Empresas Del manantial al grifo: el agua de Barcelona acaba en el Supremo por la guerra Agbar-Acciona

El ciclo integral del agua de la segunda ciudad de España está en manos del Tribunal Supremo. La guerra judicial entre Agbar y Acciona por la gestión del servicio, tanto de los manantiales a los depósitos como de éstos a los grifos de los consumidores, terminará en el Alto Tribunal, que determinará quién debe prestarlo.

Algo más de tres años de conflicto judicial entre Agbar y Acciona van camino de concluir con el ciclo integral del agua de Barcelona judicializado. El Tribunal Supremo será el que determine qué compañía será la encargada de prestar los diferentes servicios para llevar el agua desde los manantiales a los grifos de los hogares barceloneses, en un escenario sin precedentes conocidos. Y el asunto podría aún complicarse más con la inestimable colaboración de los políticos.

Todo empezó con la polémica adjudicación de la gestión de la compañía pública Aguas del Ter-Llobregat (ATLL), a finales de 2012, por parte del gobierno regional que, por entonces, lideraba Artur Mas. Fue la mayor privatización de la historia de Cataluña, una operación valorada en torno a los 1.000 millones de euros que terminó llevándose el consorcio conformado por Acciona y la entidad financiera brasileña BTG Pactual.

La Generalitat se apuntó una cifra crucial para cuadrar su maltrecho balance para lo que precisaba cerrar la operación antes de que finalizara aquel ejercicio. Una vez más, las prisas no fueron buenas consejeras. Apenas unos días después, el recurso interpuesto contra el proceso de privatización por Agbar, que también aspiraba a adjudicarse la gestión de ATLL por un periodo de 50 años, ponía en marcha una batalla jurídica entre ambas empresas que aún hoy perdura.

El caso ha terminado en el Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronunciara sobre el fondo de la cuestión y sentenciara contra todo el proceso de privatización de ATLL, al entender vulnerados los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.

Acciona recurrió al Alto Tribunal, que estudia actualmente el caso. La postura de la compañía presidida por José Manuel Entrecanales siempre ha sido la misma a lo largo de este proceso: si finalmente el contrato le es revocado, reclamará a la Generalitat una indemnización consistente en los 300 millones de euros que desembolsó en el momento de la adjudicación más los costes de los más de tres años que lleva gestionando ATLL.

También el agua en baja

A la espera de la decisión del Supremo, Acciona prosigue con la operación del servicio, consistente en la denominada gestión del agua en alta, es decir, de los manantiales a los depósitos. La segunda parte del ciclo, la que va de los depósitos a los grifos de los ciudadanos, está precisamente en manos de Agbar, aunque también será el Supremo el que tenga que determinar si esta compañía puede seguir ocupándose de prestar este servicio.

Porque, en su día, diversas empresas, entre ellas Acciona, recurrieron también la adjudicación del contrato del agua en baja a Agbar, que se realizó directamente, a través de un proceso sin publicidad con el argumento de que esta compañía presta desde tiempos pretéritos el servicio.

Una vez más, el TSJC ha dado la razón a los recurrentes y ha decretado la anulación del proceso. Como en el caso de ATLL, Agbar también ha recurrido la decisión al Supremo y seguirá operando mientras no haya una sentencia firme.

Más de tres millones de personas quedan pendientes de que la Justicia establezca qué compañía debe darles un servicio tan esencial. Y mientras, el Parlamento catalán ha puesto en marcha un proceso para que la gestión de ATLL vuelva a manos públicas. Ha sido la primera divergencia en la Cámara entre los socios de Gobierno, Junts pel Sí y CUP. Los primeros eran partidarios de aguardar la respuesta de los tribunales pero el apoyo del PSC a la CUP ha posibilitado abrir una nueva derivada que estaría condicionada por la decisión final del Supremo.

El escenario es incierto. La Generalitat ha manifestado en numerosas ocasiones que su situación financiera le impide hacer frente a la indemnización solicitada por Acciona en el caso de que los tribunales terminen por arrebatarle el contrato.

Eso sí, las respuestas del Alto Tribunal aún tardarán en llegar. Las compañías mantienen las espadas en alto a la espera de novedades. Por el momento, el servicio se presta con normalidad y los usuarios no han detectado ningún tipo de problema. Otra historia será cuando los jueces se pronuncien.


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