autonomía a la clase media, activar nuevas comunidades y aumentar los ingresos fiscales". En Barcelona, Airbnb calcula su aportación económica en más de 700 millones de euros al año.

Barcelona es la cuarta ciudad mundial que más visitantes de Airbnb recibe, unos números colosales para la Ciudad Condal

Sin embargo, la industria hotelera, que ya lleva años clamando contra esta plataforma (que no es la única en ofrecer este servicio pero sí la más utilizada), manifiesta que no existe tal economía colaborativa, que la plataforma es simplemente un vehículo para que particulares y empresas hagan negocio a gran escala con viviendas, evitando el fisco y la regulación aneja a un alojamiento regulado. No se sabe si por encargo de la industria hotelera, pero unos hackers ya hace tiempo que facilitan en la web Inside Airbnb los datos de las ciudades más demandadas que muestran cómo no todo es economía colaborativa: las viviendas que se comparten suelen repartirse con las que se ofertan solas. Según los hoteleros de Cehat, "esta empresa dice que el 80% de las personas que la usan lo hacen porque quieren vivir como un local, pero nosotros hemos preguntado con datos de Nielsen y 250.000 encuestas: la realidad es que más del 90% eligen Airbnb por precio y más del 85% jamás irían a una casa compartida con un desconocido".

Esta es la oferta de Airbnb en Barcelona: 15.000 viviendas (el 53% son casas o apartamentos enteros, coloreados en rojo). Es una oferta totalmente legal aunque según los hoteleros se aprovecha de un vacío regulatorio.

Lo más llamativo, al menos para el secretario general de la patronal hotelera Cehat Ramón Estalella, es "como encontramos a personas, que suelen tener detrás empresas, y que llevan varias decenas de apartamentos a la vez, lo cual lógicamente rompe con la idea de que se rentan las viviendas propias para cubrir gastos". En la propia web se indica: Oscar y Diego tienen 68 viviendas, Lina y Marina 50, tal y como puede verse en esta gráfica.

En Madrid, ciudad que no ha conseguido por el momento captar al público internacional de la misma manera que lo ha hecho la capital catalana, la situación no difiere demasiado. Aquí hasta el 62% de las viviendas se ofertan completas (no son habitaciones) y hay algunos usuarios que han montado auténticos emporios. Aquí el uso por parte de compañías es más obvio: Apartamentos Temporales tiene 81 viviendas ofertadas o Mad4Rent tiene 42.

"Claro que hay profesionales. El debate es por qué España no tiene un marco para no profesionales", dicen en Airbnb

Esta situación, sin ser específicamente ilegal, sí que contrasta con la filosofía de la plataforma, que se encuadra a sí misma dentro de la economía colaborativa. Desde Airbnb se insiste, no obstante, en que son todo lo transparentes que les permite la legislación y que están colaborando con las autoridades. "El debate no es si en nuestra plataforma hay o no profesionales porque claro que los hay ya que es el único marco legal posible. El debate es más por qué España no tiene un marco para los no profesionales, como sucede en Francia o en Amsterdam", dicen desde la empresa norteamericana.

A la derecha puede verse la lista con los usuarios que más viviendas tienen alquiladas en Barcelona. Se trata en su mayoría de empresas que utilizan la plataforma con fines lucrativos.

"Queremos que la gente que comparte su vivienda de forma esporádica esté amparada por un marco legal", aseguran, aunque puntualizan que el ingreso medio, de 5.100 euros al año, "no da para vivir". El 75% de los que alquilan en Barcelona lo hacen, según datos de la plataforma, por menos de 90 días. Precisamente hace un año el gobierno británico cambió su ley de alquileres, que databa de los años 70, para poner ese límite de 90 días como el máximo para separar una actividad que puede hacerse sin ningún tipo de permiso de una actividad considerada profesional. El ministro de Vivienda del gobierno de Londres, Brandon Lewis, se descolgó con estas declaraciones: "Eran leyes impracticables y obsoletas que datan de los días analógicos de la década de 1970. Anteriormente, los propietarios de Londres que buscasen ganar algo de dinero adicional y alquilar sus hogares solo se enfrentaban a burocracia y papeleo. Así que me alegro de que hayamos sido capaces de actualizar las leyes y adaptarnos a la era digital del siglo XXI. Cualquiera que desee alquilar su casa de Londres por un corto período de tiempo, ahora puede hacerlo sin tener que pagar por un permiso local". De esto se cumple ya un año. En España, mientras tanto, la regulación de cada territorio autonómico o local va por su cuenta ante la carestía de una ley nacional que unifique los criterios y que es demandada tanto por los nuevos operadores como por los tradicionales.


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